Lourdes Mejía, madre del estudiante y activista Carlos Sinhué Cuevas Mejía, se mantiene en plantón desde la tarde del 1 de marzo a las puertas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Busca una cita con la presidenta del organismo público, Perla Gómez Gallardo, para conocer los avances en la investigación acerca del asesinato de su hijo, ocurrido en Tlalpan en 2011.
La señora Mejía, apoyada por integrantes de colectivos y organizaciones sociales, instaló un plantón “de manera indefinida” desde la tarde de ayer, hasta que el organismo defensor de derechos humanos le dé una respuesta. A más de 24 horas de haber solicitado que le entreguen “por escrito fecha y hora de la reunión, pues no tiene que ser ahorita”, nadie de la Comisión se ha acercado a responder a la pregunta directa de si será atendida algún día por la abogada Gómez Gallardo.
A la solicitud de información ingresada por Contralínea por medio de la oficina de Comunicación Social de la CHDF, la oficina respondió –mediante un escrito– que “reitera” a los manifestantes “que sigue ofreciendo atenderles tal y como se venía realizando desde hace tiempo”. Es decir, con la Primera Visitadora Yolanda Ramírez Hernández y no con la presidenta Perla Gómez.
Lourdes Mejía y el abogado Guillermo Naranjo advirtieron que no deseaban reunirse con quien “ha exhortado a la víctima a conciliar con la Procuraduría [General de Justicia de la ciudad] y con quien les ha amenazado con cerrar el expediente que la Comisión lleva a cabo.
Naranjo informa que la CDHDF comenzó la investigación en torno al asesinato de Carlos Sinhué ante las irregularidades cometidas por la Procuraduría: pérdida de evidencias (entre ellas la grabación en video del ataque mortal al estudiante y activista), intento de criminalizar a la víctima y negativa a investigar las actividades políticas de Carlos como probable origen de las amenazas en su contra.
La CDHDF comenzó a trabajar en una recomendación a la Procuraduría por estas irregularidades. En el documento incluso se recomendaría la integración de una comisión especial con participación de expertos en derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Pero “15 días antes de que se emitiera se cambió a la visitadora” y la nueva, Yolanda Ramírez, les informó que ella no veía violación alguna a los derechos humanos y que la madre de la víctima debería “conciliar” con las autoridades. Naranjo pone en duda el compromiso de la administración de Perla Gómez con la defensa de los derechos humanos. “A quién están protegiendo”, pregunta.
