Nuestros lectores

Preso en huelga de hambre solicita ser escuchado

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto

Presente

Señor presidente, por medio de la presente le envío un respetuoso y cordial saludo.

Deseo hacer de su conocimiento que estoy preso desde hace más de 2 años, y que inicié una huelga de hambre desde el 5 de agosto pasado por los motivos que expongo en las diferentes cartas que he dirigido a diversas instancias cuyas copias hoy le adjunto, donde denuncio a las autoridades correspondientes y al juez primero del ramo penal, el licenciado Julio César Morales Ríos, con sede en este Centro, por los delitos de tráfico de influencias, extorsión, amenazas de muerte, homicidio calificado en grado de tentativa, delincuencia organizada y omisión.

Las copias adjuntas son:

-Carta con fecha 17 de noviembre de 2013, dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que denuncio la extorsión y el mal proceso que se ha llevado en mi contra.

-Carta con fecha 27 de diciembre de 2013, dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que denuncio la amenaza de muerte en mi contra.

-Carta con fecha 21 de marzo de 2014, dirigida a la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, en la que denuncio la tentativa de homicidio de la que fui objeto.

-Carta con fecha 5 de mayo de 2014, dirigida al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, donde solicito su valiosa intervención.

-Carta con fecha 19 de junio de 2014, dirigida al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, donde informo y denuncio la intimidación de la que he sido objeto.

-Y por último, carta con fecha 5 de agosto de 2014, dirigida al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, donde informo el inicio de la huelga de hambre.

Suplico por favor que por medio de su distinguida investidura intervenga para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga mi caso, ya que el Estado no ha podido o no ha querido resolver el problema, ni ha dado respuesta a mis denuncias; y el Poder Judicial del estado de Chiapas está lleno de vicios y corrupción. Diferentes instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismos defensores de derechos humanos internacionales, la Secretaría de la Función Pública y el honorable Congreso de la Unión han enviado diferentes oficios solicitando el seguimiento de mi caso, sin que al momento se haya resuelto algo.

Sin más por el momento quedo de usted y en espera de su valiosa intervención, agradeciendo de antemano su apoyo.

Cintalapa, Chiapas

Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) 14, El Amate

Sergio Domínguez Alatorre, preso injustamente

 

 

Yaquis denuncian campaña de genocidio en su contra

A la opinión pública nacional e internacional:

Territorio yaqui, Sonora, México; 16 de Septiembre de 2014

Quienes suscribimos el presente comunicado somos autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui representativas de los pueblos de Vícam, Pótam, Loma de Bacúm, Cocorit y Belem. Con base en las facultades que nuestras leyes internas nos mandatan, nos dirigimos a la opinión pública de Sonora, a todo el país, a todos los pueblos, tribus y naciones indígenas de México, a las organizaciones civiles, políticas partidarias y no partidarias, a todo el mundo.

Una vez más el terror, la prepotencia, la intimidación y la impunidad han sido instrumentos aún vigentes en los malos gobiernos, como el de Guillermo Padrés, en Sonora, digno heredero del Porfiriato y de los genocidas en el mundo, quien es el instrumento y signo de un despojo más hacia la Tribu Yaqui, en el afán de consumar su objetivo mediante la construcción y operación ilegal del Acueducto Independencia. En el último año (abril 2013-abril 2014) se han robado 30 millones de metros cúbicos de agua. Tal obra opera ilegalmente trasvasando agua mediante un acueducto, de la cuenca del Río Yaqui, Presa Plutarco Elías Calles (El Novillo), a la cuenca del Río Sonora, a la Ciudad de Hermosillo, con una longitud de 155 kilómetros, la cual fue impugnada desde su licitación, construcción, la adquisición de derechos de agua, su manifiesto de impacto ambiental, hasta su operación. No cuenta, además, con los permisos para trasvasar agua de una cuenca a otra, según las leyes de aguas nacionales, y en cada uno de estos litigios pesan ordenamientos judiciales a favor nuestro, y en uno de los amparos existe el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de consultar a la Tribu Yaqui con respecto del manifiesto de impacto ambiental, ya que dicha obra no cuenta con esta autorización para operar y trasvasar agua.

Además, en el último mes, el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, ha sido evidenciado en hechos de negligencia y colusión con los intereses de la compañía minera Grupo México y su corresponsabilidad en el derrame de desechos tóxicos hacia el Río Sonora que, curiosamente, bajo esa afectación ambiental, deja como única opción de abastecimiento a la ciudad de Hermosillo, del vital líquido, el Acueducto Novillo-Hermosillo señalado, además de la apropiación indebida de aguas, propiedad de la nación, mediante la construcción de una represa en un rancho de su propiedad, despojando a campesinos de la comunidad de Bacanuchi, Sonora, de aguas para sus actividades productivas y consumo humano.

En este contexto, el mal gobierno con el uso de la prepotencia y la arbitrariedad, fue apresado el secretario de la Autoridad Tradicional del Pueblo de Vícam, a la usanza de esquemas arcaicos, como lo decía Sherlock Holmes: “Los actos y la actitud criminal dependen a menudo del uso de la calumnia para su racionalización”. En ese sentido se les acusa a Mario Luna y a otros miembros de nuestro pueblo de secuestro, cuando únicamente se aplicó nuestra ley interna para incorporar al orden a los que infringen a las mismas. De este tipo de casos se aplican cinco en promedio cada año y no hay ninguna objeción, además que los “criminalizados” no se encontraban al momento en el lugar de los hechos. Estas arbitrariedades del gobierno de Sonora tienen como fin criminalizar nuestra lucha, mediante la fabricación de delitos y el desprecio hacia nuestro pueblo, como lo han manifestado públicamente, al acusarnos a toda la Tribu Yaqui de “criminales y perversos” sólo por defender nuestro patrimonio y derecho a la vida. No imaginamos los calificativos y maquinaciones que en lo privado hacen contra nosotros. Por tanto, exigimos la liberación inmediata de Mario Luna Romero, ya que lo consideramos como un prisionero político. Además, denunciamos su desaparición forzada por 3 horas, por no saber nada de él en ese lapso de tiempo y porque la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora no dio parte a ninguna de las instancias de notificación, además de ser trasladado de Ciudad Obregón a Hermosillo por vía aérea.

Sabemos que no estamos solos en esta lucha. Hemos recibido la solidaridad de organizaciones fraternas nacionales e internacionales, lo que nos alienta a continuar, hasta las últimas consecuencias, con la defensa de nuestra agua y el derecho a la vida. No claudicaremos frente a las embestidas del mal gobierno que busca desaparecernos en la faz de la tierra, como lo han intentado hacer en el pasado otros malos gobiernos en la historia de nuestro estado y de nuestro país.

Con estas acciones represivas consideramos que es una declaración de guerra de Guillermo Padrés a la Tribu Yaqui.

¡Libertad inmediata a Mario Luna! ¡Cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra los miembros de la Tribu Yaqui! ¡Alto a la campaña de odio y persecución contra la Tribu Yaqui! ¡Alto al robo del agua a la Tribu Yaqui! ¡Exigimos la cancelación de la obra Acueducto Independencia!

Atentamente,

Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui

 

 

EZLN y CNI respaldan lucha yaqui y demandan la libertad de Mario Luna

A la Tribu Yaqui, al pueblo de México, a la Sexta nacional e internacional, a los gobiernos de México y del mundo:

Exigimos la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión y de la fabricación de delitos en contra de integrantes de la Tribu Yaqui y condenamos la criminalización de su lucha, diciendo a los malos gobiernos emanados de los partidos políticos, que el Río Yaqui ha sido históricamente el portador de la continuidad ancestral de la cultura y territorio de la Tribu Yaqui, y los que conformamos el Congreso Nacional Indígena (CNI) reiteramos que si nos tocan a unos, nos tocan a todos, por lo que responderemos en consecuencia ante cualquier intento de reprimir esta digna lucha o cualquiera otra (Caracol de Oventic, 7 de julio 2013, comunicado conjunto CNI-Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

No han podido matar a nuestros pueblos. Porque como semillas siguen creciendo. Nos quisieron matar con armas de fuego. Como no pudieron, intentaron matarnos con enfermedades. Otra vez fallaron. Muchos caminos han usado los poderosos para acabarnos a los indígenas.

Hoy nos quieren matar con eólicas, con autopistas, con minas, con presas, con aeropuertos, con narcotráfico; hoy, sobretodo, nos duele que nos quieran matar, en Sonora, con acueductos.

El pasado jueves 11 de septiembre, integrantes, al parecer de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, detuvieron a nuestro hermano Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, acusándolo falsamente de crímenes que le fueron sembrados; con ello pretenden encarcelar la lucha misma de la Tribu Yaqui por defender las aguas que en 1940, tras una larga guerra, les reconoció como suyas Lázaro Cárdenas, y que desde 2010 los dueños del dinero quieren llevarse, a través del Acueducto Independencia, pasando por encima de una resolución dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pasando por encima de todos los derechos que los convenios internacionales consignan a nuestro favor.

El Acueducto Independencia ni en broma es para que los pobres tengan agua y progreso, como lo nombran los de arriba; es para que los ricos se lleven el agua que por siglos le ha pertenecido a los yaquis. En vez de alimentar campos y sembradíos, quieren llevarse el agua para los grandes industriales de Sonora.

Este despojo ha sido la bandera del progreso de los malos gobiernos, con Guillermo Padrés Elías, gobernador del estado, y Enrique Peña Nieto, supremo jefe de los paramilitares a la cabeza del megaproyecto. Pero así como el dictador Porfirio Díaz proclamó el exterminio de nuestros pueblos, y particularmente el de la Tribu Yaqui en nombre de ese progreso, nosotros sabemos que las palabrerías de Padrés y de Peña Nieto son mentiras, pues, que para que estos megaproyectos existan, los pueblos originarios debemos desaparecer, pero de una vez les decimos a los de arriba que no está dentro de nuestros planes hacerlo. Si detuvieron a nuestro hermano Mario Luna es porque se negó a venderse, a rendirse; porque ha sido hermano de lucha de todos los que queremos que este mundo cambie abajo y a la izquierda.

Nosotros no les pedimos nada a los malos gobiernos, pero en este momento sí les queremos dejar en claro una cosa: que la libertad de nuestro compañero Mario Luna no les pertenece y que no se la pueden quitar así nada más. Les decimos que esa libertad es suya y de su pueblo y que tienen que devolver lo que tomaron a la fuerza.

A nuestro compañero Mario le decimos que nosotros caminamos juntos desde hace más de 500 años, que su tribu camina en la lucha, sin importar si los cobardes gobernantes los llevan como esclavos al otro lado del país. Los yaquis vuelven a Vícam, Pótam, Tórim, Bácum, Cocorit, Huiriris, Belem y Rahum, porque ahí es donde su sangre fluye; que nosotros somos yaquis, aunque también seamos zoques o mames o tojolabales o amuzgos o nahuas o zapotecos o ñahto o cualquier otra lengua, y como yaquis que somos no vamos a dejar que nos roben nuestra agua y tampoco nuestra libertad.

Exigimos la inmediata libertad de Mario Luna. Exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión y la fabricación de delitos en contra de integrantes de la Tribu Yaqui y, junto con ello, exigimos la libertad de todos nuestros presos, y en particular la de nuestros hermanos nahuas Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, presos desde abril de este año por el mal gobierno, acusados igualmente de falsos delitos, con el fin de frenar la lucha del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala en contra del Proyecto Integral Morelos.

¡Nunca más un México sin nosotros! ¡Por la reconstitución integral de nuestros pueblos!

Congreso Nacional Indígena, Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

 

 

Autoridades de Vícam denuncian desprecio de gobierno estatal

A la opinión pública nacional e internacional, a los medios de comunicación:

El miércoles 17 de septiembre el juez tercero de Primera Instancia, Manuel Octavio Palafox Ocaña, dictó el auto de formal prisión en contra de Mario Luna Romero, secretario y vocero de la Tribu Yaqui, quien es acusado de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo automotor por hechos ocurridos en junio de 2013.

Es para nosotros indignante que se dé esta respuesta de parte del Poder Judicial, cuando no existen elementos legales para sostener su culpabilidad como lo demostró la defensa, pues ni Mario Luna, ni Tomás Rojo estuvieron presentes en los hechos que dan origen a este proceso legal.

El pasado lunes 15 de septiembre se realizó la audiencia para presentar las pruebas de la defensa ante el juez Palafox. Las autoridades tradicionales de Vícam que ejercían el cargo en junio de 2013 dieron testimonio de los hechos mencionados, cuando Francisco Romo, el hombre que presenta la denuncia, agredió a las personas que se encontraban en las protestas en la carretera internacional contra la operación del Acueducto Independencia, y que en consecuencia, a la comisión de una falta, fue procesado por las leyes tradicionales de la Tribu.

En la comparecencia, el gobernador, el capitán y el comandante de Vícam asumieron la responsabilidad, a nombre de su comunidad, por la detención de Francisco Romo; se entregó también el acta que acredita la detención y fue ratificada por las mismas autoridades tradicionales; de manera adicional se presentó un dictamen antropológico que explica los usos y costumbres de la Tribu Yaqui, la forma como ejercen sus leyes tradicionales, comprobando así que no se está hablando de un secuestro, sino de un proceso común de justicia comunitaria, que está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales sobre pueblos indígenas.

El juez no analizó debidamente todas las pruebas, ni las vinculó para determinar la probable responsabilidad, y admite que existen pruebas que hacen dudar que Mario Luna estuviese en el lugar de los hechos. Nunca se probó la conducta de Mario Luna Romero, sólo hay declaraciones de oídas que presumen podría haber ordenado la detención, pero no se determinó dónde y cuándo Mario Luna dio la orden.

El juez se conduce con desprecio y desdén por los usos y costumbres de la Nación Yoreme, y parecen ignorar que quien dio la orden fue el gobernador tradicional de Vícam.

Cabe destacar que Mario es uno de los principales interlocutores en la consulta de las autoridades federales a la Tribu Yaqui, que derivó del fallo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, esta detención atenta contra los principios del derecho a la consulta mandatados por la Suprema Corte.

Por lo anterior podemos afirmar que la razón de la detención de Mario Luna y las órdenes de aprehensión contra Tomás Rojo y otros dos compañeros yaquis es el resultado de una decisión del gobierno del estado, que ha manifestado una y otra vez, con su acciones, que no existe respeto hacia la Tribu Yaqui y quien ha mantenido una campaña de odio racial y de criminalización violando los derechos humanos.

Atentamente:

Autoridades Tradicionales de Vícam

 

 

Solidaridad con la Tribu Yaqui desde Hidalgo

A la Tribu Yaqui, al pueblo de México, a los gobiernos de México y el mundo:

Los alumnos de la Escuelita y la Sexta en Hidalgo exigimos la cancelación inmediata a las órdenes de aprehensión y de la fabricación de delitos en contra de integrantes de la Tribu Yaqui y condenamos la criminalización a su lucha.

Exigimos la liberación de nuestro hermano Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, acusado falsamente de crímenes que le fueron sembrados.

Exigimos la libertad de todos nuestros presos, y en particular la de nuestros hermanos nahuas Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, presos por el mal gobierno desde abril de este año.

Hacemos responsables al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y al gobierno supremo de Enrique Peña Nieto.

¡Si tocan a uno nos tocan a todos! ¡Libertad a nuestros presos políticos!

¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Vivan las comunidades autónomas zapatistas! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!

Alumnos de la Escuelita y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Hidalgo

 

 

Respaldan en Tlaxcala lucha yaqui

La lucha de la Tribu Yaqui lleva más de 500 años por la defensa y la conservación de su territorio y de su vida comunitaria como pueblo indígena. Ahora el mal gobierno, a través de la construcción del megaproyecto Acueducto Independencia, pretende robarles el agua que por siglos les ha pertenecido y que ha sido la portadora de la continuidad ancestral de su cultura. El objetivo es llevar esa agua a los ricos y a los grandes industriales de Sonora.

Estos malos gobiernos de toda la clase política obedecen vilmente a todo un sistema que es el capitalismo, el cual hace su riqueza con despojo y explotación, y además encarcela, desprecia y reprime a los y las que se rebelan contra las injusticias.

Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, fue detenido el pasado jueves 11 de septiembre, al parecer por integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, acusándolo falsamente de crímenes que le fueron sembrados. Con ello, el mal gobierno pretende acabar con la digna y justa resistencia de la Tribu Yaqui.

Ha sido por siglos el plan de los poderosos y del capitalismo acabar con los pueblos indígenas. Su plan es mantener una guerra de conquista mundial y eliminar lo que le estorba, es decir, a los que no se dejan y se rebelan. Pero también no todo es tan fácil para el capitalismo: desde todas partes del mundo, desde abajo y a la izquierda, resistimos, construimos y nos solidarizamos en contra de todas las injusticias, porque la lucha de la Tribu Yaqui es nuestra lucha también.

Desde Tlaxcala condenamos la criminalización de la lucha yaqui, exigimos la inmediata libertad de Mario Luna y la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de integrantes de esta tribu. Responsabilizamos directamente a Guillermo Padrés y a Enrique Peña Nieto de cualquier otra agresión contra ellos y hacemos un llamado a la Sexta para sumarse en solidaridad con la Tribu Yaqui y por la libertad de nuestro compañero Mario Luna.

¡Libertad a todos los presos políticos! ¡Alto a la guerra de exterminio contra la Tribu Yaqui!

Firman:

Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Tlaxcala y alumnos de las Escuelita Zapatista

 

 

“Si tocan a unos, tocan a todos”

Pronunciamiento de Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y alumnos de la Escuelita Zapatista en Puebla por la Libertad de Mario Luna

A la tribu yaqui, al pueblo de México, a los compañeros de la Sexta:

El 11 de septiembre pasado fue detenido (al parecer por miembros de la Procuraduría General de Justicia de Sonora) Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, acusado falsamente por crímenes que le fueron sembrados por el gobierno del estado de Sonora. Pese a la gran campaña de desinformación para imponer el proyecto del Acueducto Independencia y para criminalizar la digna lucha del pueblo yaqui en la defensa del derecho al agua, sabemos que la detención de nuestro compañero es un ataque más en la histórica guerra de despojo que los dueños del dinero realizan contra los pueblos originarios.

Esta injusticia es encabezada por el gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, para favorecer al gran capital industrial, y por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, pese al Decreto Oficial de 1940 y múltiples resoluciones judiciales donde se ha reconocido el legítimo derecho de la Tribu Yaqui a decidir sobre su territorio, han permitido la concreción del Acueducto Independencia.

De manera incongruente, mientras las autoridades son “muy eficientes” para detener a un indígena, permitieron que el gobernador de Sonora, sin regulación alguna, construyera para su uso privado una presa capaz de almacenar 4 mil millones de litros de agua, que deja sin abastecimiento a la población de la región y que daña irremediablemente un ecosistema.

La actuación del Estado mexicano (y sus instituciones en este caso) es un ejemplo más de que no podemos esperar que de ellos provenga la justicia para el pueblo. Es por eso que desde la ciudad de Puebla expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos yaquis y responsabilizamos a los malos gobiernos, federal y del estado de Sonora, de la integridad de nuestro compañero preso, así como de cualquier acto represivo contra el pueblo yaqui.

Hacemos un llamado a solidarizarnos y a exigir la inmediata libertad de nuestro compañero Mario Luna, así como de Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, igualmente acusados de falsos delitos con el fin de frenar la lucha del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala en contra de gasoducto del Proyecto Integral Morelos.

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y alumnos de la Escuelita Zapatista en Puebla

 

 

Comunidades campesinas e indígenas siguen padeciendo estragos de huracán

A 1 año de que la tormenta Manuel y el huracán Ingrid azotaran el estado de Guerrero, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) y Tlachinollan continuamos denunciando que las comunidades indígenas de la Montaña se mantienen en situación de alto riesgo; especialmente por la falta de un programa integral de reconstrucción para la región de la Montaña y por la ineficiencia de los distintos niveles de gobierno para dar una respuesta coordinada a las comunidades afectadas.

El pasado 13 de septiembre, en una marcha y mitin de más de 4 mil personas –simbolizando lo que los pueblos debieron caminar en septiembre de 2013 para solicitar ayuda de distintas instituciones y llevar víveres hasta sus comunidades–, el CCDM denunció que a 1 año del paso de las tormentas y a más de 10 meses de que se diera a conocer el Plan Nuevo Guerrero, con una asignación de más de 37 mil millones de pesos, aún no han sido reparados ni reconstruidos caminos, escuelas, centros de salud ni viviendas en la Montaña.

Las acciones de reconstrucción contempladas para los municipios de La Montaña dentro del Plan Nuevo Guerrero son insuficientes: tan sólo el 11.4 por ciento del total de los recursos del Plan están destinados a los 19 municipios de La Montaña. Además, como reiteradamente ha denunciado el CCDM, este plan del gobierno federal está lejos de poder ser considerado como un plan integral para la reconstrucción de la región, ya que prioriza la ampliación de proyectos ya iniciados –como la Cruzada Nacional contra el Hambre– que no son, en ningún momento, medidas diseñadas específicamente en respuesta a la contingencia y ni mucho menos para revertir la crisis dadas sus dimensiones; no solventa la situación en el mediano plazo; ni mucho menos satisface la dimensión de la pertinencia cultural requerida en este caso.

Durante dicho evento, integrantes del CCDM denunciaron que el proceso de reconstrucción de sus comunidades se ha caracterizado por la improvisación, la descoordinación entre las dependencias de los tres niveles de gobierno y la exclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Asimismo, informaron que, contrario a lo que se ha anunciado públicamente por los distintos niveles de gobierno en los últimos días, la respuesta del Estado ha sido ausente en la Montaña, donde al día de hoy no se ha concluido un solo proceso de reconstrucción en las comunidades afectadas que integran el CCDM. Ante esto, exigieron una respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como instancia instruida para la coordinación de las acciones de reconstrucción en el estado.

Para ello, como un ejemplo de participación ciudadana, autoridades comunitarias, comités y vecinos de las comunidades indígenas que integran el CCDM, realizaron un censo sobre las afectaciones en viviendas provocadas por el paso de las tormentas. Dicho censo arrojó como resultado un total de 4 mil 354 familias cuyas viviendas fueron dañadas total o parcialmente por el paso de las tormentas. Este ejercicio abierto de documentación por parte de las comunidades indígenas contrasta con la falta de información pública de las instituciones estatales de los distintos niveles de gobierno, quienes aferradamente se rehúsan a brindar información a las comunidades sobre los resultados de los censos de los daños que se llevaron a cabo en la región y sobre las listas de beneficiarios de los programas que de estos se derivan.

A 1 año del paso de Ingrid y Manuel, en la Montaña de Guerrero son visibles los impactos de la devastación en las comunidades; principalmente en la falta de acceso a servicios básicos; las afectaciones en vivienda; así como el mal estado de los caminos rurales que se ven cada vez más afectados por la entrada de la nueva temporada de huracanes. A la fecha no hay ni un programa, ni un plan de acción gubernamental que responda integralmente a la necesidad de reconstrucción de la región de la Montaña, con excepción de la propuesta impulsada por el CCDM: Para que Llueva Maíz en la Montaña, que es una propuesta de programa de abastecimiento extraordinario y gratuito de granos básicos con una serie de virtudes de primera importancia: enfoque de derechos, pertenencia cultural y fortalecimiento del tejido social, que se está llevando a cabo con deficiencias en las entregas, debido a que las autoridades estatales y federales no han cumplido a cabalidad los acuerdos de ejecución del programa.

En este marco, el CCDM se habría reunido con el titular de la Sedatu y representantes del gobierno del estado en Chilpancingo, para evaluar la situación de reconstrucción, construcción y rehabilitación de vivienda en la región. Las autoridades federales y estatales tienen hoy la oportunidad de aprender de un diálogo abierto y franco con los pueblos indígenas para generar un programa de reconstrucción que realmente encamine “la política pública hacia el bienestar social, el desarrollo humano y la participación ciudadana”, reabriendo y consolidando los canales de interlocución entre autoridades de alto nivel con las comunidades indígenas, que permitan generar proyectos incluyentes, con participación comunitaria, perspectiva de derechos humanos y adecuados culturalmente.

Finalmente, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y Tlachinollan continuamos apelando a su solidaridad para que se sigan visibilizando los impactos generados por las afectaciones más severas en las comunidades indígenas, hasta que haya una respuesta adecuada para los pueblos y comunidades de la Montaña de Guerrero.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan

 

 

Wixárikas, en lucha por recuperar sus tierras

Reunidos en la Comisaría de Mesa del Tirador –perteneciente a la Comunidad Indígena Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán-Waut’a y Tuxpan- Kuruxi Manuwe de los municipios de Mezquitic y Bolaños del estado de Jalisco–, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de comuneros en los días 5, 6 y 7 de septiembre del presente año, bajo la convocatoria que fue emitida con fecha 23 de agosto del año en curso por parte de las autoridades competentes.

En esta Asamblea Comunal acudieron al llamado un total de 1 mil 810 comuneros quienes gozan de derechos y obligaciones, asimismo con voz y voto, de esta forma cumpliéndose el quórum legal que la Ley Agraria establece en su artículo 26 para la instalación formal de la Asamblea, así como por nuestro propio Estatuto Comunal.

Continuando con el orden del día, el primer día de la Asamblea, siendo las 12:00 horas, se abordó el punto siete referente a los Asuntos Agrarios, donde el presidente del Comisariado de Bienes Comunales informó a los comuneros sobre la situación actual que guardan los 45 juicios de restitución que tienen interpuestos nuestra comunidad Wixárika de San Sebastián y Tuxpan ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito XVI contra los posesionarios de la zona de Huajimic, municipio de La Yesca, estado de Nayarit.

En el desarrollo de este punto, en concreto el inciso “b”, el Comisariado también informó a la Asamblea sobre la movilización que se realizó el día 20 de agosto en la ciudad de Guadalajara, donde se exigió la ejecución de las sentencias ejecutoriadas al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito XVI.

Por las razones expuestas los suscritos, en representación de la comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán-Waut’a y Tuxpan- Kuruxi Manuwe de los municipios de Mezquitic y Bolaños del estado de Jalisco, toman el siguiente acuerdo:

Agradecemos en términos amplios en nombre de nuestra comunidad y bajo la anuencia del máximo órgano que es la Asamblea General, es decir, en voz de las y los niños, jóvenes, mujeres, hombres y consejo de ancianos a todos:

Los medios masivos y alternativos de comunicación; a la sociedad civil organizada; a la sociedad jalisciense, principalmente tapatíos; y al público en general, quienes brindaron su apoyo solidario e incondicional en la movilización pacífica que llevamos a cabo el día 20 de agosto del año en curso en las calles de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con su compañía, apoyo moral y económico, en la difusión y divulgación de nuestra problemática, ya que de esta forma nuestra exigencia tuvo eco nacional e internacional y fue atendido por el Estado mexicano y las instancias competentes en la materia.

Les informamos que estén atentos ya que nuestras exigencias, acciones y movilizaciones seguirán hasta lograr la restitución total de nuestras tierras ancestrales hoy invadidas por terceras personas. De igual forma informamos que si el Estado mexicano, principalmente las autoridades responsables como la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, sus áreas y programas como el Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural y el Grupo de Atención Especializado, el Tribunal Unitario Agrario Distrito XVI, gobierno del estado de Jalisco, gobierno del estado de Nayarit y la Secretaría de de Gobernación no cumplen con lo pactado de fecha el 21 de agosto del año en curso, así como de la minuta levantada el día 22 de agosto del 2014 en donde se instala formalmente la Mesa de Trabajo permanente con una agenda que incluye nuestras demandas y exigencias, principalmente los juicios de restitución para su cumplimiento cabal, volveremos a ocupar las calles, espacios públicos y alzar nuestra voz contra las instancias responsables por medio de protestas y movilizaciones pacíficas. Pero esta vez no sólo nos movilizaremos los 600 comuneros, sino la totalidad de los más de 3 mil 353 comuneros que integramos la comunidad. Incluso solicitaremos apoyo de nuestras comunidades hermanas Wixaritari al nivel regional y a nuestros hermanos pueblos indígenas de México y del mundo y haremos público nuestras protestas, para que toda la sociedad civil, medios masivos y alternativos de comunicación y el público en general nos acompañen.

Autoridades Agrarias: profesor Miguel Vázquez Torres, presidente de Bienes Comunales; licenciado Ubaldo Valdés Castañeda, secretario de Bienes Comunales; ciudadano Ignacio López de la Cruz, tesorero de Bienes Comunales; ciudadano Aurelio Díaz Bautista, Consejo de Vigilancia. Autoridades tradicionales: ciudadano Felipe Chivarra López, gobernador Tradicional de San Sebastián; ciudadano Luis Sánchez Carrillo, gobernador Tradicional de Tuxpan

 

 

 

Contralínea 404 / del 21 al 27 de Septiembre 2014