En la víspera de importantes procesos electorales, en la política mexicana siempre hay quien se encarga de hacer el ridículo y presentar espectáculos denigrantes de corrupción, abuso e injusticia.

Hace unas semanas ese papel lo hicieron el Ejército y Los Pinos con el caso Hank Rhon, ya divulgado en todos los medios. Y apenas la semana pasada, otros dos políticos, la maestra priista, panista y panalista Elba Esther Gordillo y su pupilo el veracruzano Miguel Ángel Yunes, se encargaron de darnos otra prueba de cinismo y desfachatez, sin descartar el ejemplo de corrupción que envuelve al sistema político mexicano.

En este nuevo circo político que apenas empieza, Gordillo y Yunes se acusaron verbalmente del desvío de cuantiosos recursos públicos y confirmaron su complicidad en acuerdos políticos sucios con la Presidencia de la República.

Primero, Gordillo acusó a Yunes de haber desviado 50 mil millones de pesos de las arcas públicas cuando fungió como director general de una de las instituciones más importantes en materia de salud de México, como es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y pidió a las autoridades federales investigarlo y abrirle un proceso penal.

Yunes respondió y acusó a Gordillo de exigirle desviar 20 millones de pesos mensuales de los fondos del ISSSTE, para financiar el Partido Nueva Alianza (Panal), fundado por la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Aquí además de fraude hay peculado, delitos electorales, abuso de poder, tráfico de influencias y mucho cinismo.

La inmundicia de estos dos políticos forjados en el sistema priista es vieja y muy conocida por muchos, y en los próximos días se esperan más acusaciones que sólo confirmarán cómo se ha ejercido el poder político en México desde el siglo pasado, en perjuicio de todos los mexicanos.

Con tales señalamientos, Felipe Calderón debería ordenarle a alguno de sus empleados en el gabinete, por ejemplo al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, que investiguen las cuentas personales de ambos políticos y las finanzas de las instituciones públicas en las cuales han estado involucrados. Seguramente se encontrarían con muchas sorpresas, pero a Calderón lo que menos le interesa es abrir un frente contra la maestra Elba Esther, quien según sus declaraciones, operó de todas las formas posibles para llevarlo a Los Pinos. Y eso, en política, no tiene precio, aunque ella misma se lo esté cobrando con cargos públicos para su yerno y otros empleados.

La inamovilidad del presidente de la República ante el balconeo que le hizo su amiga y aliada Elba Esther Gordillo obedece a nuevas presiones de la maestra para obtener más poder, más cargos públicos y más beneficios económicos. Calderón ha hecho uso de esa de vieja práctica de los políticos de agazaparse ante las críticas y dejarlas pasar hasta que se agoten, para después cínicamente levantarse como si nada hubiera pasado.

Calderón sabe que si Gordillo cuenta todo lo negociado, le daría la razón a las críticas de Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace más de cuatro años los ha señalado como la mafia del poder.

En el revire mediático de Yunes, el viejo político jarocho dio un indicio a la autoridad que podría ser una mina informativa para llamar a cuentas a la lideresa magisterial. El exdirector del ISSSTE advirtió que la profesora debe aclarar los manejos sobre sus cuentas personales y las del magisterio.

Una historia que narran los allegados a la maestra es aquella de cómo Gordillo le encargó a su entonces colaborador Tomás Ruiz, experto en cuentas públicas y destacado en el manejo financiero, revisar todas sus cuentas personales bancarias y los movimientos financieros en el extranjero, para asegurarse que toda la fortuna acumulada con fondos magisteriales estuviera bien ordenada, que no faltara algo y, sobre todo, que nadie pudiera reprocharle y mucho menos acusarla penalmente.

Para tal misión, le pidió a Tomás Ruiz que hablara con Francisco Yáñez, en ese entonces director general de la Lotería Nacional y uno de los beneficiados por la política de presión de Gordillo a Calderón, y le dijo que él le entregaría las cuentas bancarias y todos los movimientos financieros de la maestra.

Acostumbrado a obedecer, Tomás buscó diligentemente a Yáñez y le informó de la misión encomendada por su jefa Gordillo. El director de la Lotería le respondió que sí, pero nunca le dijo cuando. Conocedor del carácter de la maestra, Tomás volvió a solicitarle una y otra vez la información, pero la respuesta de Yáñez siempre fue la misma.

Pasaron semanas y Elba habló con Tomás para preguntarle cómo iba con su encargo. Con pena, Tomás se quejó de que Yáñez todavía no lo entregaba la información financiera, pese a que en tres ocasiones se la había solicitado. Enojada y con el control que acostumbra ejercer sobre sus subalternos, la lideresa le ordenó a Tomás volver a buscar a Yáñez y exigirle la información, bajo la amenaza de que se trataba de una orden directa de ella y nadie, pero nadie, cuestiona sus decisiones. Y si no, que le pregunten a Rafael Ochoa Guzmán.

Así lo hizo Tomás, pero esta vez le dijo a Francisco Yáñez que la maestra lo había regañado porque no había cumplido con lo ordenado, por lo que le suplicaba que le entregara los documentos para revisarlos y, como seguramente se trataba de muchas cuentas bancarias e información financiera, se llevaría varios días en ello.

Sereno, con la confianza que le daba mantener una relación estrecha con la maestra, Yáñez le dijo a Tomás que no se preocupara, que él hablaría con ella y que estuviera tranquilo, porque esa información nunca se la daría a él.

De inmediato Tomás buscó a Gordillo y le dio la respuesta. Días después, la maestra le dijo a Tomás que no se preocupara más, que ella y Yáñez revisarían las cuentas. El exdirector de la Lotería convenció a su jefa Gordillo de lo peligroso que era soltarle las cuentas personales bancarias a Tomás Ruiz, por lo que era mejor que él siguiera administrando su inmensa fortuna.

Privilegia Pemex a contratistas extranjeros

Las modificaciones a la Ley de Pemex dan mayor flexibilidad a los administradores de la paraestatal para firmar contratos, pero también para tomar muchas decisiones unilaterales en el diseño de las bases de licitación, lo que podría representar una grave amenaza para pequeñas y medianas empresas que, hasta ahora, habían sido proveedores de la compañía petrolera.

Los órganos de control de interno de la paraestatal petrolera, así como los llamados consejeros profesionales de Pemex, tendrán que estar muy atentos al desarrollo de las licitaciones por venir. Los riesgos son claros: que se diseñen contratos a la medida para ciertas compañías – nacionales o extranjeras – y que se deje fuera a actores que puedan aportar experiencia tecnológica. Éste es el caso del Instituto Mexicano del Petróleo que, aunque ha participado en la reconfiguración de refinerías de Pemex, su participación en los nuevos contratos para los servicios de tratamiento de agua podría estar en riesgo.

De hecho, será en los próximos meses cuando la Subdirección de Producción de Pemex Refinación a cargo de Bernardo de la Garza Hesles, decida entre unas cuantas compañías extranjeras y mexicanas la licitación pública internacional para asignar un contrato que podría superar los 250 millones de pesos para el tratamiento y proceso de agua en la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz. De la Garza Hesles busca de manera decidida que sea sólo un proveedor el que otorgue los servicios integrales y aunque el proceso de licitación parece dejar fuera al IMP, llama la atención que el funcionario tenga ahora como asesores a personal que colaboró en el IMP. ¿Se reconoce o no la experiencia del instituto?

El proceso de licitación se inició el pasado 16 de junio con una visita de las empresas interesadas a las instalaciones de la Refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz. El objetivo fue recorrer en unas cuantas horas y sin abandonar los vehículos, las plantas e instalaciones donde se aplicará el tratamiento químico integral de aguas residuales. Fue así como los interesados en el contrato tuvieron que diseñar su propuesta.

Evidentemente el IMP conoce las instalaciones, pero de lo que sí carece es de la enorme lista de garantías y condiciones financieras que se establecen en las bases de licitación y que podrían dejarlo fuera del proceso. La duda también se dirige a las compañías extranjeras que presentarán propuestas y que no conocen los procesos de la refinería pero que sí cuentan con grandes recursos financieros para presentar las mejores cotizaciones, lo que no siempre garantiza los mejores resultados ambientales en el manejo de aguas residuales.

Pero el contrato en Minatitlán – el primero de los siete que licitará la Subdirección de Bernardo de la Garza Hesles con un monto global de al menos 3 mil millones de pesos – ya registra interesados. Se encuentra, por ejemplo, la multinacional estadounidense Nalco, la cual tiene un contrato parecido en la refinería de Shell Park, en donde Pemex mantiene una asociación. También figura General Electric, que por muchos años ha estado fuera de los contratos para el tratamiento de agua con Pemex, así como Champion Clariant, entre otras.

Lo curioso del diseño de esta licitación es que durante los últimos años había sido el IMP el que se hizo cargo del tratamiento de aguas en estas instalaciones de Pemex Refinación, y ésta presumia de los avances en la reducción del uso de agua fresca de la paraestatal. ¿Por qué entonces no mantiene la participación del IMP y la derrama de recursos que venía realizando a las compañías de la región?

Aunque en la Ley de Pemex en su Artículo Séptimo establece la obligación de fortalecer a la soberanía e impulsar a la ingeniería mexicana, así como el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico, la primera licitación para el tratamiento de agua en la Refinería Lázaro Cárdenas estaría incumpliendo este mandato.

También resulta sintomático que el director de Pemex Refinación, el ingeniero Miguel Tame, se encuentre tan distante del proceso, pues al interior de la paraestatal confirman que, en muy pocas ocasiones, De la Garza Hesles toma acuerdos con su jefe. Así, el exfuncionario de PMI toma decisiones muy importantes con escasa comunicación con el responsable de esta unidad de Pemex. El diseño de la licitación, de esta forma, parece destacar el interés de la Subdirección de Pemex-Refinación de prescindir del IMP, el brazo científico y tecnológico de Pemex.

La primera junta de aclaraciones de esta licitación, de acuerdo con la convocatoria publicada por Pemex en el Diario Oficial de la Federación, fue el pasado 23 de junio y se prevé que la presentación y apertura de propuestas se dé el 4 de agosto. Así el plazo para la notificación del fallo está previsto entre el 22 y el 2 de septiembre, también en línea con el documento que contiene las bases de la licitación y que puede ser consultado en Internet en el sitio de Pemex. Lo más relevante, según consta en documentos publicados también en Internet, es que las preguntas abundaron y podrían obligar al IMP a establecer una alianza incómoda con alguna compañía extranjera que no tenga la experiencia pero que cumpla con el único requisito que parece importar en la Subdirección de Bernardo de la Garza: ser extranjera y tener garantías financieras.

De esta forma, el proveedor que gane el contrato “debe ofrecer las mejores condiciones técnico-económicas y el compromiso de trabajar por resultados comprobables y con las garantías aplicables que los respalden”. El contrato tendrá vigencia, según las bases de licitación, hasta el 31 de diciembre de 2012. Y el objetivo es reducir en un cinco por ciento el consumo de agua de repuesto para torres de enfriamiento en los primeros 8 meses del contrato y 10 por ciento a partir del noveno mes. Bernardo de la Garza Hesles es un personaje que al interior de Pemex debe hacer gala de transparencia en todas y cada una de sus acciones, sobre todo después de que, según el vice coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, es investigado por una Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indaga supuestos actos de corrupción en la asignación de contratos.

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