En México, 13 mil 500 personas entraron en contacto formal con la policía o el sistema de justicia penal en relación con delitos vinculados con las drogas, durante 2015, indica el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2016.
El documento, elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el país continúa su transición “del sistema tradicional de justicia penal inquisitivo a un sistema acusatorio”.
Por este motivo, la JIFE se espera que los cambios del sistema de justicia penal mexicano “aumenten la transparencia, intensifiquen los esfuerzos por proteger los derechos humanos y las libertades civiles, y reduzcan la corrupción en las causas penales”.
Para realizar este informe, el gobierno mexicano informó a la organización internacional que en enero de 2016, la Secretaría de Salud publicó los primeros resultados de las repercusiones de la nueva estrategia nacional de aumentar el acceso a las sustancias sometidas a fiscalización con fines de tratamiento del dolor y de cuidados paliativos.
Esta estrategia tiene por objeto facilitar la dispensación, la prescripción y la administración de preparados farmacéuticos que contienen opiáceos.
Según los resultados publicados, “la gama de recetas diferentes aumentó de 24 a 8 mil entre junio de 2015 y enero de 2016. Tras la introducción de una plataforma electrónica para facilitar su expedición, el número de prescriptores registrados aumentó de 232 a 1 mil 706 durante ese período”.
Érika Ramírez
