De cómo se fabrican culpables en México
Rafael Martínez Cortés fue detenido el 6 de junio de 2014 a las 8:20 horas, cerca de la estación Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, mientras esperaba a un hombre que dijo estar interesado en adquirir el automóvil particular que él conducía.
Hasta el lugar llegó una camioneta blanca de la que descendió un hombre que portaba una pistola. El hombre se acercó a Rafael, lo golpeó en el hombro y lo obligó a bajar del auto. Minutos después, de la camioneta descendieron ocho personas quienes, sin identificarse, empezaron a golpearlo a la vista de los comerciantes y transeúntes.
Martínez fue presentado ante el Ministerio Público el 7 de junio de 2014, aproximadamente a las 13:00 horas, acusado del delito de secuestro. Con él llegaron otros tres sujetos, todos con golpes y heridas visibles en el cuerpo.
Los agentes de la Policía de Investigación que los detuvieron –Marco Antonio Caledonio González, Martín Ángeles Ochoa e Israel Martínez Bermúdez– explicaron que los sospechosos se habían opuesto al arresto, por lo que se vieron obligados a someterlos mediante el uso de la fuerza.
Asimismo, entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ) un parte informativo que contenía la declaración firmada de los sospechosos, en la que aceptaban expresamente dedicarse al secuestro y haber privado de la vida a Ángel Hernández Islas, un comerciante que meses atrás había sido retenido y asesinado por sus captores. Esto quedó asentado en la carpeta de investigación FAS/T3/00542/14-05.
Rafael Martínez Cortés relató que tras su detención fue llevado a una bodega donde lo interrogaron y lo sometieron a fuertes golpizas, intimidaciones y amenazas. Después, fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía Especial para la Atención del Delito de Secuestro (FAS).
“Llegamos la FAS después de 7 horas de mi detención. Me metieron a un cuarto y me hincaron; seguía esposado. Se subían arriba de mis pantorrillas brincando, me levantaban los bazos hacia atrás y me preguntaban que “qué hacíamos en Observatorio”. Les dije que yo vivía a unas calles de ahí. Me golpeaban y decían que no era cierto, que yo era de Martín Carrera. Uno de ellos me jaló del brazo izquierdo para aventarme hacia el suelo y me zafó mi hombro. Empecé a gritar y como vieron que el dolor del hombro era insoportable, me jalaban más. Luego me acercaron adonde se oía que alguien estaba escribiendo. Me dieron unas hojas a firmar y cuando quise leerlas, Macedonio me golpeó y me dijo que si no firmaba, me mataría, y las firmé sin saber su contenido. Nadie me asistió, ni un abogado ni mi familia porque no me dejaron hacer llamadas. Pasé a la cámara de gesell y decían que diera mi nombre y mi dirección; yo decía mi nombre y al empezar a dar mi dirección, le gritaban a los policías: ¡ya sácalo a chingar a su madre! Fueron como 20 veces”.
El testimonio de Rafael fue confirmado por Israel Luna Cruz, perito sicólogo del Tribunal Superior de Justicia, tras realizar el análisis sicológico correspondiente. De acuerdo con el dictamen, Rafael Martínez Cortés presentaba signos de haber sido sometido a técnicas de tortura y emitió una recomendación para investigar los hechos.
Pese a esto, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal decidió seguir con el proceso y presentar a los presuntos implicados ante los familiares de Ángel Hernández Islas para que fueran identificados; esto sin la presencia de los abogados defensores y sin respetar los procedimientos que marca el Código Penal.
Durante la identificación, los familiares de Ángel Hernández Islas aseguraron no conocer a Rafael e incluso afirmaron no haberlo visto antes por su colonia. Sin importar lo anterior, el 8 de junio de 2014, el representante social resolvió ejercer acción penal contra Rafael Martínez Cortés por el delito de secuestro agravado y trasladarlo al Reclusorio Penal Varonil Norte.
Al ingresar, Rafael conoce a César Bravo Mejía, el Chícharo, con quien había quedado en Observatorio para la venta del auto. Bravo Mejía le informa que él y sus compañeros Luis Alberto Trejo Blancas y David Juárez Illescas habían sido acusados de secuestro, pero no sabía por qué Rafael estaba detenido con ellos.
Puesto que nunca se tomaron en cuenta ni los testimonios ni las pruebas presentadas por la defensa de Rafael, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos presentó el pasado 17 de abril de 2017 el recurso legal Amicus Curiae (amigo de la Corte), con el que busca aportar nuevos elementos al caso y exigir que se retomen los recursos desestimados por el Tribunal Superior de Justicia.
El Amicus Curiae apela al principio pro homine o pro persona, que forma parte de nuestra Carta Magna y cuya aplicación es obligatoria para garantizar los derechos humanos.
El citado recurso se suma a la petición pública iniciada en la plataforma Change.org el pasado mes de marzo, misma que hasta el momento ha conseguido la firma de más de 5 mil personas.
Campaña Tortura Nunca Más, Ni un Presunto Culpable Más.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Demandan libertad para preso que ha cumplido su condena
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; gobernador de Morelos, Graco Ramírez; presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López Badillo; presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Angélica de la Peña Gómez; procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade; secretario de Seguridad Pública de Morelos, Lassé Cañas Omar Darío; procurador General de Justicia de Morelos, José Luis Urióstegui Salgado; coordinador Estatal de Reinserción Social de Morelos, Lucío Hernández Gutiérrez; presidente Municipal de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega; presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; presidente de la Junta de Coordinación política dela Cámara de Senadores, Emilio Gamboa Patrón; presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri; presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Reyna Omeheira López; secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao; representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab:
Las organizaciones pertenecientes a Alerta Temprana Red manifestamos preocupación y solicitamos su respuesta inmediata ante el retraso que ha sufrido el proceso de liberación de Efraín Aguilar Arias, preso del penal de Atlacholoaya, que el pasado 9 de abril de 2017 cumplió su sentencia por el delito de secuestro.
El 9 de abril de 1997, Efraín Aguilar Arias fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de secuestro e ingresado al penal de Atlacholoya, Morelos. Sin embargo, pese a que ha cumplido íntegramente con el tiempo de su condena y a que ha notificado de ello a las autoridades correspondientes, aún se encuentra privado de su libertad.
Ante la nula respuesta de las autoridades del Penal de Atlacholoaya, Efraín Aguilar Arias envío un escrito al coordinador Estatal de Reinserción Social de Morelos, Lucio Hernández Gutiérrez, para exponer su caso y solicitar, con fundamento en el Artículo 8 Constitucional, su inmediata liberación.
En el mismo, el sentenciado explicó:
“El 9 de abril de 1997 ingresé a prisión acusado del delito de secuestro, por el cual fui sentenciado a 20 años de prisión, los cuales cumplí el mes y año en curso. Pero resulta que ya transcurrieron ocho días y aún permanezco en reclusión. Esto me hace suponer que las autoridades penitenciarias no tienen la más mínima idea de la petición que hicimos el pasado 30 de marzo del año que transcurre. Por ello, solicito que se revise mi situación jurídica y se den cuenta que me encuentro privado de mi libertad de manera ilegal.”
Por este motivo, las organizaciones que conformamos la Red De Alerta Temprana solicitamos al Estado Mexicano, a sus autoridades judiciales y penales, así como a los organismos internacionales, que realicen las acciones necesarias para que:
* Se otorgue la inmediata libertad a Efraín Aguilar Arias, pues su permanencia en el penal representa una violación grave a sus derechos humanos y al Artículo 8 de la Constitución.
* Se proporcione la asistencia necesaria para que Efraín Aguilar pueda retornar a su lugar de origen.
* Se respete el derecho de las personas sentenciadas a reinsertarse de manera óptima en la sociedad y a recuperar su proyecto de vida.
* Se evite la sobrepoblación en los penales y los gastos innecesarios de recursos federales, estatales y municipales que mantener inocentes presos representa.
Atentamente,
Red de Alerta Temprana: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Observatorio Nacional de Prisiones México, Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México Alzando Voces, Comité de Defensa de Derechos Humanos Cholollan, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos Zihuame
“No pagamos impuestos para que se discrimine a la mujer”
En ocasión de la declaración anual de impuestos de las personas físicas, hacemos una demanda de justicia elemental: que los impuestos que pagamos millones de ciudadanas y ciudadanos se usen para alcanzar igualdad de género en cargos de dirección, licitaciones, contrataciones, salarios y beneficios laborales de instituciones, dependencias y organismos públicos cuyo presupuesto total o básico proviene de las/os contribuyentes.
No pagamos impuestos para que se discrimine a la mujer, como sucede actualmente en los tres niveles de gobierno, en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en universidades públicas, partidos políticos y organismos públicos independientes.
Ejemplos de tal discriminación:
Únicamente tres de las 18 secretarías del gobierno federal están encabezadas por mujeres. Comparable desigualdad de género se observa en las subsecretarías, unidades y direcciones generales, no obstante haber mujeres con las cualidades y aptitudes requeridas para dirigir tales dependencias.
De los 32 estados que conforman la República –Ciudad de México incluida–, sólo uno, Sonora, es gobernado por una mujer. En presidencias municipales la participación de la mujer es minúscula.
Hay así mismo pocas mujeres en las presidencias de los partidos políticos, al igual que en los puestos de dirección de organismos públicos independientes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, o bien, de instituciones de enseñanza e investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.
Tenemos leyes sobre no discriminación a la mujer e igualdad de género, así como documentos de la Organización de las Naciones Unidas al respecto ratificados por México. En consecuencia, y con el propósito de que pongan el ejemplo, pedimos:
Al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez; al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello; a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis; al presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés; al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera, y a la directora de Canal Once, Jimena Saldaña Gutiérrez, que con fundamento en tales leyes y documentos adopten este año en sus respectivos campos de gobierno y en las dependencias e instituciones que dirigen, un código de no discriminación a la mujer y de igualdad de género en los puestos de dirección, licitaciones, contrataciones, salarios y beneficios laborales.
Atentamente,
Yolanda de Garay Castro, Leticia García Oseguera, Leticia Llamas de la Torre, Primitivo Rodríguez Oceguera
[NUESTROS LECTORES]
Contralínea 536 / del 24 al 30 de Abril 2017
