Estos son tiempos de acuerdos, de negociaciones en lo oscurito, de sumisiones, de chantajes, de compromisos y de amenazas. Son tiempos electorales. Son tiempos de violencia. Y los medios de comunicación no quieren quedar al margen y buscan ser protagónicos. Sobre todo sus dueños, quienes buscan mejores acuerdos comerciales, mejores condiciones económicas para sí mismos, mejores posiciones en su relación con el poder político gubernamental.

Bajo el argumento de la violencia del crimen organizado en contra de periodistas; empresarios de los medios de comunicación, funcionarios, locutores, periodistas y asociaciones signaron la semana pasada un Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Pocas veces se ven estas alianzas unidas por los mismos intereses. Otros medios, los más críticos e independientes del gobierno, también se hicieron oír al ignorar simplemente dicho Acuerdo que tiene el tufo de ser promovido desde Los Pinos.

Después de la firma, de inmediato Felipe Calderón y su secretario de Gobernación, legisladores y políticos, principalmente del PAN y el PRI, manifestaron su beneplácito por el acuerdo firmado entre las cúpulas, los directivos y los conductores de noticiarios. Pero ¿quién consultó a los verdaderos reporteros?, los que investigan, los que se juegan el pellejo todos los días en la coberturas informativas, policiales o no, y que a diario salen a la calle en busca de la información que permanece oculta desde el poder.

En ese Acuerdo “a favor” de los periodistas, nadie habló de mejoras en las pésimas condiciones laborales de los reporteros, los bajos salarios, la falta de prestaciones sociales y los despidos injustificados cuando los medios enfrentan alguna crisis económica. Pero de esto nada hablan los dueños de los medios de comunicación ni el gobierno.

Vayamos al Acuerdo:

Se habló de profundizar el trabajo periodístico, investigar pues, cuando ésta es una regla fundamental para informar verazmente y no como sucede ahora, en donde la mayoría de los medios de comunicación firmantes se dedican a reproducir boletines y las versiones del gobierno y de los grupos económicos.

El hecho de que aparezca, firmando un acuerdo no significa que esos medios lo vayan a cumplir, sobre todo los electrónicos, siempre condescendientes al dinero y sumisos al poder, pues el periodismo de investigación lo que hace precisamente es descubrir los malos manejos del gobierno y su complicidad con defraudadores, extorsionadores, narcotraficantes, lavadores de dinero, chantajistas y corruptos.

El punto que más preocupa del Acuerdo es aquel referente a prohibir a los periodistas entrevistar a jefes del crimen organizado, del narcotráfico y de la mafias, bajo la premisa de “limitar los efectos propagandísticos del crimen organizado” y salvar la vida de los reporteros.

En la época de estudiantes, lo primero que se aprende en las escuelas de periodismo y después en las redacciones, es que el reportero debe buscar a todos los involucrados en un acontecimiento para darle un equilibrio a la información.

Es deber ético del reportero entrevistar a todas las partes involucradas en un conflicto, incluidos líderes o jefes del crimen organizado, y no como lo propone el gobierno, de que los medios de comunicación dejen de lado la cobertura informativa de lo que dicen o hacen los narcotraficantes. Imaginemos a otras profesiones u oficios que también tienen el secreto profesional, como abogados o curas, y que a éstos les prohíban defender a delincuentes o confesar mafiosos. Pues este Acuerdo pretende que el reportero deje de hablar con criminales.

Antes de firmar ese tipo de acuerdos, los firmantes deberían reconocer que es el propio gobierno federal y el mismo presidente de la República los que han hecho una verdadera apología del crimen organizado. Acaso ya olvidaron que fue Calderón quien elevó a nivel de “guerra” el combate a la delincuencia por parte del Estado mexicano. También fue el mismo Calderón quien declaraba ante medios internacionales que su vida y la de su familia corría peligro por amenazas de bandas del narcotráfico.

Sólo por citar algunos hechos y declaraciones que confirman que ha sido el gobierno federal y su terrible corrupción interna, lo que ha permitido el florecimiento del crimen organizado en este país, sin descontar la equivocada política de confrontación que ha aplicado el gobierno panista, sin atender los problemas de fondo como son educación, salud, alimentación y empleo.

Cuando esto se atienda, entonces los reporteros hablamos de firmar acuerdos para portarnos “bien”.

Los 25 fideicomisos más ricos del gobierno

En la administración pública federal, los fideicomisos se han convertido en sinónimo de opacidad y de malos manejos. A través de ellos, en muchos casos, se han privatizado recursos públicos para disponer libremente de su gasto, sin ofrecer cuentas a los contribuyentes. El caso de la compañía ISOSA, que administraba mediante un fideicomiso los recursos que se obtenían del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), es sólo uno de los ejemplos más escandalosos del mal uso dado a un instrumento fiduciario para esconder la gestión de dinero público.

Por ello, aunque durante la última década el gobierno federal sigue utilizando fideicomisos privados para administrar dinero público, al menos en número están descendiendo, según da cuenta un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El documento, no obstante, también confirma que aunque se administran menos fideicomisos el monto de los recursos custodiados sigue en aumento.

Al cierre de 2009, el gobierno federal tenía registrados 354 fideicomisos, mientras que al 31 de diciembre de 2010 se mantenían 369 actos jurídicos. Sin embargo, si se compara con 2007 se podrá confirmar la reducción de este tipo de instrumentos. La investigadora de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval reporta que hace tres años la administración pública operaba poco más de 589 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos, figuras mercantiles que manejaban recursos por 267 mil 74.9 millones de pesos, lo que representaba tres puntos porcentuales del Productor Interno Bruto, un poco más de lo que el PRI pretende captar con su Reforma Fiscal Integral, propuesta por el senador priista Manlio Fabio Beltrones.

Ahora, esa cifra, aunque con menos fideicomisos, asciende a 335 mil 989.2 millones de pesos, monto que se encuentra concentrado en un 85.6 por ciento (287 mil 446.3 millones de pesos) en sólo 25 fideicomisos.

Destaca, por el ejemplo, como uno de los mayores fideicomisos, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con 51 mil 76.3 millones de pesos y, por supuesto, el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, resabio de lo que fuera ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II. Dicho fideicomiso reporta 15 mil 590.5 millones de pesos.

La SHCP administra, por supuesto, los instrumentos jurídicos de esta naturaleza con los mayores recursos. Relacionado con las aduanas aparece, de la misma forma, el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, en el cual se administran fondos por 3 mil 620.6 millones de pesos.

En la clasificación de mayores fondos, también se encuentra el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México. En el rubro de pensiones, aún con escasa rendición de cuentas, está el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) que gestiona 25 mil 737.0 millones de pesos.

Destaca, sin embargo, la descapitalización de los fideicomisos más importantes con los que deberían contar las finanzas públicas del país para hacer frente a los compromisos actuariales en el segmento de fondos para el retiro. Así, mientras el Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural concentra recursos por 20 mil 465.5 millones de pesos y el Fideicomiso Plan de Pensiones de los Jubilados de Banobras tiene un patrimonio de 10 mil 396.1 millones de pesos, el Fondo laboral de Pemex (Folape) sólo tienen recursos por 3 mil 52.2 millones de pesos.

Más fideicomisos

Pero Hacienda no ha dejado de constituir fideicomisos. De enero a diciembre de 2010 se constituyeron o registraron 25 actos jurídicos y 10 se dieron de baja debido a la extinción o terminación de los contratos por las fechas de vigencia de los mismos y por actos jurídicos que finalizaron al cumplir sus fines. De los 369 actos jurídicos registrados al cuarto trimestre de 2010, 335 se encuentran en operación y 34 en proceso de extinción o terminación, por lo que su clave de registro se encuentra en proceso de baja.

Además, ha aplicado algunos cambios. A partir del ejercicio fiscal 2006, se reporta el registro de los programas sujetos a reglas de operación que se apoyan en actos jurídicos para entregar a sus beneficiarios los recursos presupuestarios federales con carácter de subsidio.

El registro específico de dichos programas sujetos a reglas de operación se presenta en un apartado especial, en el que se proporcionan los datos de las dependencias o entidades y las unidades responsables que los coordinan, su clave de registro y la denominación y el objeto del mismo. Un esfuerzo por incrementar la transparencia.

Sin embargo, al cuarto trimestre de 2010, sólo se tienen registrados catorce programas sujetos a reglas de operación y, como consecuencia de ese registro, de 2007 a 2009 se dieron de baja del sistema 248 actos jurídicos (28 fideicomisos estatales del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior –PRONABES-, 1 fideicomiso relacionado con el Programa Marcha Hacia el Sur, 1 mandato del Programa del Fondo Pyme, 1 fondo del Programa Proárbol, 121 fideicomisos estatales y privados del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad –Fonaes- y 96 fideicomisos de administración de vivienda
del Fovissste).

Entre los nuevos fideicomisos destacan dos fondos de inversión del FOCIR1 para el capital en Agronegocios (FICA LOGISTICS y FICA ACTIVA); un nuevo fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía; dos fondos sectoriales de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT); un mandato para el pago de compromisos del Pabellón Aeroespacial CFE-SCTASA de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; otro fideicomiso más de la SHCP para fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana que permita apoyar la reactivación económica otorgando apoyos económicos directos para el pago de obras de pavimentación (FOPAM); un mandato del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) con el objeto de constituir una reserva para posibles contingencias fiscales que pudieran derivarse de las ventas de acciones de Ocean Garden Products; un fideicomiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el programa de tecnologías educativas y de la información para maestros de educación básica; 10 fideicomisos estatales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para la infraestructura, el desarrollo y fomento del deporte en los estados (Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Durango, Estado de México, Baja California, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz).

En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también se ha iniciado un nuevo mandato para contribuir al fortalecimiento institucional de Haití y atender necesidades de población en virtud del terremoto del 12 de enero de 2010.