Las reafirmadas amenazas del presidente estadunidense Donald Trump de levantar su muro en la frontera con nuestro país y deportar a millones de connacionales, buscan ser canalizadas a su favor por nuestra temerosa y pasmada clase política, invocando a la unidad nacional y la defensa de la soberanía como instrumentos ideológicos para rehabilitar su desahuciada imagen y atemperar, de paso, el generalizado descontento social originado por los anunciados gasolinazos, dejando en el plano imaginario el impulso a una auténtica enmienda del rumbo económico, guiado desde hace tres décadas por el neoliberalismo, que tiene sumidos en la pobreza a 60 millones de mexicanos.
Voces de la parte oficial y partidos políticos llaman a la unidad y a la firma de acuerdos nacionales y, en una grotesca mascarada, se rasgan las vestiduras, dispuestos a “inmolarse” en aras de la patria, ocultando en su patrioterismo trasnochado los errores acumulados por décadas de programas económicos supeditados a los intereses de los organismos internacionales, donde los beneficios se han repartido entre una reducida clase política y empresarial, despojando al pueblo de sus riquezas y recursos naturales.
Los que ahora buscan por todos los medios ganar el apoyo de un pueblo al que nunca han consultado en la toma de trascendentes decisiones como la aprobación de las reformas estructurales, se guardan bien de llevar al debate nacional los orígenes de la incontrolable migración de mexicanos a los Estados Unidos, registrada en las últimas dos décadas y que de acuerdo con lo pactado en 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), tendría que decrecer.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, valga recordar, la propaganda oficial destacaba que con la puesta en marcha del acuerdo comercial, habría un indudable “crecimiento económico, se crearían millones de empleos y se reduciría la migración desde México”. En síntesis: deberíamos prepararnos a ser un país de “primer mundo”.
¿Por qué quienes ahora convocan a la unidad, la defensa del país y de los connacionales en riesgo de ser deportados, no rectificaron a tiempo lo que no funcionaba y siguen sin hacerlo?
Para poner en su sitio a estos rocambolescos “defensores” de la patria y del TLC, analicemos las siguientes cifras: mientras en 1995 el 24 por ciento de la población del país se dedicada a la agricultura, para 2010 sólo lo hacía un 13 por ciento. A la entrada en vigor del tratado había en Estados Unidos unos 2 millones 900 indocumentados de origen mexicano; para 2012, la cifra se había disparado a 12 millones 900 mil connacionales; esto es, que en dos décadas de operar el acuerdo comercial que debía generar más empleos en el agro y ofrecer mejores salarios a los campesinos, 10 millones de agricultores empobrecidos no tuvieron otra alternativa que huir del país para no morir de hambre. ¿Dónde quedaron las bondades del acuerdo?
Se calcula que tan sólo en la última década, un promedio de 400 mil personas emigraron al año a la unión americana, huyendo tanto de la extrema pobreza como de la violencia generada en sus lugares de origen por el crimen organizado. El diagnóstico de los magros resultados es irrefutable. Y peor todavía, la clase política neoliberal con la complicidad de los empresarios, insiste en defender un acuerdo comercial que sólo ha reportado estancamiento y pobreza al país, negándose a aceptar sus errores y operar un cambio en el modelo económico.
¿Creen acaso que con llamar a la unidad nacional y a la defensa de la soberanía se solucionará un problema acumulado en décadas de despojos a los recursos y riquezas nacionales, así como el abandono total al campo?
Habremos de preguntar a los expresidentes y exfuncionarios, así como a sus favorecidos empresarios nacionales y extranjeros, ¿dónde quedaron los millonarios recursos generados con la venta de más de 1 mil empresas públicas, tan rentables como Teléfonos de México, iniciada desde el sexenio de Miguel de la Madrid? ¿Qué acaso no pensaron en la defensa de nuestra soberanía nacional cuando aprobaron recientemente, de espadas al pueblo, las reformas estructurales entregando nuestro sector energético a firmas trasnacionales?
Parece una broma de mal gusto el anunciar a los mexicanos que están siendo expulsados de Estados Unidos, que en México van a tener infinidad de oportunidades, cuando es precisamente la carencia de las mismas lo que los obliga a emigrar a riesgo de su propia vida; hay 10 millones de jóvenes a la espera de una oportunidad laboral; de los 60 millones de pobres la inmensa mayoría subsiste en la informalidad y sin un empleo estable que les permita acceder a la seguridad social.
Como es fácil apreciar, los “patriotas neoliberales” ocultan además el hecho de que los efectos de la reeditada crisis, que se repite sexenio tras sexenio, se siguen trasladando a la mayoría de los mexicanos. Y vaya desfachatez: cuando se trata de defender a la nación, la convocatoria incluye a todos los mexicanos sin distinción de condición social, afiliación partidista o religión; pero cuando el asunto es repartir la riqueza nacional, el llamado se constriñe a la privilegiada clase política y empresarial. A unos cuantos que desde hace décadas la han saqueado.
Nuestra Constitución acaba de cumplir cien años y en este contexto de llamados a la unidad nacional y a la defensa de la soberanía, es el momento de que sea el pueblo, la sociedad misma, la que retome la lucha por su defensa para restablecer la legalidad y el estado de derecho; de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los dos tercios de las 229 reformas y 695 cambios realizados a 114 de los 136 artículos de nuestra Carta Magna de 1917, empezaron a ejecutarse a partir de 1982, con la llegada de los gobiernos neoliberales al poder. No es casual que estas reformas abrieron el camino a la desaparición y privatización de las empresas públicas y a la apertura del sector energético, ahora consumado con las reformas estructurales.
El pueblo nunca votó por estos cambios y retrocesos que aniquilaron el espíritu social de nuestra Constitución, que en su artículo 39 aún conserva la llave mágica que debe motivar a los mexicanos a su defensa y al cuestionamiento de quiénes, desde el poder, han llevado a la quiebra al país y a las mayorías a la pobreza extrema. El texto a recordar y reflexionar dice: “La soberanía nacional reside esencial y orgánicamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Al externar su descontento y marchar por las calles, los legítimos movimientos sociales emanados del pueblo, deben empezar a dar vuelta a esta llave, porque la unidad nacional y la soberanía son asuntos de su estricta competencia, no de una clase política oportunista que ahora trata de evadir su responsabilidad bajo la careta de su patrioterismo neoliberal.
Martín Esparza Flores
Contralínea 528 / del 26 de Febrero al 04 de Marzo 2017
