Desde 1999, la sociedad civil mexicana pugna por la expedición de una ley general contra la desaparición forzada de personas. Seis legislaturas han transitado por el Congreso de la Unión desde entonces pero ninguna ha logrado concretar su demanda.
Until March 2015 in Mexico 25,821 “non-located” (“no localizadas”) persons were officially listed in the National Data Register of Missing and Disappeared Persons (Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Rndep) of the National Public Security System (Sistema Nacional de Seguridad Pública), of which 10,836 vanished in the time being of the current government. The remaining part, i.e. the majority dates back to the administration of Felipe Calderón. Regarding its methodology the governmental data base could hide hundreds of disappearances, points out a civil organization. This reality constitutes “a national tragedy”, considers Santiago Corcuera, member of the Committee on Enforced Disappearances (CED) of the United Nations (UN).
Hasta marzo de 2015, en el país se enlistaron oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tuvieron que transcurrir 4 años, 8 meses y 25 días para que Irinea Buendía –vendedora de zapatos por catálogo– lograra, con el apoyo de Católicas por el Derecho a Decidir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara respecto de la muerte violenta de su hija Mariana Lima, misma que había sido consignada como un suicidio
La sociedad civil observa impunidad en los casos conocidos: no hay condenas ni sentencias firmes contra militares
El 28 de junio de 2010, Irinea Buendía Cortez vio por última vez con vida a Mariana Lima Buendía, su hija. El encuentro fue revelador. Luego de un año y medio de violencia doméstica –golpes, amenazas, ultrajes sexuales–, la muchacha de 29 años de edad, abogada de formación, había decidido replantear su vida. Trazarse un futuro apacible. Así se lo anunció a su mamá.
En el gobierno de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas acumularon ante la CNDH 9 mil 228 quejas y 142 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, mientras que en lo que va de la actual administración federal suman 2 mil 373 quejas y tres recomendaciones.
Basados en las estadísticas oficiales, investigadores de la UNAM sostienen que a raíz de la reforma laboral de 2012 las jornadas de la clase trabajadora se han incrementado y, en contraposición, reducido sus ingresos
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