Lo que mató a Berta Cáceres en Honduras es una guerra. Se trata de una guerra de recolonización del pueblo indígena lenca. Con el asesinato de Berta no terminan ni la organización ni la resistencia
Daniela Pastrana, Ximena Natera/Inter Press Service/Pie de Página
La Esperanza, Honduras. La tierra donde vivió y murió Berta Cáceres es un mundo donde las palabras se llenan de significado: Esperanza. Utopía. Casa de Sanación. Son nombres que adquieren sentido en esta montaña del departamento de Intibucá, a 1 mil 700 metros sobre el nivel del mar, donde los lencas han puesto el cuerpo como escudo contra los proyectos hidroeléctricos en Honduras.
“Lo que vivimos es una recolonización institucional. Una guerra declarada al pueblo lenca disfrazada de desarrollo, pero es un desarrollo para privados y para el poder, y un genocidio para las comunidades indígenas”, dice Tomás Gómez, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh).
Copinh es la organización que fundó hace 23 años Berta Cáceres, líder indígena y reconocida defensora de los derechos humanos, que fue asesinada el 3 de marzo, en su casa, por unos sicarios que no han sido identificados y por motivos que no se han aclarado.
Su asesinato conmovió al mundo. Pero aquí, en Utopía, como se llama el centro de trabajo de Copinh, no hay lágrimas ni lamentos. Hay altares, memoria, y una convicción a prueba de todo, incluidos los siete asesinatos de activistas de la organización.
“No podemos quedarnos paralizados”, dice, imperturbable, Laura Zúñiga Cáceres, la tercera de los cuatro hijos de Berta y Salvador Zúñiga. La joven, de 23 años, tuvo que suspender sus estudios de obstetricia en otro país y regresar a esta tierra tras el asesinato de su madre. En estos días ha convertido en su hogar la Casa de Sanación de Mujeres.
“La casa es un sueño de Berta”, dice Marleny Reyes Castillo, otra dirigente de Copinh. La casa está concebida como un lugar donde las mujeres que sufren violencia puedan ser atendidas, curadas física y emocionalmente, y asesoradas jurídicamente.
Está a 10 minutos de la Utopía, en el centro de La Esperanza, un pueblo de casas con techos de teja, que parecen modelos de los dibujos de educación primaria. Es un pueblo donde no se escucha hablar de la violencia que hay en otras regiones del país por las guerras de maras o el crimen organizado.
Por eso, en este lugar nadie tiene duda de que a Berta la mataron por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica en la Presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, vital para la supervivencia de los lencas de Río Blanco.
El pueblo lenca se extiende por siete departamentos de Honduras. Además de la casa de sanación, y de Utopía, Copinh tiene en La Esperanza una radio comunitaria, La voz lenca, y otras cuatro en otras regiones de influencia.
Berta Cáceres había recibido el 2015 el Premio Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales. Su campaña contra Agua Zarca logró detener a la compañía estatal china Sinohydro, la constructora más grande de represas en el mundo.
Pero no era la única batalla de los pueblos originarios. A partir del golpe de Estado en 2009, ha habido una explosión de permisos para megaproyectos, sobre todo de los que generan provisión de energía para concesiones mineras.
“Solo Copinh ha enfrentado 50 hidroeléctricas. Más las mineras y las eólicas… La lucha apenas inicia”, repite Tomás Gómez.
El despojo institucional
El gobierno de Juan Orlando Hernández tiene una solución para los problemas de los indígenas de este país: que no existan, aseguran activistas.
Lo ha intentado desde que inició su gobierno, en enero de 2014, con la explosión de concesiones para megaproyectos. Pero aún antes, cuando era presidente del legislativo Congreso Nacional que aprobó la propuesta de crear Ciudades Modelo.
Es un esquema parecido al que impulsó en México el expresidente Ernesto Zedillo para crear polos urbanos de desarrollo que –según el plan– acabarían con la pobreza de los indígenas en comunidades más alejadas. Pero el programa fracasó porque los indígenas, arraigados a sus tierras, regresaron a ellas cuantas veces los reubicaron.
Las Ciudades Modelo fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Entonces, en lo que fue considerado un “golpe de Estado técnico”, Hernández destituyó a los magistrados de la sala constitucional (con el argumento de que no dictaminaron en tiempo). El único juez que no declaró inconstitucional la ley, y que no fue despachado por el entonces presidente del Congreso, fue Óscar Chinchilla, que después pasó a ser fiscal general del país.
La propuesta de las Ciudades Modelo se retomó en 2013, con la ley de Zonas de Empleo de Desarrollo Económico, que tiene alcances todavía mayores, pues permite crear zonas con autonomía financiera y policiaca. Es decir, da a los inversores la autonomía que los gobierno de la región le han negado a los pueblos originarios.
“Hay más de 23 zonas en proyecto. Si no ha llegado todo el capital que esperaban es por la inseguridad jurídica que hay en el país. Se necesita un poco de institucionalidad”, dice Ana Ortega, académica y feminista que preside la junta directiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Pero el principal problema del gobierno es la resistencia de los grupos indígenas y campesinos.
Según la organización Global Witness, en América Latina fueron registrados tres de cada cuatro asesinatos de ambientalistas ocurridos durante 2014. En el informe ¿Cuántos más?, Honduras puntea como el país más peligroso para ser defensor ambiental, con 111 asesinatos de activistas. De ellos, 80 tuvieron lugar en los últimos tres años en la región del Bajo Aguan, donde están las mejores tierras de cultivo del país.
Otros que pelean por sus tierras son los afrodescendientes del pueblo garífuna, asentados en la costa caribeña de Honduras y donde empresarios políticos y militares se han apropiado de las tierras para desarrollar complejos turísticos.
El caso más emblemático es el de los garinagus de la comunidad de Barra Vieja, que luchan en tribunales contra el despojo del complejo Indura Resort y que han sido desalojados tres veces y tres veces han regresado.
“Hay una criminalización a las comunidades. Los tambores lo ven como armas de guerra. Tenemos desplazamientos de comunidades enteras y hay una pérdida de territorio para crear bases militares con el pretexto de la guerra contra el narco”, dice Miriam Miranda, dirigente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante la parada que hace en La Ceiba la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, que busca abrir un debate sobre la política de drogas en la región y que el viernes 1 dejó el territorio hondureño para entrar a El Salvador.
La Caravana comenzó su andadura en Tegucigalpa el 28 de marzo y concluirá el 21 de abril en Nueva York.
“‘Oye compa venga a comer’, decía Berta, aunque no hubiera mucho, ‘de una tortilla comemos todos’”, cuenta Daniel Valladares, miembro de Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), una de las organizaciones sede de la Caravana en Honduras.
Karla Lara, cantante y activista feminista, dice que Berta lograba integrar muchas y diferentes causas y “hacía sentir cada lucha especial porque para ella eran especiales”.
Las luchas de los pueblos originarios en Honduras siempre han sido pacíficas, dice una periodista que conoció a la defensora en 1994, cuando los lencas iniciaron sus peregrinaciones a la capital.
Pero ser indígena, mujer y ambientalista es la peor combinación que puede haber en el Honduras postgolpe.
Daniela Pastrana, Ximena Natera/Inter Press Service/Pie de Página
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
Contralínea 485 / del 25 al 30 de Abril, 2016
