El endurecimiento de las políticas hacia niños y adolescentes en Chile abre un debate sobre seguridad, derechos humanos y prevención, mientras especialistas advierten que las medidas punitivas profundizan la exclusión social y dejan sin atender las causas estructurales de la violencia juvenil
Santiago, Chile. El gobierno chileno, encabezado por el ultraderechista José Antonio Kast desde marzo, impulsa recortes en los derechos de niños y adolescentes con la pretensión de frenar la delincuencia juvenil, abandonando medidas preventivas que apunten a las causas del aumento de la violencia adolescente.
El 2 de junio, la mayoría derechista que controla el Congreso Nacional aprobó la ley de Escuelas Protegidas, que, entre otras medidas, permitirá instalar pórticos detectores de metales en los accesos a colegios y liceos.
La intención es frenar la violencia presente en establecimientos educativos, pero sus críticos señalan que su objetivo son los escolares de sectores populares, entre otras razones porque a ellos les perjudica perder beneficios sociales y estudiantiles, mientras que a los de clases altas y medias no les perjudica ese castigo.
Pero el Tribunal Constitucional, una instancia superior autónoma e independiente, objetó varios artículos de esa ley: declaró inconstitucional la revisión policial de mochilas estudiantiles sin orden previa, la restricción de la gratuidad universitaria a los acusados y la prohibición de ciertas prendas de vestir.
La instalación de pórticos en los centros educativos no será una realidad inmediata hasta que se establezca y se publique el reglamento de la nueva ley, pero estará operativa desde el próximo curso escolar, que comenzará en marzo de 2027.
Legisladores de la derecha gobernante impulsan también rebajar la edad de imputabilidad judicial de 14 a 13 años mientras el gobierno anunció la creación de un registro de vándalos para autores de incivilidades, que incluirá sanciones como el cese de beneficios sociales.
Catalina Droppelmann, académica de la Escuela de Gobierno de la privada Universidad Católica, dijo a IPS que estas iniciativas tienen un enfoque punitivo contra jóvenes.
“Y son jóvenes que ya tienen pocas oportunidades, trastornos de salud mental, ideación suicida y una bajísima proyección de futuro”, aseveró, que ahora “se están viendo expuestos a políticas punitivas que en vez de integrarlos los sanciona y los aleja de una escolaridad e insertarse socialmente”.
Sobre el registro de vándalos, anticipó que estigmatiza adicionalmente a algunos jóvenes por conductas ya penadas por ley.
“La pérdida de beneficios sociales no hace más que profundizar procesos de exclusión preexistentes y simbolizar el poco reconocimiento del Estado de estos jóvenes como ciudadanos dignos de protección social”, agregó Droppelmann, directora del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica.
Laura Mlynarz, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, una institución superior pública, cree que las políticas del gobierno “presentan a los jóvenes y estudiantes como si fueran los responsables de la crisis de seguridad y no a las bandas de crimen organizado, el narcotráfico o las redes de colusión”.
“Las únicas políticas planteadas en estos meses van en la línea de criminalizar al movimiento estudiantil, segregar, penalizar, bajar la edad de imputabilidad, restringir la libertad de expresión y de organización”, indicó a IPS.
Agregó que la nueva ley mezcla temas diferentes como la crisis de violencia y convivencia en los colegios con la crisis de seguridad en el país.
“Entendemos que hay mucha violencia en los establecimientos y creemos que es urgente legislar y discutir en torno a aquello, pero lo prioritario es considerar a las comunidades educativas y el gobierno no las considera”, señaló.
Para Ximena Gauché, doctora en derecho y académica de la privada Universidad de Concepción, en la mayoría de los casos los jóvenes no son autores sino víctimas de delitos extremadamente graves.
En diálogo con IPS desde la ciudad de Concepción, al sur de Santiago, aseveró que la violencia en liceos es una realidad muy compleja que requiere indagar las causas que van desde la propia realidad que viven miles de niños y niñas en Chile.
Consideró que “los episodios graves de mala convivencia e incluso violencia escolar obedecen a contextos de familia violentos, ausencia de espacios de amor o de acogida, carencia (o ausencia) de bienes y servicios esenciales para su desarrollo y bienestar cotidiano, o las propias carencias de recursos que tienen muchos establecimientos educacionales”.
Jóvenes viven abusos y excesos
El contexto de violencia en que viven muchos jóvenes se evidenció en el diagnóstico 2026 de la Defensoría de la Niñez, un organismo autónomo que analizó la realidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) en este alargado país sudamericano de 18 millones 400 mil habitantes.
Entre 2019 y 2025 aumentaron en 46.4 por ciento (28 mil 969 casos) los NNA abusados sexualmente y solo el año pasado hubo 1099 casos de acoso sexual y 5058 violaciones.
Un 15.1 por ciento de los adolescentes sufrieron ciberacoso en 2024 y, entre los años 2022 y 2024, la tasa de víctimas de explotación sexual aumentó un 73 por ciento, también porque comenzó a medirse más exhaustivamente por el predecesor gobierno del izquierdista Gabriel Boric.
En 2025, la Superintendencia de Educación recibió 17 mil 76 denuncias por violencia en la convivencia escolar.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, afirmó que este diagnóstico “obliga a preguntarse si las políticas públicas actuales están respondiendo a la realidad que viven hoy niños, niñas y adolescentes”.
“Chile necesita actualizar sus respuestas institucionales y asumir que proteger a la niñez requiere prioridad política, presupuestaria y territorial”, subrayó.
La penalización de los niños
La participación de niños en asaltos, promovidos muchas veces por adultos, es exhibida diariamente por los canales de televisión en abierto, en manos de grupos privados, abonando el camino para quienes proponen rebajar la edad de imputabilidad.
La Cámara de Diputados aprobó resoluciones pidiendo al Ejecutivo disminuir la edad de responsabilidad penal de los actuales 14 a 13 años. Dirigentes de la también ultraderechista y aliada del gobierno Unión Demócrata Independiente (UDI) pidieron incluso rebajarla hasta los 12 años.
Está en discusión parlamentaria endurecer las penas de cárcel y someter al régimen judicial de adultos a jóvenes de 16 y 17 años.
Mlynarz, la lideresa estudiantil, resaltó que la violencia no se ha abordado de manera comunitaria y preventiva sino de modo completamente punitivo.
“En esta lógica jamás se podrá abordar en el trasfondo de que un joven de 12 o 14 años sea violento. Deben existir espacios de reinserción y allí juega un rol esencial la educación. Es el único factor de reinserción e integración para transversalizar las políticas públicas comunitarias y prevenir la violencia”, defendió.
Consideró que “la política de reducir la edad de penalización o quitar la gratuidad por hechos que cometiste durante la enseñanza es una línea contraria a lo que habría que realizar”.
“Lo que se hace es segregar, segmentar, no dar instancias de reinserción y no entender que la educación es un factor de prevención de la violencia y de integración social”, criticó Mlynarz.
La académica Gauché sostiene que la responsabilidad penal desde muy temprana edad es objeto de continuo debate crítico porque falta evidencia sobre su efectividad.
“Organizaciones de la sociedad civil e internacionales recuerdan que hay estándares modernos de derechos humanos que son ejemplo de consensos que hay que tener a la vista”, aseveró.
Registro de vándalos, clasista e ineficaz
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, calificó el registro de vándalos como profundamente clasista al incluir sanciones como quitar beneficios, entre ellos la gratuidad en la educación.
La sanción resulta inaplicable para quienes no dependen del Estado, es decir, para los sectores de mayores ingresos.
“¿Cuál sería la sanción equivalente para ellos? La pregunta queda sin respuesta y eso no es un detalle menor: es desigualdad ante la ley”, sostuvo.
Añadió que al afectar de manera desproporcionada a estudiantes pobres, Chile queda en tensión con sus obligaciones internacionales.
“No debemos olvidar que la educación es un derecho humano inalienable y un medio indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos”, sostuvo.
Según Bustos, privar a una persona de beneficios sociales no la convierte en mejor ciudadana; la margina aún más del sistema y, lejos de reducir las incivilidades, el registro de vándalos siembra las condiciones para que se reproduzcan.
Violencia contra jóvenes trabajadores
Makarena Albornoz, secretaria de Asuntos Juveniles de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), puntualizó a IPS desde Valdivia que la violencia en el ámbito juvenil es la precarización laboral.
“El trabajo hoy en Chile está en alerta por la precarización laboral y las nuevas medidas de empleo. Avanzan la modalidad flexible, la falta de contratos, que hoy son temporales, informales, por hora. Los jóvenes tienen dificultad para acceder al primer empleo o encontrar trabajos acordes a su formación”, resumió.
Según Albornoz, la violencia se expresa “en acoso, maltrato y hostigamiento que tienen consecuencias para los jóvenes. Afecta su salud mental, genera estrés, depresión, disminuye la motivación y el rendimiento. Y muchos dejan de lado el trabajo y buscan otras alternativas”, explicó.
El ambiente de violencia, añadió, provoca inseguridad y temor, especialmente para denunciar situaciones.
“Muchas veces los jóvenes prefieren quedarse callados. Se dificulta el desarrollo y crecimiento del trabajador, aumenta la rotación, el abandono del empleo y la búsqueda de otras formas de trabajo”, relató.
La dirigente sindical aboga por lugares de trabajo con protocolos que permitan denunciar acoso o violencia para impedir su incremento y facilitar la creación de espacios libres de violencia.Orlando
Milesi/Inter Press Service (IPS)*
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