Desde los primeros días del pasado mes de julio, las escuelas normales oficiales del estado de Michoacán nos hemos movilizado exigiendo se entreguen las becas escolares atrasadas y se nos respete el derecho a acceder a un trabajo digno cuando egresamos de las normales, tal como lo establecen los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En respuesta a estas exigencias el gobierno del estado, encabezado por Salvador Jara, y el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, han hecho caso omiso no sólo de nuestras exigencias sino también del cumplimiento de los acuerdos establecidos el 7 de mayo pasado con el subsecretario de Gobernación de la Federación, Luis Enrique Miranda Nava.

 

No satisfechos con la negligencia política, el gobierno de Salvador Jara Guerrero respondió con acciones represivas, como las ocurridas el pasado 20 de julio, donde 26 compañeros normalistas fueron golpeados y privados de su libertad de forma ilegal, además de que varios compañeros fueron lesionados de gravedad. Aunado a estas acciones de violencia, se ha desplegado una campaña de linchamiento mediático y criminalización de la protesta social encabezada y financiada por la cúpula empresarial de Michoacán, particularmente por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la reaccionaria asociación Mexicanos Primero.

 

Todas estas acciones tienen por objetivo privarnos de nuestros derechos a la libre manifestación de las ideas y del derecho a las libertades de protesta y organización, consagradas en los artículos 6 y 9 de nuestra Carta Magna.

 

Por si fuera poco, el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Educación, quiere chantajearnos mediante la presentación del examen de nuevo ingreso para la generación 2011-2015 y la presentación del examen de permanencia para la generación de egresados de las normales 2010-2014, contemplados en la reforma educativa. Tanto normalistas como el magisterio michoacano nos hemos negado a realizar dichos exámenes debido a que vulneran nuestro derecho a la estabilidad laboral, ya que es un examen que no mide las capacidades pedagógicas ni didácticas del maestro, pues su finalidad es exclusivamente justificar la reducción de la planta docente del sistema educativo. Estos exámenes se enmarcan en la reforma educativa que por medio de la legalización de la autogestión escolar elimina la responsabilidad del gobierno mexicano de garantizar la educación pública para los hijos de los trabajadores, avanzando con ello un peldaño más en la privatización de la educación.

 

Ante este escenario, la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) declaramos que las acciones de protesta continuarán hasta que se respeten nuestros derechos democráticos, así como los acuerdos establecidos el pasado 7 de mayo, y por tanto se reciba una respuesta favorable a nuestras exigencias.

 

Además exigimos se detenga la campaña empresarial de criminalización de la protesta social y se detenga la influencia de las cámaras empresariales en asuntos relacionados con la educación pública, pues es evidente que intentan obtener beneficios privados con la aplicación de la reforma educativa por medio de la mercantilización de la educación.

 

Responsabilizamos de cualquier acto represivo y daño a la integridad física y moral de nuestros compañeros normalistas al secretario de Educación del estado, Armando Sepúlveda; al gobernador interino del estado de Michoacán, Salvador Jara Guerrero; y al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, ya que han sido ellos los encargados de violentar nuestros derechos sociales, alentar la denostación pública del normalismo y utilizar a los cuerpos policiacos y represivos para golpear nuestras protestas.

 

Convocamos al magisterio democrático, a las organizaciones sociales y al pueblo de Michoacán para que se sumen a la defensa de la educación pública y con ello la defensa del normalismo, así como al repudio de cualquier acto represivo contra los estudiantes agrupados en la ONOEM.

 

¡Por la defensa de la educación pública y del normalismo! ¡Por la defensa de la estabilidad laboral! ¡Rechazo rotundo a la mal llamada reforma educativa y a sus intenciones de eliminar la educación pública! ¡Rechazo rotundo a la injerencia de los mezquinos intereses empresariales en la educación pública! ¡Alto al hostigamiento y criminalización de la protesta social!

 

Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Michoacán, Preescolar; Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Michoacán; Escuela Normal Indígena de Michoacán; Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga; Escuela Normal de Educación Física; Escuela Normal Superior de Michoacán; Escuela Normal para Educadoras; Escuela Normal Urbana Federal

 

 

 

A la sociedad civil; a las organizaciones de derechos humanos; a los medios de comunicación honestos:

 

El 28 de julio pasado se hizo del conocimiento público que el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, le dictó un auto de formal libertad al compañero Cemeí Verdía Zepeda, al considerar que no existen pruebas para suponer su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sin embargo no fue liberado; más aún, se le privó ilegalmente de su libertad durante varias horas; hasta que estuvieron listas dos órdenes más de aprehensión por los delitos de robo calificado en agravio del ayuntamiento de Aquila y homicidio calificado en agravio de Argel Mejía Valdovinos.

 

Tras la ejecución de dichas órdenes de aprehensión fue trasladado al penal de Mil Cumbres, ubicado en Morelia, Michoacán. Cabe mencionar que en dicho penal existen personas recluidas ligadas al cartel de Los Caballeros Templarios que operaron en la región de la costa-sierra de Michoacán.

 

Hasta la tarde del 29 de julio, Cemeí Verdía no tenía un juez asignado a la causa penal que se le sigue y en el mismo sentido no está definida su situación jurídica. En otras palabras: se encuentra privado ilegalmente de su libertad.

 

Por otro lado, debemos señalar que los nuevos delitos son totalmente falsos y obedecen a una estrategia de represión orquestada por el gobierno estatal y federal contra los pueblos y comunidades de la costa-sierra.

 

En el caso del señalamiento de homicidio se puede puntualizar que:

 

-Argel Mejía Valdovinos fue parte del comando de sicarios que perpetró el atentado contra Cemeí Verdía Zepeda el pasado 25 de mayo.

 

-Argel Mejía Valdovinos, junto con otras cinco personas, entre ellos otros miembros de su familia, después de realizar el atentado, se atrincheraron en una cueva durante 1 día y medio (25 y 26 de mayo de 2015), desde donde se negaron a entregarse a miembros de la Fuerza Rural, policías comunitarios y policías ministeriales. En dichos hechos fueron asesinados por el comando de sicarios un comandante de la policía comunitaria de Ostula y un policía comunitario de Aquila.

 

-Argel Mejía Valdovinos, después del enfrentamiento, quedó gravemente herido y falleció en el punto desde donde estuvo disparando a los miembros de la Fuerza Rural, policías comunitarios y policías ministeriales.

 

-Argel Mejía Valdovinos y su familia son originarios del poblado de San Cocho, en El Salitre de Estopila, municipio de Chinicuila, Michoacán. Él y otros miembros de su familia pertenecían al cártel de Los Caballeros Templarios, bajo las órdenes de Federico González Medina, Lico, quien además es su familiar político.

 

-Argel Mejía Valdovinos y otros miembros de su familia salieron huyendo de la región tras el ingreso de los grupos de autodefensa y los policías comunitarios en 2014, pues se dedicaban principalmente al robo de ganado, extorsión y secuestro; además de formar parte del grupo de sicarios que operaba bajo las órdenes de Federico González Medina.

 

Ante esto, y como siempre, hacemos un llamado a estar atentos por la vulnerabilidad que le han impuesto a Cemeí Verdía y la situación delicada en la que está la comunidad, ya que su aprehensión busca debilitar sus estructuras y a su gente.

 

Atentamente:

 

Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María

Ostula, 29 de julio de 2015

 

 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; procuradora general de la República, Arely Gómez González; gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello; secretario general de Gobierno de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Óscar Trinidad Palacios; presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza; Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, embajador Jorge Lomónaco; Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Esteban Hernández Valencia:

 

Las organizaciones pertenecientes a la Red de Alerta Temprana manifestamos preocupación y solicitamos su intervención urgente ante la escalada de violencia contra pobladores de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas.

 

El pasado 16 de julio, en el parque central de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, Juan Bautista Hernández fue acribillado con armas de grueso calibre de uso exclusivo del Ejército, a unos cuantos metros del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática.

 

Juan Bautista Hernández sufrió persecución política. A finales de 2010 fue detenido y encarcelado en el Centro de Reinserción Social 14, conocido como El Amate, sin que existiese orden de aprehensión ni de cateo de su domicilio. A principios de 2012 fue liberado sin explicación alguna del delito por el cual fue encarcelado. A mediados de 2014 tuvo conocimiento de una nueva orden de aprehensión que lo obligó a promover un juicio de garantías ante los jueces de Distrito 6 y 7, sin que estos procedieran por no tener pruebas de los hechos.

 

El 20 de marzo de este año, a través de la Agencia Reporte Ciudadano en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emitió un breve comunicado en donde externó su preocupación por el constante hostigamiento, persecución y extorsión en su contra; se declara perseguido político y afirma: “Hago uso de mi palabra y quiero que mi palabra sea escuchada y llegue ante las instancias gubernamentales, y manifiesto que estoy señalado en un nuevo expediente penal con número 34/2015 arraigado en el Juzgado Penal de El Amate, ubicado en Cintalapa de Figueroa, cuando me señalan injustamente por segunda ocasión; porque la primera fue el 29 de octubre de 2010. Fui detenido arbitrariamente mediante cateo de tres corporaciones: militares, Policía Sectorial y Policía Ministerial y fue cateado mi domicilio sin ninguna orden judicial firmado por la instancia superior…”

 

El 26 de marzo de 2015, 5 días después del comunicado, sus familiares participaron en la marcha-peregrinación del pueblo creyente de la parroquia de Simojovel, Chiapas, y en cuyo pronunciamiento de denuncia y solidaridad las organizaciones participantes se manifestaron por la libertad y cancelación de las órdenes de aprehensión de perseguidos y presos políticos, entre ellos Juan Bautista Hernández. Posterior a su muerte, los familiares manifiestan que la orden de aprehensión 34/2015 fue una copia falsificada y manipulada que los extorsionadores intentaron utilizar para perjudicar a Bautista Hernández.

 

Cabe mencionar que este no es un hecho aislado, ya que en 2014 fueron denunciados por el Movimiento Campesino Regional Independiente- Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional los asesinatos del padre e hijo Montejo, originarios de la comunidad de Aurora Ermita, a plena luz del día y a unos cuantos metros del parque central. Asimismo se menciona, de acuerdo con informes de algunas organizaciones, que en 1 año se han ejecutado a más de 20 personas, sin incluir cuatro más que fueron asesinadas en el ejido Soconusco en los últimos días.

 

Por otra parte, es de gran importancia señalar que la situación de violencia generalizada que se vive en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, ha sido denunciada en varias ocasiones por los integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), filial de Jitotol, y su coordinador regional, fray Blas, mediante ruedas de prensa; por lo que ahora se teme por su vida y su integridad física y/o sicológica, ya que se sabe, por denuncias de otras organizaciones sociales, de la existencia de bandas organizadas que operan en varios puntos de la región y son los causantes de los asesinatos, las extorsiones y la violencia en general que se vive en la misma. Por estos hechos, las organizaciones que conformamos la Red de Alerta Temprana expresamos nuestra gran preocupación y urgimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno al cumplimiento de las siguientes demandas:

 

-Realizar una investigación independiente, imparcial y exhaustiva del asesinato de Juan Bautista Hernández y las demás personas mencionadas, y que el resultado de la investigación se haga público con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales previstas por la ley.

 

-Adoptar todas las medidas judiciales necesarias para esclarecer totalmente los motivos del asesinato de Juan Bautista Hernández y castigar a los responsables materiales e intelectuales, garantizando así el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.

 

-Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, que garantiza la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”; del artículo 12.2, que establece el deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”; adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la integridad física, sicológica y la seguridad jurídica de los integrantes de la Limeddh, filial de Jitotol, y su coordinador regional, fray Blas y se aplique con prontitud el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

-A los gobiernos federal, estatal y municipal a poner en marcha programas de desarrollo humano integral, que coadyuven a eliminar las causas estructurales de la violencia en la región.

 

-A la Representación de la Unión Europea en México, a interponer sus buenos oficios a fin de que una Misión Internacional de Observación acuda a la zona mencionada, con el fin de corroborar la situación que prevalece en la misma y se adopten las acciones necesarias para restituir la seguridad y la tranquilidad en la misma.

 

-A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instar al Estado mexicano a la adopción inmediata del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en favor de los integrantes de Limeddh, filial de Jitotol, y su coordinador regional, fray Blas.

 

-A los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten a las autoridades al cumplimiento de las demandas aquí solicitadas.

 

Atentamente:

Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana, Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh