Sumido en un proceso penal por supuestos vínculos con el crimen organizado, directamente con el cártel de Michoacán que dirige un viejo hombre apodado la Tuta, al hermano del gobernador de ese estado, el diputado federal Julio César Godoy Toscano, se le ve tranquilo frente a la prensa. La seguridad que muestra el legislador ante las cámaras se debe, quizás, a las constantes torpezas que ha cometido la Procuraduría General de la República (PGR) para integrar las averiguaciones previas, lo que ha traído como consecuencia que jueces federales liberen a los acusados. Ahora Godoy cree que puede correr la misma suerte.

Ante esa incapacidad de las autoridades federales para lograr, con pruebas suficientes, procesar y encarcelar a los alcaldes perredistas de Michoacán, todos acusados de vínculos con el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón se ha dado a la tarea de filtrar a la prensa parte de las evidencias que ha encontrado en sus investigaciones, como es el caso de la grabación de una conversación entre Godoy Toscano y el líder de la banda de Michoacán, en donde es clara la estrecha relación que mantenían, aunque ante tribunales las denuncias penales parecen débiles.

Con estas revelaciones del proceso penal por parte de la autoridad, la PGR viola la confidencialidad que debe guardar la investigación ministerial y comete otros delitos que atentan contra los derechos humanos del legislador, quien aunque logre quedar en libertad por la impericia legal de la PGR y sus violaciones al secretismo del proceso, la sociedad ya juzgó al diputado federal y, al igual que la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo ha encontrado culpable (aunque a estas alturas lo que menos le importa es su imagen).

Otra circunstancia extraña en lo que se ha llamado el michoacanazo, son los motivos reales de la dirigencia nacional del PRD, a cargo de Jesús Ortega, para exigirle a Godoy su renuncia a ese organismo político, pues de manera contraria actuó cuando se defendió el caso de Gregorio Sánchez, quien soñaba con convertirse en gobernador de Quintana Roo y terminó tras las rejas en un penal de máxima seguridad por acusaciones de vínculos con cárteles de las drogas y lavado de dinero.

¿Por qué el PRD defiende a Greg, quien aún en prisión sigue siendo perredista, y Godoy es abandonado a su suerte y obligado a renunciar a su militancia? Una razón es que pertenecen a tribus distintas, pero según la dirigencia perredista la renuncia de Godoy fue para evitar ensuciar más la imagen del partido.

El problema de fondo no es qué pasará con este diputado federal, sino la enorme lista que incluye perredistas, priistas, petistas y hasta panistas, y engrosa los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese órgano de la Secretaría de Hacienda que se ha convertido en una verdadera amenaza para políticos, funcionarios y legisladores con aspiraciones electorales y con abultadas cuentas bancarias cuyo origen parece difícil de comprobar.

Pero como dicen que en política todo se vale, aunque la UIF también ha integrado expedientes de panistas con dudosas operaciones financieras y presunto lavado de dinero, el gobierno de Felipe Calderón sólo le da curso a las acusaciones penales en contra de políticos de oposición, principalmente del PRD y muy pronto del Partido del Trabajo.

Cuando se trata de militantes panistas y algunos priistas, la UIF y la PGR tienen órdenes de no tocarlos y sus expedientes financieros sospechosos y relevantes son enviados simplemente al archivo muerto. Algunos casos cuyas investigaciones han concluido y otros en donde se avanza cautelosamente por la relevancia de los personajes los hemos comentado en esta columna y se trata de Patricio Patrón Laviada, Emilio Chuayffet, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, a quienes la UIF les abrió investigaciones y la PGR sólo espera instrucciones.

Mientras el gobierno calderonista avanza con esa campaña de desprestigio en contra de militantes opositores, las dirigencias de los partidos aceptan el uso político perverso de uno de los órganos de inteligencia más importante del país, conocido como la UIF, el cual se encarga de investigar los depósitos y retiros de las cuentas bancarias de políticos y sus familiares, transferencias a instituciones extranjeras, pago de seguros y compra de bienes muebles e inmuebles, en donde se han encontrado indicios de dinero injustificable.

Pero el plan calderonista va más allá y esos expedientes financieros contra miembros de la oposición serán utilizados conforme se agote el plazo hasta llegar al proceso electoral de 2012. Esta estrategia panista es una de tantas medidas desesperadas que gobierno y partido en el poder están dispuestos a correr con tal de mantener en Los Pinos, pues es evidente que la población ya tiene otros planes.

Así, los partidos políticos de oposición (PRD, PRI, PT y Convergencia) han caído en la trampa del gobierno por permitir que sólo sus militantes sean investigados –algunos de ellos por delitos graves como delincuencia organizada y lavado de dinero–, mientras que los panistas tienen vía libre para delinquir y son protegidos desde las estructuras gubernamentales.

Otra de las áreas fiscales que está alerta en las investigaciones de miembros de oposición es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige el jefe Alfredo Gutiérrez Cortina, quien ha ordenado auditorías a varios políticos que han sido señalados por la UIF como posibles lavadores de dinero.

El responsable directo de esas auditorías es Alberto Real Benítez, administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quien ha iniciado ejercicio de facultades para comprobar no sólo evasión fiscal de muchos políticos, sino sus posibles vínculos con el crimen organizado y el blanqueo de capitales en los circuitos financieros del país.

Sólo es cuestión de tiempo para que conozcamos nuevas denuncias penales en contra de militantes de oposición.

Expediente Clínico, un gran negocio

El próximo 4 de noviembre se conocerá el fallo de la licitación pública internacional a la que convocó el gobierno de Felipe Calderón y en la cual participan la Secretaría de Salud a cargo de José Ángel Córdova Villalobos y el IMSS que dirige Daniel Karam, para contratar los servicios de Tecnologías de la Información (TICs) dirigidos a la operación del Expediente Clínico Electrónico (ECC).

Se trata de un contrato por más de 140 millones de dólares que hace suspirar a las grandes firmas de TICs que operan en el país. En septiembre pasado, el gobierno de Felipe Calderón dio a conocer a través una Norma Oficial Mexicana (NOM), la 024-SSA3-2010, que establece las reglas y estándares que aplicarán para todas las soluciones tecnológicas que permitan la “comunicación” o interoperabilidad entre los diferentes sistemas de salud y de expediente clínico electrónico vigentes en el país. De hecho, en muchos gobiernos estatales se están realizando el mismo tipo licitaciones para contratar servicios.

La Secretaría de Salud busca, por lo tanto, que independientemente de que los sistemas para cada uno de los prestadores de servicios de salud sean diferentes, todos tengan el mismo lenguaje, garantizando en todo momento la confidencialidad y seguridad de la información contenida en los registros electrónicos en salud.

Con el ECC se busca disponer de forma inmediata de la información médica de los mexicanos al tener acceso al expediente en cualquier lugar del país, lo que permite dar seguimiento, en su caso, a pacientes que requieren de alta especialidad, garantizando la veracidad e integridad de la información, así como su seguridad y confidencialidad.

El objetivo es integrar información dispersa, así como apoyar el proceso de investigación médica que traería grandes beneficios al sector salud y a toda la población que acceda a los servicios médicos que proporciona el Estado.

La estructura de la norma está basada en el conjunto mínimo de datos que establece la NOM 168-SSA1-1993 del Expediente Clínico, la cual establece los criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo del Expediente Clínico, tomándolos como base para la elaboración del ECC.

Dicha norma no sólo pretende mejorar el cuidado y atención de los pacientes a través de la regulación de los Registros Electrónicos en Salud, sino también reducir tratamientos redundantes y prevenir errores médicos, pudiendo así impactar en el número de vidas salvadas dentro de las instituciones de salud pública y reduciendo los costos de atención médica en las mismas

La meta de la administración actual es que más del 70 por ciento de los pacientes de los sistemas de salud esté registrado en el ECC. Los riesgos, sin embargo, están a la vista y están encabezados por la confidencialidad con la que se manejen los datos de los mexicanos y que, bajo ninguna circunstancia, se utilicen en beneficio de particulares.

También existe el peligro de que se presenten compañías nacionales o extranjeras que de la nada asegurarán ser expertas en el tema y que busquen capitalizar este gran negocio. En Nuevo León y Puebla ya se documentan algunas malas experiencias que no deberían presentarse a nivel federal. Por ello, el resultado de esta licitación el próximo 4 de noviembre tendrá que observarse y vigilarse, pues todavía recordamos las múltiples irregularidades presentadas en los momentos de crisis públicas de salud, en donde la secretaría del ramo adquiere vacunas y hay dudas sobre su empleo y los pagos multimillonarios injustificables, pero de eso hablaremos en otro espacio por tratarse de un tema de enorme corrupción gubernamental, en donde estaría involucrados importantes servidores públicos vinculados a Los Pinos.

Puntos suspensivos…

Los políticos con aspiraciones presidenciales andan muy adelantados. La razón es que Felipe Calderón y su gabinete de papel han conducido al país a una crisis sin fondo y esto ha dejado un enorme vacío de autoridad y de poder. Así, a dos años de concluir su gestión, muchos mexicanos piden ya la renuncia de Calderón… Y mientras eso sucede, el ocupante de Los Pinos envió al Senado de la República una iniciativa para que la banca de desarrollo salga de la esfera de control y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, es decir que ya no podrá revisar las operaciones de la banda de segundo piso, por lo que se especula que tratándose de recursos públicos podría haber desviaciones de dinero hacia campañas políticas y es de considerar que sea un gobierno panista el que controle a dichas instituciones financieras… Por cierto, en Nacional Financiera hubo movimientos y el responsable del Órgano Interno de Control, dependiente de la SFP, fue retirado del cargo y esa posición le fue dada a una vecina de la familia Calderón, en su residencia de Las Águilas, Arlette Ruiz, quien es amiga de Margarita Zavala. El mérito de la nueva funcionaria es haber sido contralora en Conacyt.

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