Jesús García-Luengos*/Centro de Colaboraciones Solidarias
Unos 3 mil 500 millones de personas viven en países ricos en recursos naturales. En el caso de África Subsahariana es una amplia mayoría de sus más de 900 millones de habitantes. Pese a la ingente riqueza de esta región, también son mayoría quienes viven por debajo del umbral de la pobreza. Los 12 últimos países del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo son subsaharianos, y nueve de ellos son ricos en recursos naturales.
Esta situación contrasta con el crecimiento económico de muchos de estos países durante la última década (con una media regional del 5 por ciento del producto interno bruto), gracias, en buena medida, al ciclo alcista de los minerales y el petróleo en los mercados internacionales, propiciado por la demanda de China y otras potencias emergentes. Durante los últimos años la competencia por los recursos naturales se ha intensificado; China ha desplegado una estrategia de gran calado, y se ha conformado un nuevo frente en África del Este a partir del descubrimiento de grandes volúmenes de gas y petróleo. Empresas y fondos financieros se proyectan hacia el África Subsahariana como un nuevo El Dorado.
Sin embargo, los países que han crecido más rápido gracias a los hidrocarburos y minerales tienen índices peores de reducción de pobreza que los que carecen de estos recursos, y el crecimiento del producto interno bruto ha ido acompañado de un aumento de las desigualdades sociales (la región cuenta con seis de los 10 países con mayores desigualdades del mundo). A modo de ejemplo, Sierra Leona y Chad siguen en los últimos puestos del IDH, pese a que su economía creció a una media de más del 8 por ciento entre 2000 y 2011. Los recursos naturales siguen desempeñando, además, un papel relevante en la activación y prolongación de diversos conflictos, como en el caso del Golfo de Guinea.
La principal explicación reside en el sistema de explotación de los recursos naturales, que beneficia exclusivamente a una minoría. Los actores centrales son las elites gobernantes africanas y las multinacionales extranjeras. Los paraísos fiscales desempeñan un papel clave. Ante los graves impactos sociales, sobre la salud y el medio ambiente, las protestas ciudadanas van en aumento.
Todas estas cuestiones están además vinculadas con múltiples dimensiones, como el cambio climático, la especulación en los mercados financieros y los intereses económicos y de seguridad energética. Las relaciones entre los lugares de explotación y los de consumo (y la dependencia de éstos, como los países europeos, de la importación de dichos recursos) son también determinantes.
Durante los últimos años se ha producido una auténtica eclosión de iniciativas orientadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la trazabilidad de los minerales procedentes de zonas en conflicto. Actores públicos y privados trabajan conjuntamente, como en el caso de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, y a nivel regional existen diversas iniciativas para orientar la gestión de dichos recursos hacia el desarrollo humano sostenible. Destacan también numerosas organizaciones internacionales que colaboran con los movimientos y asociaciones locales para el refuerzo de sus capacidades.
Muchos gobiernos africanos están modificando los códigos mineros con el fin de recaudar más impuestos e incorporar medidas de protección social y medioambiental. Los casos de buenas prácticas están aumentando. El ejemplo de Ghana con relación al petróleo es un referente que debería marcar el camino a otros países. Las normas vinculantes, como la aprobada en Estados Unidos y la futura Directiva de la Unión Europea sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, son también pasos importantes.
El gran reto consiste en abordar de forma coherente, y desde múltiples instancias, todas las claves que configuran la denominada “maldición de los recursos naturales”. De lo contrario, continuarán las dinámicas de explotación y expolio de las últimas décadas, privando a millones de personas de sus derechos más básicos.
*Cofundador del Centro de Investigación sobre Seguridad y Gobernanza Transnacional
Contralínea 380 / 6 al 12 de abril de 2014
