La democracia de esta Unión Europea cada vez es más un decorado, porque la voluntad ciudadana no cuenta; el demos, el pueblo, no pinta nada. ¿Cómo puede ser si ha habido elecciones al Parlamento Europeo, expresión de democracia? Elecciones, pero para elegir un Parlamento recortado, disminuido, con poco poder. Un Parlamento que, aunque elegirá al presidente de la Comisión Europea, por primera vez, legisla poco y controla menos. Legisla poco, porque ese poder en realidad es del Consejo de Ministros de la Unión Europea, un órgano ejecutivo. Y es un Parlamento que tampoco debate y aprueba el presupuesto, que sí lo hace el Consejo. Si sumamos que la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, hace y deshace con sus directivas y el Parlamento, de iure o de facto, no la controla, lo de la Unión Europea es una democracia de pizarrín.
Los diversos tratados que han conformado la Unión Europea son una arquitectura complicada y retorcida para parecer democrática. Pero la realidad es que la ciudadanía no puede decir nada. Las decisiones más importantes las toma un reducido grupo de políticos profesionales que manejan la Comisión y el Consejo.
Un claro exponente de ese vaciado democrático es la negociación del Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos. El Parlamento recién elegido ahí ni pincha ni corta. Como no lo hizo el Parlamento saliente. Porque ese Tratado lo negocian los políticos y cabilderos designados por los gobiernos de Estados Unidos y la Comisión Europea, y será firmado sin rendir cuentas a nadie.
Cuán sucio y antidemocrático es lo que ronda al Tratado lo muestra que el jefe del equipo negociador europeo, Ignacio García Bercero, aseguró en una carta a su homólogo estadunidense que la Comisión Europea bloquearía todo acceso de la ciudadanía al conocimiento de los documentos de las negociaciones o del desarrollo del Tratado, ahora y durante los próximos 30 años. ¡Viva la transparencia!
Lo dejó claro y cristalino Karel de Gucht, comisario de Comercio de la Unión Europea: las negociaciones del Tratado son confidenciales y el Parlamento Europeo no tiene nada que decir. El Tratado es cosa de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Y de las corporaciones trasnacionales que sí tienen presencia y voz en las negociaciones.
Desde 1995, las grandes empresas y corporaciones pretenden eliminar regulaciones, normas y controles políticos y económicos para actuar sin freno en busca de beneficios. Lo han logrado parcialmente con tratados bilaterales con distintos países, pero este Tratado es la culminación de la desregulación. Y de la transformación de la democracia en una parodia.
Ya sabemos qué han provocado tratados similares. En Colombia, un tratado con Estados Unidos arruinó y arruina a campesinos, mineros, camioneros; gremios productivos y cafeteros están en bancarrota por ese tratado. Otro caso es el de los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, que ha dejado casi 5 millones de empleos destruidos, 6 millones de personas obligadas a emigrar, una caída del producto interno bruto de agricultura y ganadería del 5 por ciento al 1.5 por ciento y ha forzado a México a convertirse en el tercer país importador de alimentos del mundo.
El fin principal del Tratado de Estados Unidos y la Unión Europea es eliminar barreras reguladoras que, dicen, limitan sus beneficios. Esas barreras son leyes, normas que asientan y defienden derechos sociales y protegen el medio ambiente. Son derechos laborales, normas de seguridad alimentaria, control del uso de sustancias químicas tóxicas, protección de la privacidad en internet y medidas para prevenir crisis financieras como la que sufrimos: leyes que protegen a la ciudadanía. Ésas son las legislaciones que se quieren cargar.
Además, el Tratado facilitará privatizar servicios públicos clave que pasarán a manos de corporaciones trasnacionales. Aunque lo peor acaso sea conceder a las grandes empresas la potestad de demandar a los gobiernos soberanos ante oscuros comités de arbitraje creados ad hoc para reclamar indemnizaciones multimillonarias por presuntas pérdidas de beneficios por decisiones gubernamentales. Son unos sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales esquiven las leyes de los países donde se instalan y para imponer por extorsión sus directrices políticas y económicas.
Si la ciudadanía europea no impide la firma de ese Tratado de Libre Comercio e Inversión perderá muchos derechos, la democracia se vaciará y gobernarán impune y gangsterilmente corporaciones y grandes empresas trasnacionales sólo para ganar ellos más y más.
*Periodista y escritor
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Contralínea 389 / 08 de Junio al 14 de Junio
