En política exterior, probablemente el mayor cambio que ha impulsado el nuevo gobierno colombiano. Más soberanía e independencia; pero también justicia social y paz. El reto, una de las oligarquías más pedestres del Continente que ya ensaya maneras de bloquear al nuevo gobierno

Bogotá, Colombia. El 7 de agosto, ante más de 100 mil personas, Gustavo Petro y Francia Márquez asumieron el cargo de presidente y vicepresidenta de Colombia, respectivamente, sobre el compromiso de un cambio para el país y una semana después las promesas son un hecho.

Tal como prometieron, desde el primer día de trabajo gubernamental comenzaron los cambios en esta nueva etapa de la historia de Colombia.

En menos de una semana, las nuevas autoridades pusieron en práctica una agenda internacional que, sin dudas, genera la confianza del pueblo.

Petro nombró a Amando Benedetti como su embajador en Venezuela, luego de la designación de Félix Plasencia, por Nicolás Maduro, como jefe de la diplomacia de Caracas en Bogotá, la frontera común abrió y comenzó el tráfico de personas, uno de los hechos más esperados ante los históricos lazos de hermandad de estos dos países.

El nuevo gobernante dijo que Benedetti tendrá la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países y también de restablecer la institucionalidad que existía décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar libertades, y lograr que entre Colombia y Venezuela puedan construir riquezas para ambos pueblos.

Asimismo, el gobierno de Colombia reafirmó la vigencia del Comunicado Conjunto suscrito con la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1985, cuando establecieron relaciones diplomáticas.

Dichos vínculos estaban “congelados” desde el año 2000 por decisión del gobierno colombiano, pero las nuevas autoridades, encabezadas por el presidente Petro, los reactivaron en virtud del citado comunicado.

De igual forma la senadora Gloria Flórez, de la comisión del Congreso que atiende asuntos internacionales, tuvo un encuentro con el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, a quien le reiteró solidaridad con su pueblo, el reconocimiento de la autonomía y la necesidad de consolidar una agenda en beneficio de los dos países.

En el seno del Congreso, más de 70 legisladores de todas las bancadas renovaron, con la presencia del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, el embajador de La Habana en Bogotá, Javier Caamaño, y autoridades de la cancillería de la isla, el nuevo Grupo de Amistad Parlamentario Colombia-Cuba.

La paz

Gustavo Petro aseguró en la campaña electoral, que su gobierno buscaría la paz total, y en virtud de ese compromiso, convertido en política, envió una delegación a Cuba para contactar a los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con miras al inicio de un proceso de diálogos.

Cuatro días después de su investidura presidencial, la comisión encabezada por el canciller Álvaro Leyva, el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda, y el senador Iván Cepeda, llegó a Cuba donde se reunieron con la dirigencia del ELN.

Reconocieron, como gobierno, la legitimidad de la delegación de diálogos de esa fuerza guerrillera en la búsqueda de la paz.

“En consecuencia, el gobierno adoptará todas las medidas políticas y jurídicas en el marco del derecho interno y el derecho internacional, para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las conversaciones con el ELN, incluido el reconocimiento de los Protocolos”, manifestó Rueda.

En Cuba fueron recibidos por el presidente, Miguel Díaz-Canel, y el canciller de la Isla, quienes ratificaron el apoyo a la paz en Colombia.

Estuvieron presentes en el trascendental encuentro Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia; Jon Otto Brodholt, enviado especial del Reino de Noruega, país garante de estos diálogos, y monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia Católica.

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, agradeció a Cuba por su hospitalidad y la nueva acogida a los propósitos de reconciliación que hoy y siempre los acompañarán.

Destacó que, desde hace más de 40 años, desde la década de 1980, de manera ininterrumpida Cuba acogió en su territorio a delegados de los gobiernos colombianos que han pretendido alcanzar la paz con grupos alzados en armas, también recibidos en esa tierra con igual propósito.

Cuba fue cuna del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, que resultó considerado un ejemplo para el mundo entero, expresó.

“Se le puso de presente al señor canciller Bruno Rodríguez que Colombia rechaza la calificación de patrocinadora de terrorismo con la que se pretende desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo”, manifestó Leyva.

El ministro explicó que estaban en Cuba,  “precisamente por todo lo contrario”.

Aspiramos a reanudar los diálogos con el ELN en esta tierra de paz a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total. Gracias República de Cuba por su hospitalidad. Nos enaltece estar acá, expresó.

Proyectos de ley

En la primera semana del nuevo gobierno de fuerzas alternativas y de izquierda en Colombia, el Congreso radicó dos proyectos de ley que también guardan relación con las propuestas para el cambio en Colombia.

La propuesta de reforma tributaria demanda en esencia que las personas y empresas de mayores entradas económicas tributen más al erario público, y por otro lado para prohibir el fracking en Colombia ante los riesgos al medio ambiente que genera esa práctica.

Horas después de la toma de posesión, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, presentó un proyecto de ley de reforma tributaria con el fin de recaudar recursos para reducir la deuda social.

“El Estado colombiano tiene una deuda social histórica. Los niveles de pobreza y desigualdad son altos y persistentes. El hambre se convirtió en un aspecto que resalta en medio de la tragedia social que viven millones de colombianos”, subrayó.

Según la propuesta, “no hay justicia social cuando esto ocurre, y menos cuando simultáneamente existen privilegios, gabelas tributarias injustificadas y mecanismos que facilitan la evasión y la elusión de las obligaciones fiscales”.

El texto señala que este proyecto de reforma tributaria tiene como objeto avanzar fundamentalmente en dos dimensiones.

Primero, en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria.

Segundo, en lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social. Lo anterior se alcanza a través de ajustes al sistema tributario, que permiten avanzar en materia de progresividad, equidad, justicia, simplicidad y eficiencia.

“Esta reforma que estamos proponiendo genera 25 billones de pesos anuales (alrededor de 5 mil 795 millones de dólares), pero esperamos que con la lucha contra la elusión y la evasión tributaria ese monto se eleve hasta alcanzar 50 billones de pesos anuales (unos 11 mil 590 millones de dólares), que es lo que se habló a lo largo de la campaña presidencial”, aseguró Ocampo.

De aprobarse la iniciativa, los 25 billones de pesos equivaldrían al 1.72 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2023.

El proyecto de reforma presentado al Congreso, cuya mayoría es favorable al presidente Gustavo Petro, se centra en reducir sustancialmente las exenciones que existen en el régimen del impuesto de renta de personas naturales, y que benefician fundamentalmente a los contribuyentes de más altos ingresos.

También contempla un tratamiento más equitativo entre los distintos tipos de rentas líquidas, en aras de lograr una mayor simplicidad del sistema, así como el establecimiento de un impuesto al patrimonio de la población más privilegiada.

Una propuesta distinta a la presentada por el gobierno del expresidente Iván Duque en 2021, que generó el estallido social más grande los últimos 70 años en esta nación, porque aquella aumentaba los impuestos a la población.

Por otra parte Petro, desde su campaña electoral abogó por la transición en el país hacia energías libres. Incluso, en ese sentido hizo un llamado a Latinoamérica para una integración más efectiva, en particular en este tema a fin de contrarrestar el cambio climático de manera unida en la región.

La presentación de todas estas propuestas, entre otras radicadas por el partido Comunes para transitar a la paz, ocurrió mientras el propio presidente del Congreso, Roy Barrera, abría al pueblo los espacios públicos de ese ente del Estado y de la plazoleta Núñez que une la sede de este órgano y la Casa de Nariño (Presidencia).