Fue en 1995, en la antesala del despacho del entonces cacique y gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, cuando un empresario fue testigo de la reunión del general Arturo Acosta Chaparro con el mandatario de Guerrero. Aquel hombre de negocios escuchó, al salir el militar, una frase que lo estremeció: “Hay que detenerlos a como dé lugar”.

Horas después, en la Costa Grande de Guerrero, 17 campesinos indígenas eran asesinados en un vado de Aguas Blancas, masacre que manchó con sangre y enmarcó la represión que se endurecía en contra de movimientos sociales y campesinos.

En el municipio de Coyuca de Benítez quedó el testimonio de lo que fue la vida del militar y policía Acosta Chaparro, siempre a favor de los poderosos y represores, cómplice de gobernadores. Los 17 campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados por un comando que recibía órdenes directas de Acosta Chaparro. A los campesinos masacrados se les fotografió con pistolas en las manos y se difundía la versión de que estaban armados y habían disparados en contra de la policía.

En aquellos años el trabajo periodístico publicado en el diario El Financiero confirmó el involucramiento del temerario general Acosta Chaparro y su amigo y contratante el priista Rubén Figueroa hijo en la masacre de los indefensos campesinos. A su padre, también Rubén Figueroa, en la década de los setenta se le atribuyeron más de 500 asesinatos y su acompañante en esa persecución contra campesinos y guerrilleros también fue el mismo Acosta Chaparro.

El video de aquella matanza fue dado a conocer por el periodista Ricardo Rocha y después de eso el entonces gobernador guerrerense Rubén Figueroa tuvo que dejar el cargo ante las críticas y la presión social en los medios de comunicación.

Aquella masacre se sumó a la lista de crímenes en los que participó Acosta Chaparro, acusado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de ser uno de los militares más sanginarios de los últimos tiempos y quien asesinó a cientos de disidentes políticos durante aquel periodo conocido como la guerra sucia. Este general también fue acusado y encarcelado por tener vínculos con el narcotráfico, aunque después un trbunal militar lo exoneró.

Pero no fue sino hasta cuatro años después de la masacre de Aguas Blancas cuando Acosta Chaparro fue detenido y juzgado por un tribunal militar. El general de la guerra sucia, no obstante, sólo pasó unos cuantos años en prisión para luego ser exculpado y hasta reconocido por el mismo panista Felipe Calderón. Una historia de ignominia de priistas y panistas.

Ese mismo general asesino de luchadores sociales y políticos disidentes, Mario Arturo Acosta Chaparro, fue baleado éste 20 de abril en un taller mecánico de la colonia Anáhuac. Falleció minutos después en las instalaciones de la Cruz Roja del Distrito Federal.

La información periodística dice al respecto que al filo de las 19 horas, el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite fue baleado desde una motocicleta en movimiento, cuando circulaba en calles de la colonia Anáhuac, del Distrito Federal. No era la primera vez que, en un intento más por asesinarlo, una ráfaga de balas alcanzaban a Acosta Chaparro. El anterior había sido en 2010, en donde sólo quedó mal herido.

Acosta Chaparro fue uno de los militares de alto rango involucrados con la llamada guerra sucia, en la década de 1970, cuando era el principal responsable de gobiernos priistas en combatir a los grupos guerrilleros de esa época, como el Partido de los Pobres, comandado por el legendaro profesor normalista Lucio Cabañas Barrientos.

El 30 de agosto de 2000, Acosta Chaparro fue detenido junto con su colega y cómplice el general Francisco Quiroz Hermosillo bajo acusaciones de mantener vínculos con el narcotráfico, principalmente con el cártel de Juárez que dirigía Amado Carrillo Fuentes, apodado El Señor de los Cielos, por su afición a transportar drogas por vía área para introducirla a territorio de Esytados Unidos. La organización criminal es actualmente encabezada por Vicente Carrillo Fuentes.

A pesar de ser sentenciado a 15 años de cárcel en 2002 por un Consejo de Guerra Militar y encerrado en el Campo Militar Número 1, el general fue exonerado en 2007 por el Quinto Tribunal Colegiado.

Compañero de generación del actual secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en el Colegio Militar, Acosta Chaparro ya había sido herido de bala en mayo del 2010, también a bordo de su vehículo, en el Distrito Federal.

El 24 de mayo de 2010, publiqué en Oficio de papel que el militar retirado fue invitado por el gobierno federal para participar en un grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna. Acosta Chaparro se habría negado a esta invitación: éste le “pidió a su amigo Galván Galván le permitiera mejor trabajar en áreas de inteligencia de la Defensa. Desde ahí podría ‘limpiar al país’ de guerrilleros y narcotraficantes”.

Fundador de la Brigada Blanca, la cual estaba ligada a la Dirección Federal de Seguridad, el general fue acusado -junto con su cómplice Francisco Quiroz Hermosillo- por organizaciones de derechos humanos, como la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y la organización internacional Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio, de asesinar, desaparecer y torturar a guerrilleros, disidentes políticos, luchadores sociales y activistas; además de mujeres y niños.

Acosta Chaparro estaría involucrado en al menos la desaparición de 143 personas en la década de 1970, según un informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. También, la organización Human Rigths Watch informó que el general había sido entrenado en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, donde se especializó en métodos de tortura.

Finalmente, el portal de internet Wikileaks lo relacionaba con el supuesto delito de lavado de dinero: “El general controlaba, junto con su esposa Silvia, varios millones de dólares de una cuenta del banco suizo Julius Baer’s en Islas Caimán”.

Los operativos de Acosta Chaparro

Una investigación del reportero Zósimo Camacho publicada en Contralínea con el título “El retorno de los brujos”, revela que en el marco de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, la administración de Felipe Calderón Hinojosa habría reeditado estrategias empleadas por los gobiernos priistas durante la guerra sucia e incluso habría echado mano de personajes vinculados con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales, durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980.

Tal sería el caso de Mario Arturo Acosta Chaparro, involucrado en la desaparición de al menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y principios de la de 1980. El gegneral habría sido parte de una estratagema diseñada desde la Secretaría de Gobernación (Segob): la organización de comandos clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (corporación creada por el gobierno durante la guerra sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana).

La supuesta “diferencia” es que ahora buscarían administrar y posteriormente erradicar la violencia que impera en México, atribuida a la delincuencia organizada: en lo que va del sexenio calderonista, se han perpetrado más de 7 mil ejecuciones –en su mayoría de civiles–, aún sin esclarecer. Además, entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado al menos 23 desapariciones forzadas de activistas sociales o con móvil político, aunque la cifra de levantados con este perfil podría superar los 300.

Al igual que los escuadrones de la muerte, los comandos militares actuarían en la clandestinidad y tendrían autorización para cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los “narcotraficantes”. Su labor, por tanto, estaría al margen de la ley. Dichos comandos estarían operando en zonas específicas desde 2007, aunque no como parte de los operativos conjuntos acordados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Ello, pese a la denuncia hecha por defensores de los derechos humanos, respecto a que la “guerra” contra el narcotráfico es una simulación que tiene por objetivo acabar con el descontento social.

Uno de estos comandos llegó a operar en el sureste de México, bajo las órdenes del general Acosta Chaparro, quien fuera parte de la Brigada Blanca y que también fungió como director de los Servicios Especiales de la extinta Policía Judicial de Guerrero durante el sexenio del cacique gobernador Rubén Figueroa Figueroa.

Banco de México, incongruencia

Aunque el Banco de México es un organismo autónomo con una Junta de Gobierno que presume de tomar decisiones estratégicas para mejorar la política monetaria del país, la Auditoría Superior de la Federación realizó una evaluación sobre los controles internos que se aplican en el instituto central. El resultado fue un “dictamen limpio”. Sabemos, sin embargo, que el mérito no sólo es resultado de los economistas del banco central, sino de la labor que realiza la Dirección de Auditoría de esa entidad que, a diferencia de otras áreas de vigilancia, no sólo se ocupa del ejercicio de los recursos, sino del cumplimiento cualitativo de las funciones del organismo autónomo que encabeza el gordo Agustín Carstens, y que toma decisiones sumamente relevantes sobre la política monetaria.

La ASF, a cargo de Juan Manuel Portal, comprobó, por ejemplo, que las áreas encargadas de las operaciones de la política monetaria en Banxico han diseñado un sistema de control interno que ofrece una seguridad razonable para la ejecución de sus actividades. Los auditores de la ASF confirmaron que en el periodo 2005-2010 el índice de inflación fluctuó entre 3.6 por ciento y 5.3 por ciento, mostrando una tendencia a la baja en los años 2009 y 2010, aunque por arriba del límite superior del rango de variabilidad establecido de 4.0 por ciento.

El mayor nivel de inflación respecto de la meta objetivo de 3.0 por ciento fue resultado de los aumentos de los precios de las materias primas en el mercado internacional y de los precios internos de los energéticos, así como por el incremento de las tarifas de los servicios públicos, la entrada en vigor del IETU y el ajuste a la alza del IVA y del IEPS en algunos bienes y servicios.

Así, en opinión de la ASF, la Junta de Gobierno de Banxico cumplió razonablemente con su mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, la ASF y sus auditores tendrían que ocuparse de las incongruencias que es posible ubicar en la conducción del Banco de México y en sus políticas internas.

Resulta, por ejemplo, que para este 2012 el gobernador del Instituto Central, Agustín Carstens, tendrá un incremento de 6 por ciento en el monto de sus percepciones, mientras que la inflación estimada por el propio Banco de México es del 4 por ciento. Documentos del Banco de México aseguran que el incremento ha sido aprobado por la Junta de Gobierno del instituto, la cual es presidida por el mismo Carstens. Vaya cinismo en un país de extrema pobreza.

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