El sexenio de la ordeña

A inicios de su gobierno, la administración de Felipe Calderón creó un grupo interinstitucional integrado por seis secretarías de Estado –de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública– que ayudarían a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el combate al robo de hidrocarburos. En las postrimerías de fin de sexenio, las cifras oficiales respecto al incremento exponencial de ese ilícito evidencian que, cualquiera que haya sido la estrategia, evidentemente fracasó.

El volumen de petrolíferos sustraídos ilegalmente alcanza hoy niveles tan altos, que los directivos de la paraestatal equiparan el problema con la declinación en la producción de crudo del campo Cantarell, el yacimiento más importante de México, ubicado en la Sonda de Campeche.

2011 fue un año récord en el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, cabe señalar que las conexiones ilegales en el Sistema Nacional de Ductos, son solamente una de las modalidades mediante las cuales se sustraen los petrolíferos, pues hay también ordeña de hidrocarburos en pipas completas que salen por las puertas de las refinerías, o incluso sustracción directa de los barcos que trasiegan los hidrocarburos.

Entre enero y noviembre de 2011, se contabilizaron 1 mil 163 tomas, de acuerdo con los últimos datos presentados por la administración de Pemex, en voz de su director Corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings. De acuerdo con su cálculo, diciembre cerraría con aproximadamente 1 mil 300 tomas, dada la incidencia. Mediante éstas, en promedio se sustrajeron volúmenes estimados en más de 39 mil barriles de hidrocarburos por día, que incluye desde petróleo crudo, Diésel, gasolina,  hasta gas licuado de petróleo, cuya sustracción es de muy alto riesgo dada su explosividad.

Entre 2001 y 2011, Pemex fue objeto de más de 40 mil “incidentes” entre los cuales se ubica la sustracción y la ordeña mediante tomas clandestinas, de acuerdo con información obtenida vía el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

El incremento de tomas clandestinas fue gradual: en 2006, 70; en 2007, 324; en 2008, 392; en 2009, 462; en 2010, 691; y en 2011, por lo menos el doble. Desde Rosarito, Baja California, hasta Chiapas y Tabasco en sus límites con Guatemala, hay tomas clandestinas por todo el país.

De manera que de 70 tomas que tuvo Pemex en el último año del gobierno de Vicente Fox Quesada, unos meses después, en el primer año de la administración de Calderón, en el Sistema Nacional de Ductos se detectaron 324 tomas –en promedio casi una diaria–, el mayor número registrado, hasta entonces, en la historia de la paraestatal.

Al cabo del sexenio para 2010, la cifra se multiplicaba a unas tres tomas en promedio por día. Lo que significó un incremento de 300 por ciento sólo con cifras conservadoras, ya que debe considerarse que hay muchas tomas herméticas que, sin que se les detecte o clausure, sustraen petrolíferos de forma permanente.

En ese mismo lapso, el jurídico de la paraestatal presentó 2 mil 611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas (sólo 15 concluyeron en sentencia).

El volumen oficial del producto sustraído mediante las tomas clandestinas alcanzó también niveles exorbitantes de acuerdo con cifras que Pemex dio a conocer en septiembre de 2011: más de 39 mil barriles diarios ordeñados en promedio de la red de ductos, que incluye oleoductos, poliductos y gasoductos. La cifra equivale a más de 3 millones de litros diarios de petrolíferos y particularmente de gasolina. O dicho de otra manera, un promedio de 200 pipas diarias. Pérdidas patrimoniales que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados calculó en 1 mil 300 millones de pesos mensuales.

A estas pérdidas económicas se añade el incremento en los costos de producción que le significan a Pemex no sólo los daños que provocan las instalaciones clandestinas, sino su desmantelamiento, reparaciones y en sí, una mayor inversión en todo el proceso de producción para trasladar y almacenar los petrolíferos, explica el ingeniero Francisco Garaicochea Petrirena, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera.

“Además de que ya no se contabiliza esa producción, adicionalmente los costos de transporte se elevan, entre la recolección y envío a la parte al área de almacenamiento y distribución, porque entonces Pemex tiene que vigilar más, y destinar más personal y equipos para registrar la pérdida de presión”, explica el también coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución del 17.

En términos de infraestructura, “significa además un enorme peligro, porque la toma clandestina representa una alteración en la estructura misma de la red de transporte de los productos y esto significa [un] riesgo, y la evidencia está en todos los accidentes que han ocurrido, pero también la afectación completa de la red de ductos, porque cada toma perjudica todos los sistemas de control”, explica el ingeniero Javier Jiménez Espriú, exdirectivo y exintegrante del Consejo de Administración de Pemex.

Aunque el tema va más allá de las pérdidas económicas. Este tipo de interconexiones tiene además una condición de vulneración a la seguridad nacional, ya que el Sistema Nacional de Ductos es para Pemex la columna vertebral de su infraestructura de distribución, y al igual que el resto de las instalaciones, un área de seguridad nacional.

Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla y la zona metropolitana del Distrito Federal son, desde 2007, las entidades con mayor ordeña de combustible vía tomas clandestinas.

Aun las áreas con mayor vigilancia por su cercanía a la capital, como el ducto de San Martín Texmelucan, a partir de 2008, registraron una mayor incidencia de tomas clandestinas.

“El incremento en las TC [tomas clandestinas] y en el volumen estimado de robo, se debe a que los sistemas de ductos en el país están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados”, reconoció, finalmente Pemex en un comunicado emitido en septiembre.

Hay un dato peculiar, la administración de Pemex identificó a Sinaloa como la entidad que a partir de 2010 registró una mayor sustracción de refinados mediante tomas clandestinas, con una incidencia del 28 por ciento en promedio de las tomas de todo el país. Las tomas, ubicadas en los municipios de Navolato, Culiacán, Ahome, Mocorito, Mazatlán, Guamuchil, Salvador Alvarado, Los Mochis, entre otros.

Sinaloa es una tierra controlada por el cártel del mismo nombre y sus grupos afines, curiosamente la organización a la que, de acuerdo con reportes de especialistas de México y Estados Unidos, favoreció la “guerra” de Calderón.

Algunos de los ductos con mayor incidencia de tomas clandestinas durante 2011 fueron los siguientes: el poliducto de 10 pulgadas de diámetro Topolobampo-Culiacán; el poliducto de 12 pulgadas Cadereyta-Reynosa-Matamoros; el oleoducto de 24 pulgadas Madero-Cadereyta; los poliductos de 10 y 14 pulgadas Satélite-Gómez Palacio; y el Satélite-Monclova-Sabinas.

En septiembre de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó endurecer las penas por el robo o aprovechamiento de petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados y sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Pemex.

Mediante reformas al Código Penal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, se estableció como delincuencia organizada el robo a ductos de Pemex.

Considerado ya como delito grave, se aprobaron sanciones de ocho a 12 años de prisión y de 1 mil a 12 mil días de multa a quien sustraiga hidrocarburos propiedad de Pemex, y penas de dos años de cárcel y hasta 500 días de salario mínimo como multa a quien posea o resguarde de manera ilícita cualquier hidrocarburo. La penalidad aumenta a 18 años cuando quienes participen sean trabajadores o funcionarios de Pemex.

El diputado Arturo Zamora Jiménez, promotor de la reforma, considera que se dotó al Estado de un instrumento muy importante para combatir de manera eficiente la sustracción de hidrocarburos, convertido en un problema en ciernes. “De no atenderse el problema, se podría generar una situación que escaparía de las manos de las autoridades del país”.

El endurecimiento en las penas por la sustracción de hidrocarburos fue, por cierto, uno de los últimos asuntos relevantes a los que aludió el fallecido secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.

“Quienes sustraigan o aprovechen petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o derivados de los ductos, equipos o alguna instalación de Pemex, tendrá de ocho a 12 años de prisión, o de [1] mil a 12 mil días de multa”, indicó tras la publicación de las nuevas penalidades en el Diario Oficial de la Federación.

Las reformas a la ley tampoco garantizan su aplicación. Mención aparte merece la efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) en este tipo de asuntos. Ésta se evidencia con el número de averiguaciones previas abiertas este sexenio, que concluyeron en autos de formal prisión en contra de ordeñadores: 4 por ciento.

En México hasta las leyes de mayor avanzada son letra muerta cuando lo que pondera es la corrupción.

La demoledoras cifras que Pemex hizo públicas en septiembre de 2011, finalmente reconocen que oficialmente el combate al robo de combustible fue otra batalla perdida por Calderón, una donde lo que está en juego es una gran parte del gasto público nacional: el 40 por ciento del producto interno bruto del país, que es lo que Pemex le aporta a la economía nacional.

En este sexenio también se internacionalizó la ordeña de ductos. Desde 2008, en las líneas de Chiapas y Veracruz comenzaron a detectarse vehículos de Guatemala involucrados en la sustracción de hidrocarburos en tomas clandestinas en las regiones fronterizas del Sureste. El 7 de febrero de ese año, en la localidad de la Frontera Comalapa, Chiapas, el Ejército encontró camiones cargados con 46 mil litros de hidrocarburos (AP/PGR/CHIS/COM/026/2008).

Han pasado 73 años desde la expropiación petrolera y hoy más que nunca Pemex enfrenta una grave encrucijada: la sustracción ilícita de sus productos mediante diversas modalidades, entre éstas las tomas clandestinas, que en muchos de los casos implican de manera directa o indirecta a trabajadores de la paraestatal, de acuerdo con diversos expedientes de las contralorías internas a los cuales tuvo acceso Contralínea.

El elevado número de tomas ilícitas en ductos, oleoductos y gasoductos de Pemex indica “que es alto el involucramiento de gente que está dentro de la empresa, y esto significa también el deterioro de la administración de Pemex”, advierte el ingeniero Javier Jiménez Espriú. Una consideración muy seria emitida por quien se desempeñó como subdirector Comercial de Pemex, y a quien tuvo que enfrentar la contingencia de las explosiones en Guadalajara.

En efecto, la sustracción y trasiego de los hidrocarburos está asociado a las manos de expertos del sector. Un caso ilustrativo ocurrió apenas en noviembre: en el Estado de México la Policía Federal detuvo a cinco policías municipales y cinco empleados de Seguridad Física de Pemex que ordeñaban hidrocarburos en una toma clandestina en Coyotepec.

Jiménez Espriú explica que “estamos hablando de un problema muy delicado, no sólo porque se trata de un asunto de terrible corrupción; esto es parte de todo un conjunto de irregularidades que hay en la paraestatal y que la tienen en una situación muy grave, y esto deriva de que su administración ha sido dejada un poco a la mano de Dios. Eso es lo que provoca este tipo de perturbaciones y alimenta la corrupción dentro y fuera de la paraestatal”.

De manera que, tras el endurecimiento de penas respecto a la sustracción ilegal de hidrocarburos, la medida emergente para Petróleos Mexicanos, indica Jiménez Espriú, radica en “una reestructuración administrativa en Pemex en la búsqueda de una mejor administración”.