El 28 de junio de 2010, Irinea Buendía Cortez vio por última vez con vida a Mariana Lima Buendía, su hija. El encuentro fue revelador. Luego de un año y medio de violencia doméstica –golpes, amenazas, ultrajes sexuales–, la muchacha de 29 años de edad, abogada de formación, había decidido replantear su vida. Trazarse un futuro apacible. Así se lo anunció a su mamá.

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Separarse de Julio César Hernández Ballinas, el policía ministerial del que se enamoró y con el que, posteriormente, contrajo matrimonio, resultaba inminente. Los pasos a seguir estaban claramente definidos por Mariana: compartir el plan con mamá; volver al hogar de casada para empacar las maletas; denunciar ante los tribunales los abusos de su pareja; iniciar los trámites del divorcio; retomar el ejercicio profesional.

Un día después todo se derrumbó. Marianita –como la llama Irinea– apareció muerta sobre el nicho que compartía con su verdugo, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Un suicidio por ahorcamiento, aseguró Julio César. El dicho del hombre bastó para que el hecho se consignara como tal en el expediente judicial.

La justicia mexiquense se tragaba, sin más, una versión que para nada convencía a Irinea. Ella tenía elementos para dudar. Al menos en dos ocasiones, Julio César había atentado contra la vida de Mariana: la vez que la tiró por las escaleras; el día en que le echó el carro encima. El mismo Julio César había dicho a Irinea que mataría a su hija y que después la arrojaría a la cisterna.

Irinea fue una de las primeras personas en ver el cuerpo inerte de Mariana. Las escenas de aquél día quedaron excluidas del expediente judicial, de las descripción de las primeras diligencias. Irinea, sin embargo, las conservó en la memoria: marcas de golpes sobre el cadáver de su hija, maletas hechas, cuchillos recargados en la pared del baño…

Aquél día inició la lucha de Irinea, originaria de Morelos, muy cerquita del lugar donde nació Emiliano Zapata. “¿Qué es lo que quieres?”, le preguntó en alguna ocasión un funcionario público con la expectativa de que la mujer, vendedora de zapatos por catálogo, cediera al ofrecimiento económico. Ella respondió sin titubeo: “Yo sólo quiero dos cosas: justicia y justicia”. Hoy, la respuesta de Irinea es la misma: “justicia y justicia”.

“Antes yo desconocía los derechos mínimos del ser humano; me veía yo ignorante en todos los aspectos en cuestión legal. Ahorita no soy un perito pero he comprado libros de criminalística para poder llegar a la conclusión de que mi hija no murió por asfixia de ahorcamiento. Murió por asfixia por estrangulamiento: Julio César la estranguló. Así, con esa seguridad, lo puedo decir porque los libros me han llevado a descubrir que eso fue lo que pasó. Mi hija no se ahorcó. Ese supuesto suicidio sólo fue una simulación del homicidio que Julio César perpetró”, comenta Irinea desde las oficinas de Católicas por el Derecho a Decidir, la asociación civil que ha acompañado cada paso de su lucha.

Irinea Buendía Cortez se encuentra a tan sólo unos pasos del máximo tribunal de justicia mexicano. Su tenacidad la llevó hasta ahí; su marcha incansable. Un maratón de casi cinco años por caminos estriados: calles empedradas; baches continuos.

Este 25 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en audiencia pública el amparo en revisión 554/2013, que alude al caso de Mariana Lima Buendía.

Se trata de un momento histórico para las víctimas de feminicidio en México ya que, por primera vez, la SCJN podrá pronunciarse sobre cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres.

A pesar de que los estándares internacionales abordan el tema, en México aún no existe jurisprudencia en la materia. Si bien, la SCJN atrajo con anterioridad un caso de feminicidio, en aquella ocasión sólo se pronunció respecto de la interpretación del tipo penal, comenta Rodolfo Domínguez Márquez, abogado de Irinea.

Hoy, los ministros mexicanos enfrentan el reto, la responsabilidad, de llevar los estándares internacionales a la norma interna: aterrizar en ella la sentencia “González y otras”, también conocida como Campo Algodonero, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dirigió en 2009, así como la Convención de Belem Do Pará. Ésta última ya ha sido interpretada pero no a la luz del fenómeno del feminicidio.

La sentencia de la SCJN impactaría a nivel individual y colectivo. En el caso Mariana Lima, abonaría en el tema de acceso a la justicia, en la medida en que el máximo tribunal ordene la reposición de la investigación desde la hipótesis de muerte violenta y probable feminicidio, y reconozca las omisiones, negligencias y posible corrupción en que incurrieron los operadores de procuración y administración de justicia que conocieron del caso: 20 ministerios públicos, tres fiscales y dos procuradores. En lo colectivo, acota Rodolfo Domínguez, representaría “un espaldarazo a la lucha de todas las víctimas de feminicidio y violencia feminicida en el país”.

El proyecto de atracción del amparo 554/2013 fue presentado en febrero de 2013 por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Siete meses después, la atracción fue aprobada al tratarse de un tema de interés y trascendencia.

“Mi hija no merecía morir de esa manera. Mi hija no murió de un dolor de estómago ni de un dolor de cabeza. A mi hija la asesinaron. Eso es lo que me ha impulsado a la lucha porque yo considero que es de sobrado derecho pedir lo justo. Y lo que yo he pedido y he llegado a exigir, considero que mi hija lo merece”, dice Irinea.