Nuestros lectores

 

Normalistas, objeto de una perversa estrategia de exterminio, opinan

Estimado señor director de la revista Contralínea:

Nosotros, catedráticos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresamos nuestra solidaridad con todas las personas y comunidades que están siendo sometidas a la desaparición forzada, tortura y genocidio sistemáticos en nuestro país. Recientemente los jóvenes normalistas de Ayotzinapa fueron objeto de una perversa estrategia de exterminio, que constituye un agravio a la sociedad mexicana.

Es preocupante que ante la presencia de una crisis social sin precedente en todo el país la clase política insista en tomar decisiones y generar políticas sociales y económicas que, lejos de respetar los derechos humanos, profundizan la corrupción, la exclusión, la degradación, la violencia y el despojo social.

La negligencia institucional para revertir esta crisis social es parte de la descomposición política y ética de quienes insisten en una estrategia económica propia de un estado fallido autocrático, privilegiando la seguridad de la clase política por encima del interés público, como lo demuestra la intensa propaganda de las contrarreformas estructurales y las recientes declaraciones oficiales denostando las movilizaciones sociales.

Por lo anterior, y ante los graves hechos de represión, expresamos:

1. Presentación con vida de los jóvenes secuestrados y desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

2. investigación imparcial de la cadena de complicidades que permitió la masacre, con participación autónoma de una Comisión de la Verdad integrada por familiares de los normalistas, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales.

3. Juicio público y aplicación irrestricta de las sanciones correspondientes a quienes dirigieron y a quienes obedecieron órdenes para cometer crímenes de lesa humanidad en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Sancionar a los responsables del retraso y deficiente manejo de las investigaciones para localizar a los estudiantes secuestrados por la policía.

4. Protección y reparación integral del daño a los sobrevivientes y a los familiares agraviados en su derecho a vivir con paz, justicia y dignidad.

Atentamente:

Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Distrito Federal, 25 de octubre de 2014

 

Juan Manuel Zaragoza, Daniel Rodríguez, José Luis Tello Sánchez, Minerva Barrón Escobedo, Juan Manuel Hernández, Idalia Espinosa Cosme, Adriana Isabel P Ocádiz, José Ramírez, Manuel Velasco Vázquez, Mónica Fernández, María Magdalena Gámez Arriola, Rocío Pérez Heras, Araceli Álvarez Herrera, María Arellano González, Óscar Yáñez Marín, Claudia García Pastrana, María Guadalupe Castilla Varela, Gustavo García Silva, Régulo Morín, Berenice Pérez Ramírez, Rosaura Ávalos Pérez, Guadalupe Imelda Manzo Guerrero, Elsa Inés Benítez González, Héctor Pérez López, Beatriz Ríos, Verónica García Portillo, María de Lourdes Valtierra, Hugo Flores Hernández

 

 

 

El Estado mexicano conoce el paradero de los 43 normalistas: EPR

Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, a las organizaciones políticas, populares y revolucionarias, a los normalistas de Ayotzinapa, a los padres de familia, a los familiares de los asesinados y detenidos-desaparecidos: ¡No están solos!

¡Hermanos, hermanas, camaradas!:

En Guerrero como en todo México, la guerra del Estado contra el pueblo es clara e inocultable, desde las estructuras del aparato represivo se despliega todo el terrorismo de Estado, entre dichas prácticas contrainsurgentes está la guerra sicológica que va de la mano de la mediática para imponer por todos los medios la versión maniquea de la actual junta administrativa para endosar el crimen de Estado cometido en Iguala a la mítica delincuencia organizada.

También es clara la respuesta del pueblo donde todos hemos expresado nuestro dolor, indignación y la disposición combativa en las diversas formas de organización y lucha. Este es un pueblo con memoria histórica, con tradición de lucha indomable, con dignidad que en los momentos cruciales también sabe y sabrá aplicar la justicia popular.

Nadie tiene el derecho de escamotear la solidaridad, de descalificar las diferentes formas de lucha, quien así lo hace asume parte en el cometido de los crímenes de Estado. Las variadas formas de lucha y expresión popular deben confluir en la consigna y exigencia popular de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, asimismo la exigencia de juicio y castigo a todos los responsables.

Las decenas de fosas clandestinas encontradas –tan sólo en un municipio de Guerrero– por la acción solidaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), comprueban que en todo México hay miles de tumbas de esta naturaleza, por consecuencia miles de asesinados extrajudicialmente, un crimen de lesa humanidad que no se puede borrar de la realidad mexicana por ser una práctica sistemática transexenal del Estado mexicano, que durante años, en complicidad de todos los niveles de gobierno, se esforzaron por ocultarlas detrás de la cortina de humo de la supuesta lucha contra el narcotráfico, para generar la indolencia e indiferencia colectiva ante los miles de detenidos desaparecidos, de asesinados, de desplazados de forma forzada, los miles de presos injustamente porque se trataba de “delincuentes”, de “narcos”, porque supuestamente formaban parte del entorno criminal y así son sustraídos de facto de todo derecho constitucional y humano.

La cercanía geográfica con el 27 Batallón de Infantería con las tumbas clandestinas comprueba una vez más el origen de la mano criminal, reafirma que los autores materiales de estas ejecuciones extrajudiciales es el mismo Ejército federal en coordinación con los demás cuerpos policiaco-militares-paramilitares. Crímenes de Estado que han estado vinculados al aparato represivo desde siempre.

 “Los misteriosos civiles” a los que supuestamente les fueron entregados los normalistas son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo, para fabricar el crimen perfecto endosado a los delincuentes, el cual a estas alturas se les desdibuja y aflora tal cual es: un crimen de estado con motivaciones políticas, dirigido contra jóvenes activistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Llama la atención la “celeridad y efectividad” al encontrar las fosas clandestinas desde las instituciones del Estado, esto sólo exhibe una conclusión: eran del conocimiento y control de las estructuras de gobierno, desde policías-militares hasta el generalato. Todas las instituciones están involucradas en los crímenes de lesa humanidad.

La verdad histórica debe conocerse, cualesquiera que fuesen los motivos, ya sean políticos o sociales, las decenas de restos humanos encontrados ultimados, ahora debe ser una exigencia más del pueblo, conocer las identidades y exigir castigo a los responsables de estos abominables crímenes.

En el desarrollo de su burda maniobra el Estado ha fabricado de forma expedita a los autores materiales, por cierto, tropa y funcionarios de menor rango; no se muerden la lengua al señalar al autor intelectual, una pieza menor y desechable dentro del andamiaje de la política burguesa para sostener contra viento y marea la tesis de la autoría del crimen organizado.

Desde la posición perversa del Estado ahora se pretenden diluir los motivos políticos y revertir la acción de la justicia hacia los 43 detenidos-desaparecidos y normalistas en general, al revictimizar y criminalizar la Procuraduría General de la República (PGR) a los normalistas de Ayotzinapa vinculándolos con el narcotráfico.

Este crimen de Estado también es el resultado de años de una campaña permanente de criminalización desde los monopolios de la comunicación y sus voceros contra el normalismo rural, la juventud y la lucha popular que se solidariza con las causas justas.

Que se sepa en todo México y en todo el mundo que políticos de oficio de toda laya, y lo más pusilánime de las plumas mercenarias, intelectuales orgánicos del régimen y empresarios oligarcas también son responsables de todos los crímenes que se han estado cometiendo contra el pueblo al ser parte fundamental del engranaje represivo.

Afirmamos y acusamos ante el pueblo y los pueblos del mundo que el Estado mexicano y la actual junta administrativa sabe perfectamente el paradero y la condición no sólo de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos, sino de los más de 70 mil mexicanos que están en esta inhumana condición.

No basta con la “científica localización-detención” del denominado A5 y su cónyuge, con la licencia a modo del gobernador figueroista o las renuncias de funcionarios menores, porque el cerebro y la mano criminal permanecen intactos y protegidos por el estado de derecho oligárquico que les da fuero e impunidad a los criminales de Estado. En éste y en todos los crímenes de lesa humanidad, en todo momento, la responsabilidad única y exclusiva viene de las estructuras del Estado sin importar el ámbito, acciones de lesa humanidad que emanan de las entrañas del poder oligárquico.

Todos los “hombres de bien” y las “buenas conciencias” gritan, se escandalizan, se horrorizan por los hechos “vandálicos” y “criminales” en referencia a las acciones combativas del pueblo en la lucha por la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos, pero sus hipócritas e infames berridos –como decía el inolvidable José de Molina– no son tan fuertes para condenar el asesinato a mansalva del 26 de septiembre y la detención-desaparición masiva de 43 normalistas.

Sus golpes de pecho y rasgar sus vestiduras no son suficientes para develar toda la podredumbre criminal de las instituciones del régimen antipopular y represivo desde donde se planifican estas masacres y crímenes de Estado, por el contrario, tienen la tendencia de crear la distracción para desviar y desvirtuar la esencia de estos crímenes de Estado.

Nosotros y el pueblo preguntamos: señores voceros oficiosos del Estado con ropaje de periodista, ¿se encuentran satisfechos con la reciente misión de terrorismo de Estado en Guerrero? ¿Se ha cumplido la cuota de sangre que desde sus columnas demandaban al estado policiaco militar para imponer la voluntad oligarca? ¿Contentos ya con el asesinato y detención-desaparición de los normalistas? ¿Contentos con el asesinato de la luchadora social Rocío Mesino y muchos más en su misma circunstancia? ¿Felices con las miles de ejecuciones extrajudiciales? ¿De plácemes con el asesinato político de decenas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Según su dedo inquisidor, ¿quién sigue? El Movimiento regeneración Nacional?, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los insurgentes, un falso positivo…?

Sí, nos referimos a ustedes, a los que desde el periodismo representan oficiosamente a la parte más reaccionaria y recalcitrante del medio y la sociedad; plumas y voces mercenarias del régimen y sus cuerpos represivos que rayan en la concepción fascista y malthusiana, piezas que hacen el papel de juez y parte en la criminalización de la protesta popular y la ejecución de crímenes contra los luchadores sociales, instrumentos clave para imponer la dictadura de opinión que justifica el terrorismo de Estado.

Señor Ciro Gómez Leyva, con las decenas de miles de detenidos-desaparecidos que existen en el país por motivos políticos y sociales, según usted, ¿ya se compara nuestro país y los gobiernos neoliberales con los niveles de barbarie que cometieron gobiernos dictatoriales y autoritarios en Centroamérica y Sudamérica, para ser denunciados como crímenes de lesa humanidad? ¿Ya se dio cuenta que en el país no solamente existen dos detenidos-desaparecidos? ¿Ya reparó que son decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales y miles de tumbas clandestinas donde impunemente fueron arrojados?

Señor Raymundo Rivapalacio, ¿Está usted contento? Resulta que a quienes señaló en sus columnas como vínculos y entorno del narcotráfico o la delincuencia, hoy en esos hogares familias enteras lloran a sus seres queridos asesinados y detenidos-desaparecidos, como también a los que equivocadamente señala que tienen un vínculo con el Ejército Popular Revolucionario que son perseguidos, hostigados y obligados al exilio.

Señor Ricardo Alemán, lo más rancio y atrasado de la sociedad no está en nuestras filas, se encuentra en las estructuras a las que sirve como pluma, vocero oficioso y justificante mediático para la represión. Lo más criminal y antihumano está del lado del régimen, con los que se codea y obtiene cómodas quincenas. Con sinceridad, responda de frente al pueblo, ¿según su oficio criminalizador quién sigue como víctima de la violencia del Estado? Queda claro el oficio de juez incriminador para que pueda actuar el aparato represivo contra los que ha señalado, es decir, usted pide, clama y exige la represión contra la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, el Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, la FECSM, el Sindicato Mexicano de Electricistas, al pueblo de Guerrero, Michoacán, Oaxaca que unas veces los trata como delincuentes, otras como guerrilleros o narcotraficantes. ¿Qué le hicimos para que destile odio hacia nosotros, hacia los normalistas rurales y al resto del pueblo?

Por lo visto su perversidad y bajeza humana no tiene límites, porque ante un pueblo asesinado, masacrado, desangrado y objeto de crímenes de lesa humanidad ahora exigen en voz del señor Aguilar Camín-Televisa el ensanchamiento de las leyes fascistas para castigar a los que exigen justicia; voz que se conjunta con el coro reaccionario de voces profascistas.

El pueblo una vez más habla a través de las acciones de protesta, legítimas y necesarias, ¿qué esperaban ante tanto agravio hacia el pueblo? ¿Cómo querían que respondiera? ¿Que marche el pueblo como mansos corderos hacia el degolladero? ¿Que religiosamente siga poniendo eternamente la otra mejilla?

Desde nuestras filas, es decir, desde la crítica política de las armas, preguntamos con sinceridad a nuestro pueblo si tenemos en el país el dolor que nos generan más de 70 mil detenidos desaparecidos, decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales e igualmente miles de presos injustamente. ¿Qué se podría hacer si todos nos hubiéramos unido para enfrentar a este gobierno terrorista como fuerza organizada del pueblo? Sin embargo, el pueblo ha sido desangrado sin siquiera darle la oportunidad de defenderse, los hijos del pueblo colman las cárceles y fosas clandestinas, han sido puestos como ofrenda a los dioses de la violencia del Estado.

A pesar de toda esta estela funesta de violencia institucional y dolor del pueblo hay algunos que afirman que no es válida la lucha armada revolucionaria porque sería un suicidio enfrentarse al sistema, pero, ¿no acaso nos están asesinando y deteniendo desapareciendo de forma inerme por miles por no dar paso firme y consciente a la organización y lucha revolucionaria? Del tamaño del agravio cometido contra el pueblo, éste siempre sabrá responder en consecuencia. A un lado deben quedar las discusiones superfluas y estériles para dar paso a la verdadera unidad popular.

La movilización y resistencia popular debe continuar en combinación con la generalización de las acciones políticas de masas que golpeen a los puntos nodales que sostienen a la dictadura del capital.

Si como se consigna en las diferentes ciudades “¡Ayotzinapa somos todos!”, que el grito de justicia popular atruene en cada rincón del país conduciéndose por valles, montañas, costas, barrios, colonias, pueblos, centros de trabajo y estudio. Porque el color de la sangre jamás se olvida, el pueblo clama que los masacrados deben ser vengados. A desarrollar la iniciativa y creatividad en la lucha popular.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos por el Estado! ¡A seguir exigiendo la presentación con vida de todos los detenidos de ayer y hoy! ¡A cerrar filas contra el terrorismo de Estado! ¡Por la revolución socialista! ¡Vencer o morir! ¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer con la guerra popular! ¡El EPR triunfara!

Comité de prensa y propaganda del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR). Año 50. República Mexicana, a 28 de octubre de 2014

 

 

 

Exige RNDDHM presentación con vida de 43 estudiantes desaparecidos

Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

Como es de su conocimiento, el domingo 26 de octubre de 2014 se cumplió 1 mes de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cometida por parte de elementos de la policía municipal que –como se ha informado por la propia Procuraduría General de la República– actuaban en colusión con un grupo del crimen organizado. Asimismo, se cumplió 1 mes de la ejecución extrajudicial de tres estudiantes: Julio César Ramírez, Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y de tres personas más, entre ellas un menor de edad. En esos mismos hechos fueron heridos por arma de fuego 20 estudiantes de la Escuela Normal Rural.

En este marco, las 172 mujeres defensoras de derechos humanos, provenientes de 97 diversas organizaciones que conformamos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), condenamos los hechos y expresamos nuestra preocupación por la seguridad de las y los defensores de derechos humanos que junto a familiares y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa continúan en la exigencia de la aparición con vida de los jóvenes desaparecidos y de acceso a la justicia para los familiares de las personas asesinadas.

La urgente y crítica situación en materia de derechos humanos que se vive en el estado de Guerrero y a nivel nacional ha merecido el pronunciamiento de organismos internacionales en esta materia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual desde el 3 de octubre de 2014, solicitó al Estado mexicano adoptar “las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”.

Pese a ello, hasta la fecha no existen avances significativos en las investigaciones, ni resultados concretos que den con el paradero de los jóvenes, ni el esclarecimiento de los hechos que identifique de manera plena a los autores materiales e intelectuales, lo que sin duda coloca en un nivel de riesgo extremo a las familias, a los estudiantes normalistas y a quienes les acompañan.

En ese sentido, cabe recordar que, como lo han expresado el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, “las personas defensoras desempeñan un papel primordial frente a la arbitrariedad y los abusos contra la sociedad, siendo ésta la piedra angular del estado de derecho”.

De esta forma la RNDDHM manifiesta su preocupación por las y los defensores de derechos humanos en Guerrero, quienes en su denuncia por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos enfrentan graves riesgos; particularmente expresamos preocupación por las defensoras de derechos humanos, quienes –como en su momento lo manifestó la relatora especial sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la señora Margaret Sekaggya, las mujeres defensoras “corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia y otras violaciones, perjuicios y formas de exclusión y rechazo que sus colegas varones”.

Por lo anterior las 172 defensoras de derechos humanos que conformamos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos exigimos al gobierno federal:

-Se presente con vida a los 43 estudiantes desaparecidos.

-Se dé cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 3 de octubre pasado, para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, todo ello en acuerdo previo con familiares y organizaciones acompañantes.

-Agilice las investigaciones para esclarecer los hechos y se sancione penalmente a los responsables materiales e intelectuales.

-Gire de manera inmediata las instrucciones necesarias, a fin de garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de las y los defensores en el estado de Guerrero.

-Garantice la seguridad y el desarrollo pleno de la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense.

-Que las autoridades mexicanas conduzcan investigaciones efectivas, prontas e imparciales para identificar a las personas cuyos cuerpos estaban en las fosas colectivas y llevar a la justicia a los responsables.

-Que las violaciones a los derechos humanos cometidas no queden impunes; que los autores materiales e intelectuales sean identificados y responsabilizados a plenitud, a fin de evitar la repetición de los hechos y la continuación de la represión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Desde la RNDDHM manifestamos nuestro respaldo e infinita solidaridad con familiares, estudiantes normalistas de Ayotzinapa y defesoras y defensores de derechos humanos que trabajan para que estos hechos no queden impunes, y nos unimos a la indignación y exigencia nacional e internacional de la inmediata aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa.

Desde los 21 estados de la República y el Distrito Federal en los que nos encontramos, quedamos atentas de las acciones que el gobierno federal lleve a cabo para poner fin a la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos en México.

Sin más por el momento, quedamos atentas de cualquier información.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 172 defensoras de derechos humanos de 97 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal

 

 

 

Denuncian caso de normalistas ante la Unión Europea

Señora Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlamento de la Unión Europea

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado de Guerrero, fueron atacados por la policía municipal de Iguala; como consecuencia, seis personas fueron asesinadas, 20 heridas y 43 jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada. Después de estas graves violaciones a los derechos humanos, las autoridades federales no actuaron inmediatamente propiciando que el presidente municipal de Iguala, principal autor intelectual de los ataques, escapara, y las búsqueda de los 43 estudiantes se retrasara. Asimismo la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos ocurridos contra los normalistas no recae solamente en la delincuencia organizada y el presidente municipal de Iguala, también los gobiernos estatal y federal tienen responsabilidad en estos hechos por omisión, al no reaccionar ante los señalamientos de colusión del crimen organizado con diferentes estructuras de gobierno y por su reacción tardía en la búsqueda de los desaparecidos.

Ante estos hechos se necesitan acciones por parte de la Unión Europea que incentiven al Estado mexicano para que presente con vida a los 43 jóvenes desaparecidos y el crimen no permanezca en la impunidad. El Parlamento Europeo así como todo la Comunidad Europea tienen la responsabilidad de pronunciarse y actuar cuando existan violaciones de derechos humanos sistemáticas en los países con los cuales firmó acuerdos. La Unión Europea y México firmaron el Acuerdo sobre Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. También existen obligaciones por parte de la propia Unión Europea derivadas de las Directrices Europeas de Derechos Humanos, por lo que solicitamos lo siguiente:

1. Respecto al Acuerdo sobre Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México pedimos hagan valer el artículo 58 párrafo 2 que dice:

 “Las partes convienen con fines del párrafo se entiende por ?caso de emergencia especial’ un caso de violación sustancial del Acuerdo por una de las partes. Una violación sustancial del acuerdo consiste en: a) una denuncia del acuerdo no sancionada por las reglas generales del derecho internacional, b) una violación de los elementos esenciales del Acuerdo que se enunció en el artículo 1, el cual dice: ?el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales como están enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo’”. Es decir, dicho Acuerdo se tiene que cancelar cuando exista una violación grave de derechos humanos, como es el caso con las desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa.

2. Respecto a la directrices de la Unión Europea y diálogo con países terceros se pide que se abra un diálogo entre la Unión Europea y México; se inicie un procedimiento de averiguación por medio de una Misión Civil de Observación conformada por parlamentarios europeos y reconocidos expertos en materia de derechos humanos, que puede ser apoyada en todo momento por las organizaciones de la sociedad civil en México y se active el mecanismo de evaluación con base en los derechos humanos establecidos en ésta directriz.

3. Pedimos que el Parlamento Europeo emita una resolución que incentive a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que atraiga el caso Ayotzinapa, tomando como referencia que esta Corte ya recibió comunicaciones de crímenes por parte del Estado mexicano.

Es de suma importancia aclarar que las violaciones de derechos humanos a los estudiantes de Ayotzinapa no son hechos aislados. En México se cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos que afectan a todo el país y la seguridad de las y los mexicanos. Tan sólo en Guerrero los crímenes y desapariciones forzadas durante la guerra sucia continúan en la impunidad. Peor aún, situaciones de violencia sistemática siguen vigentes en Guerrero. Asimismo, los operativos de búsqueda de los 43 estudiantes normalistas permitieron encontrar fosas clandestinas con cuerpos que no corresponden a los estudiantes, según los primeros hallazgos oficiales. En México, el número de desapariciones es alarmante, ya que ascienden a más de 20 mil casos desde 2006, cuando inició la militarización en el país por la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón. Además, varios episodios de graves violaciones a los derechos humanos sacudieron el país. En el Estado de México, el 30 de junio de 2014, militares cometieron ejecuciones extrajudiciales contra 15 civiles; en abril de 2011 se encontraron 193 personas en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, y en 2010, en la misma localidad, fueron asesinados 72 personas migrantes. En 2011, miembros del crimen organizado arrasaron al municipio de Allende, Coahuila, y secuestraron a 300 personas. Este hecho se ha mantenido en silencia y bajo encubrimiento oficial desde entonces.

Lo enunciado anteriormente son algunas de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, no son hechos aislados ya que se repiten constante y sistemáticamente. Apelamos a la Unión Europea a que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que ayude a las y los mexicanos a construir un Estado democrático de derecho, que respete y proteja los derechos humanos de los ciudadanos así como de las personas migrantes que transitan por su territorio.

Atentamente:

Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana).

 

 

 

Ni perdón ni olvido:?Frayba

El pasado 24 de octubre de 2014, a casi 1 mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en la comunidad Masojá Shucjá, municipio de Tila, Chiapas se llevó a cabo el aniversario Corazón de Memoria, Sembrando en Nuestro Territorio. Conmemoración para recordar a las víctimas ejecutadas, desaparecidas y desplazadas forzadamente dentro del conflicto armado interno no resuelto iniciado el 1 de enero de 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y para expresar solidaridad a las familias de los estudiantes normalistas.

Con una ceremonia tradicional en la iglesia de la comunidad, llena de símbolos mayas, iluminaron el día con candelas, para calentar el chule’l bajo el ritmo de una intensa y cálida lluvia, que se entrelazaban con las palabras de sobrevivientes y familias de víctimas, para quienes el no olvido, es principio ético. Su denuncia en voz en alto, persistente, sin claudicar y clara mención de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia (en adelante Paz y Justicia), quienes contaban con la protección del Ejército Mexicano, la policía de Chiapas y funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal en la pretensión de exterminar parte del Pueblo Chol.

A un costado del altar principal se encuentra otro espacio simbólico, construido con las manos de la memoria, expreso para el recordatorio, remembranza, memoria viva que palpita con la madre tierra, el carrizo, palmas y flores amarillas lo adornan, lugar donde con imágenes están presentes los que aún nos faltan, los desaparecidos y ejecutados, quienes con su luz nos llegan desde el cielo triste de la selva norte de Chiapas, ahí están sus fotos con todo el resplandor de su juventud y sus sueños, alumbrándonos el camino de esperanza y paz.

La ceremonia dio inicio con el homenaje al profesor Francisco Ramírez López, originario del ejido Limar, zona de paramilitares en la década de 1990. El profesor Francisco es uno de tantos hombres y mujeres valientes que defendieron la vida y la dignidad, su coraje y ejemplo nos convoca a seguir, nos dejó con estas montañas y nubes que visten el horizonte el 20 de agosto de 2014. “Nuestro compañero no falleció por enfermedad normal, sino por los efectos de su secuestro realizado por miembros de Paz y Justicia a mediados de 1995, quienes lo llevaron al panteón ejidal y allí lo golpearon y desde ahí se quedó enfermo, por los golpes, por las amenazas de los paramilitares”. El profesor Francisco fue uno de los principales impulsores del trabajo de la memoria que camina, que no olvida, la historia que lacera el corazón de la región, pero también de los hechos heroicos en la zona baja de Tila.

La documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registra que en la zona baja de Tila, Paz y Justicia cometió al menos 37 desapariciones forzadas, 85 ejecuciones y más de 4 mil 500 personas se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada para salvar sus vidas, sufriendo además el hostigamiento, la intimidación, destrucción de sus propiedades, tortura, tortura sexual, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos humanos.

Algunos de los testimonios presentados en el Aniversario Corazón de Memoria fueron de las víctimas: Héctor Pérez Torres originario de la comunidad Masojá Shuchá, ejecutado el 14 de julio de 1995; Rogelio Jiménez López originario de la comunidad Usipá, ejecutado el 4 de septiembre de 1995; Sebastián Pérez López originario de la comunidad Masojá Shucjá, ejecutado el 20 de junio de 1996; Mateo Vázquez Sánchez originario de la comunidad Susuclumil, ejecutado el 17 de julio de 1996; Mateo Arcos Guzman de la comunidad Aguascalientes, desaparecido el 1 de agosto de 1997; José Tila López García de la comunidad de Ts’ajkil, ejecutado el 21 de febrero de 1998. Así como la desaparición perpetrada el 20 de junio de 1996 de Minerva Guadalupe Pérez Torres originaria de Masojá Shucjá.

Lamentablemente estas graves violaciones a derechos humanos, han permanecido en la impunidad ya que los autores materiales e intelectuales no han sido verdaderamente investigados ni sancionados de acuerdo con su involucramiento en estos delitos de lesa humanidad. Esta situación ha sido denunciada ampliamente y se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; son 81 casos que dan cuenta de la atrocidad vivida en la región, en extensión hay 122 documentados por este Centro de Derechos Humanos cometidos en la zona Norte, son ejemplos de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno federal y estatal, con el Plan de Campaña Chiapas 942.

Se suman a esta fila de impunidad los casos de la Masacre de Acteal perpetrada el 22 de diciembre de 1997 por el grupo paramilitar priísta de Chenalhó; la Masacre de Viejo Velasco perpetrada el día 13 de noviembre de 2006 por 40 personas de la comunidad Nueva Palestina quienes eran acompañados de 300 Policías de Seguridad Pública del estado de Chiapas.

A nivel nacional la sistemática violación de derechos humanos, la situación de desaparición forzada y ejecuciones representa una profunda crisis de Estado, de la clase política y sus instituciones, la cual caracteriza a un Estado corrupto, ineficaz y obsoleto, que desde las heridas históricas, el mantenimiento de la impunidad es el sello del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco Cuello. Esta situación se agrava con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. La indignación internacional nacida desde las familias y compañeros de los jóvenes desaparecidos, se nutre con acciones solidaridad a las cuales se ha sumado la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia que integra a 32 organizaciones del continente3 con quienes mantenemos la exigencia de presentación con vida y la presión al Estado mexicano como responsable de estos actos considerados delitos de lesa humanidad, de un crimen de Estado.

En Chiapas las personas sobrevivientes y familias de las víctimas siembran amor y lucha en su corazón de memoria viva, en su territorio se crea conciencia, para mantener la verdad que se expande en el horizonte de esperanza, en esta resistencia la solidaridad nacional e internacional contribuye a tejer caminos de construcción de justicia. Desde nuestras trincheras nos sumamos a las voces que exigen: Ni un paso atrás, ni perdón ni olvido.                           

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1 Informe de Admisibilidad No. 26/131, Caso Rogelio Jiménez López y Otros, México. 20 de marzo de 2013.

2 La política genocida en el conflicto armado en Chiapas. Reconstrucción de hechos, pruebas, delitos y testimonios. Febrero de 2005. Disponible en: www.frayba.org.mx/archivo/informes/050201_la_politica_genocida_en_el_conflicto_armado_en_chiapas.pdf

3 #Ayotzinapaeslatinoamerica #43convidaya www.frayba.org.mx/archivo/enlaces/141021_ayotzinapaesla.pdf

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

 

 

 

 

Contralinea 410 / del 02 al 08 Noviembre del 2014