Gonzalo Fanjul*/Centro de Colaboraciones Solidarias
En la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que se reúne en Lima, Perú, tal vez veamos a un representante de Repsol (sentado en la silla del gobierno español). Al fin y al cabo, esta compañía y los intereses que representa se han convertido en el símbolo de la política energética española y de sus compromisos frente al calentamiento global.
En la mañana del 15 de noviembre, la Armada española intervino para impedir una protesta pacífica de Greenpeace junto al barco contratado por Repsol que ha iniciado las prospecciones petrolíferas en la costa de Canarias. Como muestra el video de la operación, las lanchas militares actuaron con una agresividad desproporcionada, golpeando las embarcaciones de la organización no gubernamental (ONG) y tirando al agua a tres activistas, una de las cuales permanecía todavía hospitalizada a la hora de escribir este artículo. Descartada la posibilidad de una disculpa, el Estado pasó al ataque: la abogacía del Estado estudia presentar una querella por piratería contra Greenpeace, mientras el Ministerio de Fomento ha retenido el barco Artic Sunrise a la espera de que la ONG presente un aval de 50 mil euros para hacer frente a una multa que podría ascender a 300 mil. La organización ha descrito estas acciones como la “nueva embestida” de las autoridades contra ellos.
Si tienen la impresión de que el gobierno español se ha convertido en el guardaespaldas físico y jurídico de una multinacional petrolera, tal vez es porque eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Los incidentes de Canarias fueron precedidos por una polémica que es mucho más que política. Las prospecciones petrolíferas se han autorizado sobre la base de estudios de impacto cuestionados por expertos nacionales e internacionales, cuyas conclusiones han sido entregadas hace pocos días al director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Karl Falkenberg. El empeño político del gobierno en este asunto refuerza un modelo energético que está en el origen del calentamiento global y que amenaza las obligaciones de nuestro país en materia de renovables. Con estos antecedentes, situar al exministro Arias Cañete en la comisaría europea de Energía y Cambio Climático es como proponer a Marine Le Pen para presidir el Movimiento Contra la Intolerancia.
España ofrece en este caso en forma de protección militar y jurídica el mismo tipo de apoyo que otros han ofrecido en forma de generosas ayudas económicas. De acuerdo con el informe publicado recientemente por el Overseas Development Institute y el Oil Change International, los países del G-20 apoyan las prospecciones de combustibles fósiles con una media de 71 mil millones de euros anuales, distribuidos en forma de acciones en compañías, créditos, subsidios y beneficios fiscales. Las ayudas a las grandes multinacionales del petróleo, el gas y el carbón –que responden a una política energética de corto plazo y a la puerta giratoria que caracteriza el baile de cargos públicos y privados– suponen arrinconar de hecho la inversión en energías limpias (que reciben ayudas por un valor ocho veces más pequeño) y convierte los compromisos sobre cambio climático en papel mojado.
Es posible que la peculiar interpretación del Ministerio de Defensa se imponga y Greenpeace sea procesada por un delito de piratería. Pero será difícil evitar la sensación de que los bucaneros están en otro lado. Y echando humo, además.
Gonzalo Fanjul*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Experto en desarrollo y director del blog 3.500 millones
TEXTOS RELACIONADOS:
Contralínea 415 / del 07 al 13 de Diciembre 2014
