En Los Pinos ven con preocupación la gestión del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel. Al momento de que este funcionario ha iniciado una campaña de entrevistas en medios de comunicación para salvar su imagen y tratar de explicar la participación de la empresa petrolera mexicana en la española Repsol; en la Secretaría de la Función Pública (SFP) decidieron que era el momento de sancionar e inhabilitar a la directora general de PMI, María del Rocío Cárdenas Zubieta, brazo importantísimo de Pemex para comercializar productos petrolíferos en el exterior y filial responsable de dudosos movimientos financieros mediante la creación de empresas privadas en paraísos fiscales.
Fue el 23 de mayo pasado cuando anuncié en este espacio que la SFP investigaba a Cárdenas Zubieta por su irregular gestión al frente de PMI Comercio Internacional, la subsidiaria de Pemex que según el director general, Juan José Suárez Coppel, “se audita como si fuera una paraestatal”, pero que a la luz de los acontecimientos revela una costosa y tardía fiscalización.

Finalmente, el pasado 11 de octubre el titular de la SFP informó que esa dependencia había decidido inhabilitar y sancionar a cuatro directivos de PMI luego de que se confirmó un daño patrimonial de 1.75 millones de dólares a las finanzas de Pemex. La exdirectora Cárdenas Zubieta junto con sus colaboradoras vendieron gasolina barata a las trasnacionales Tarfigura y Gunvor, en perjuicio de los recursos de la nación. El perjuicio al erario ascendería a 24.3 millones de dólares, pero esa cantidad no toma en cuenta la pérdida al patrimonio de la nación.

Los funcionarios sancionados son además de Cárdenas Zubieta, el exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el exgerente comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk, así como el exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto.

Llama la atención, sin embargo, que entre los funcionarios sancionados otra vez no aparezca Bernardo De la Garza Hesles, actual subdirector de Pemex-Refinación, quien colaboró de manera muy cercana con Rocío Cárdenas y que también ha sido señalado por irregularidades en el manejo de los recursos de la paraestatal. En PMI, De la Garza Hesles fue director comercial de Petróleo Crudo y miembro del Consejo de Administración de Pemex Internacional España, según publicó la revista Contralínea en 2009.

Así que De la Garza Hesles no sólo tendría que explicar ante el Congreso cuál es la lógica comercial en el manejo del arbitraje petrolero y mediante el cual no sólo se pierde dinero en las operaciones comerciales, sino que se da paso a un mayor endeudamiento de Pemex y el plan estratégico – si es que lo hay – para dejar de importar gasolinas caras y vender petróleo barato, sobre todo ahora que se encuentra al frente de la operación de las refinerías de la paraestatal. De la Garza también tendría que explicar a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores – que ya lo ha llamado a comparecer – qué sucedió con Repsol y cuáles han sido los beneficios para la nación de las inversiones y presencia en la empresa española.

Además, hasta ahora la SFP no se ha pronunciado sobre la denuncia pública que se ha hecho en contra de De la Garza Hesles por el contrato que asignó a la empresa estadounidense KBC Advanced Technologies Inc. Fue el legislador del PAN, José Luis Ovando, quien denunció una serie de irregularidades en torno a este contrato. No ha pasado nada. De la Garza, revelan algunos trabajadores de Pemex, prefiere no firmar documentos y sólo lo hace en caso extremo. Las responsabilidades en todas las operaciones que dirige y autoriza las deja a los operativos y así consta en documentos de varias licitaciones de refinerías. Tal vez esa sea la clave de que, hasta el momento, su nombre no sea parte de una investigación seria de la SFP. Si ese fuera el caso, Función Pública también debería explicar cómo un funcionario de tan alto nivel puede actuar de esa manera.

Por ahora, es un avance la sanción e inhabilitación a Cárdenas Zubieta, así como la multa por 238 millones 942 mil 24 pesos. Sin embargo, es un hecho que, como ha sucedido en otros casos, la exdirectora de PMI ya cuenta con un ejército de abogados para hacer frente al proceso administrativo y no a la prisión. Cárdenas Zubieta fue directora Comercial de Refinación entre enero de 2008 y enero de 2009. Vega Casillas en la SFP sostiene que esta exfuncionaria omitió establecer y dirigir estrategias, así como actividades de comercialización en lo relativo a diversas operaciones comerciales de gasolina tipo cóquer.

Fue como directora comercial de Refinados, dice la SFP, que Cárdenas Zubieta suscribió indebidamente dos contratos y un convenio modificatorio celebrados con la empresa Trafigura, Ag., para la venta de gasolina cóquer con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comercial. Además, un amplio reportaje de Nancy Flores sobre este tema publicado en Contralínea, establece que la exdirectora omitió informar detalladamente al Comité Interno de PMI Trading Ltd, toda vez que no dio a conocer las pérdidas y ganancias reales de dicha operación.

Cárdenas Zubieta tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado. Tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado en diversas operaciones comerciales de venta de gasolina cóquer.

A pesar de las evidencias contundentes que hay en contra de quien fuera directora general de PMI, brazo comercial importantísimo en la estructura de operación de Pemex y responsable de las compras y ventas internacionales de crudo, así como encargada de dudosos movimientos financieros en empresas privadas creadas en paraísos fiscales, el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, sostiene que Cárdenas Zubieta no cometió delito alguno y lo que sucede es que en la Secretaría de la Función Pública no entienden el movimiento del mercado, en donde no hay precios fijos y todo se se rige por la orfeta y la demanda, de tal manera que los precios de ayer no son los mismos que los de hoy.

Consideró que se ha abusado de la fiscalización y en el caso de Pemex la Función Pública no sirve para advertir y prevenir posibles fallas administrativas, sino que todo lo quieren hacer penal y sancionar a funcionarios que sólo cumplen con su trabajo, como es el caso de Cárdenas Zubieta.

En la lista de sancionados están, además, César Elías Covarrubias Prieto, exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados de PMI (entre febrero y diciembre de 2009). A éste se le inhabilita por 10 años y lo multan con 85 millones 68 mil 654 pesos. Alberto Olimón Salgado, exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009), lo inhabilitan por 10 años y multa con 170 millones 683 mil 234 pesos. Y Alejandro Tello Winniczuk, exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009) y encargado del despacho de dicha Subdirección (entre febrero y diciembre de 2009), inhabilitado por 10 años y multa con 12 millones 35 mil 816 pesos.

Al interior de la paraestatal el escándalo es de tal magnitud que la gestión de Juan José Suárez Coppelse ve en riesgo: mientras PMI Comercio Internacional es la negociadora directa de la operación de compra de acciones de la trasnacional Repsol, las empresas “privadas” PMI Holdings, BV y PMI Holdings Petróleos España, SRL –propiedad de Pemex–, son las tenedoras de esas acciones

La sanción a la exfuncionaria pública quien, a principios de este año acudía a representar a México en Davos durante los trabajos del Foro Económico Mundial, se presenta en el marco del décimo incremento al precio de las gasolinas para millones de consumidores y contribuyentes mexicanos, mientras que el gobierno de Felipe Calderón destina más de 1 billón 500 mil pesos a la importación de gasolinas, pues la infraestructura de Pemex en el territorio nacional es incapaz de producir este energético para el consumo nacional.

En su edición de este 16 de octubre, Contralínea revela que el daño patrimonial derivado de las gestiones de Cárdenas y sus colaboradores en PMI no sólo involucra la pérdida en las transacciones de compra y venta de petróleo, sino sus repercusiones en el mercado mexicano. Para importar gasolinas entre 2007 y 2011, el gobierno mexicano ha destinado 1 billón 300 mil millones de pesos, lo que representa 11.5 veces la inversión total que requeriría Pemex para la refinería Bicentenario que se busca construir en Tula, Hidalgo, y de la cual sólo se ha avanzado en edificar la barda perimetral.

El verdadero daño patrimonial

Sin una refinería y sin transparencia en las actividades internacionales de Pemex, el próximo año México habrá comprado gasolinas por más de 22 mil 500 millones de dólares. Ese monto, sin embargo, no figurará entre los hechos por los que Rocío Cárdenas debería responder ante la autoridad por el enorme gasto de las finanzas públicasy, por supuesto, la oscura gestión de la petrolera que desde hace varios años cuenta con una nueva ley que sólo ha contribuido a dar mayor discrecionalidad en materia de compras, adquisiciones y licitaciones de obras públicas.

Durante los últimos seis meses, la revista Contralínea, a través de las investigaciones de su reportera Nancy Flores, confirmó que Cárdenas, al frente de PMI, había venido actuando de forma discrecional, no sólo en materia de descuentos aplicados a las operaciones de comercio internacional del crudo mexicano, sino en las licitaciones para otorgar contratos a consultorías. Otro de los casos que investigaba la SFP en contra de Rocío Cárdenas era el fraude por 13 millones de dólares en el que participó una de sus más cercanas colaboradoras.

Según el Órgano de Control Interno de PMI, Rocío Cárdenas habría estado involucrada en la contratación irregular de un estudio utilizado en la defensa de su subordinada y amiga Karen Miyasaki, acusada de defraudar por 13 millones de dólares a la filial de Pemex mediante operaciones con cargamentos de petróleo y beneficiándose del diferencial en el tipo de cambio.

A Miyasaki, exsubdirectora comercial de Destilados Intermedios, se le acusó de haber beneficiado a Max Beckett, su esposo, quien trabajaba para Blue Oil México. Sin embargo, en su momento, la empresa estadounidense aseguró que el señor Beckett no tenía relación con la empresa que suministra combustible de petróleo en las costas del Pacífico norte, centro y sur de América. La SFP confirmaría después la relación personal y de negocios. Además se indagaba si Cárdenas Zubieta encubrió a Miyasaki.

Mientras siguen las investigaciones y juicios en contra de funcionarios acusados de actos de corrupción y desvío de recursos públicos en la principal empresa del Estado, lo único cierto es que el gobierno de Felipe Calderón pasará a la historia no sólo como el promotor de la mayor violencia de que se tenga memoria en el país, con 60 mil muertos y desaparecidos en cinco años de gobierno, sino también como una de las aministraciones más corruptas, apenas similar a la del priista Carlos Salinas de Gortari.

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