A 10 años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ese grupo guerrillero señala que el terrorismo de Estado en México va en ascenso.

Ello se evidencia con “los múltiples actos de represión y los cientos de miles de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas a lo largo y ancho de todo el país”.

A través de un comunicado, el EPR indica que a pesar de las múltiples evidencias  que confirman que la detención-desaparición forzada de sus dos milicianos fue perpetrada por agentes del Estado, el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, Oaxaca, el “crimen de lesa humanidad” continua impune.

Para el grupo guerrillero, la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez no es un hecho aislado: “es el proceder y práctica de los cuerpos represivos; la cúpula militar, aparte de ser responsable, es mentirosa y criminal”.

En su comunicación, el EPR indica que, aunque son cientos de miles las víctimas del terrorismo de Estado, “los propósitos de tal política criminal no se han consumado: la protesta popular en la exigencia de la presentación de sus seres queridos no cesa, resuena por doquier”.

En el caso de los eperristas desaparecidos, refiere que no sólo son 10 años de impunidad, sino además de ocultamiento institucional del crimen y de obstrucción de la justicia, “para evitar que se desenmascare a los responsables de este crimen de lesa humanidad”.

Para el EPR, “los responsables directos son Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, jefe supremo de las Fuerzas Armadas de 2006 a 2012; entonces Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca y jefe de los grupos policiacos y parapoliciacos que operaron bajo su mandato, así como todos aquellos quienes personificaron la cadena de mando de las diferentes estructuras policíacas y militares”.

Además, indica que “el actual Ejecutivo federal es copartícipe de este crimen por continuar la política dilatoria y burocrática con la que se garantiza impunidad a los responsables materiales e intelectuales; por seguir instrumentando medidas dictatoriales que se proponen anular resoluciones de instancias de procuración de justicia y revictimizar a los familiares de los desaparecidos, lo cual comprueba una vez más que en México la desaparición forzada por motivos políticos o sociales es política de Estado que se aplica de manera transexenal”.

El grupo guerrillero reitera su exigencia de presentación con vida y en libertad de sus camaradas Cruz Sánchez y Reyes Amaya; así como juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la detención-desaparición forzada.

“Si la justicia es negada por las instituciones burguesas, el pueblo y sus organizaciones tienen el inalienable derecho de procurarla y ejercerla por todos los medios y formas que él disponga, porque crímenes como estos atentan contra la humanidad”, refiere el EPR.

Agrega: “No olvidamos ni cejamos en nuestra exigencia y motivos de lucha, desde la trinchera de la lucha armada revolucionaria el PDPR-EPR seguiremos [sic] desplegando iniciativa y fuerzas por la presentación con vida y en libertad de nuestros camaradas, por todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, por las causas populares, la emancipación total de los oprimidos y explotados para garantizar el futuro de la humanidad con el socialismo”.

Nancy Flores