2016 se está convirtiendo en un año de violencia exacerbada y muerte en Puebla. Catorce mujeres asesinadas en menos de 2 meses en hechos que parecieran indicar que se trata de feminicidios, es decir, que quienes las mataron lo hicieron por razones de odio, desprecio o posesión hacia ellas por el hecho de ser mujeres. Estas 14 mujeres asesinadas, varias de ellas embarazadas, además de ser una alarmante tragedia en sí, son la consecuencia y el síntoma de una enfermedad social que ha ido creciendo con el tiempo y en la que si bien la sociedad comparte la responsabilidad en este deterioro, las instituciones públicas en lugar de frenarlo lo han favorecido.
La impunidad y el abuso de poder han sido el sello institucional desde hace ya muchos años en Puebla, desde los casos de pederastia y trata de personas durante la administración de Mario Marín y en la que el propio exgobernador logró evadir su responsabilidad a pesar de las abrumadoras evidencias de su complicidad; hasta el desprecio violento y sistemático que ha caracterizado a la administración de Rafael Moreno Valle evadiendo restricciones legales o legalizando la brutalidad como ocurrió con la #LeyBala. Lo que los gobiernos en Puebla han dado como ejemplo es que el poder implica impunidad y esto abre la puerta a todo tipo de abusos y tragedias. El problema real para quienes están en el poder no es detener las tragedias sino ocultarlas o callarlas cuando se vuelven evidentes.
Asaltos, desapariciones, feminicidios, agresiones a periodistas, detenciones arbitrarias, agresiones a activistas y líderes comunitarios, rupturas de todo mecanismo de diálogo real entre gobernantes y gobernados, corrupciones y complicidades entre poder económico y político, impunidad para el que tiene algún tipo de poder, todo esto genera un ambiente violento, un clima de miedo y hostilidad de clase, de género, de todo, un ambiente donde el que matar se vuelve no sólo posible, sino cotidianamente aceptado. José Luis Tehuatle, Samai Márquez, los seis jóvenes de la colonia Lomas de San Miguel asesinados y calcinados en venganza por el robo a un empresario, y todos los demás casos, son parte de una misma enfermedad social que tiene entre sus causas un enorme deterioro institucional que no se resuelve con gendarmes, sistemas punitivos o estrategias de medios para ocultar lo inocultable.
Puebla está siendo un terrible símbolo de lo que provoca la ambición política, el oscuro y letal juego electoral que ha sido el principal objetivo de la presente gubernatura. En Puebla están quedando claros los verdaderos intereses de los de arriba, poder, control, dinero a costa de lo que sea; lo que pasa abajo, lo que le sucede a la población es un estorbo, un elemento que sobra en el tablero del poder. En las muertas, en las víctimas, en el dolor yacen las huellas de un estado de terror fundido en una práctica cotidiana y sistemática de impunidad e injusticia. El ejemplo constante del atropello a la condición y a los derechos humanos, la violencia como medio para lograr objetivos, el desprecio encarnado en transgresión permanente y legalizada ha dejado sus profundas consecuencias.
Como se ha sentido en México desde hace ya casi 1 década la sociedad esta, estamos ante una constante sensación de indefensión, de desamparo. Esta vez en Puebla no podemos ver cómo nos integramos a los estados con altos índices de violencia, nos queda hilar voces, reproducir gritos, buscar horizontes en los que quede algo más que el inminente panorama de desolación y silencio.
Es cierto que la sociedad tiene que hacer su parte, y la está haciendo, denunciando, difundiendo, sobreviviendo, organizándose a pesar de la represión y la violencia. Los gobiernos también tienen que hacer su parte, porque no la están haciendo, y no parece que la vayan a hacer, ni siquiera el primer y mínimo paso que es frenar sus acciones de impunidad, desprecio y violencia, y reconocer la gravedad de la situación y su responsabilidad en ella.
Ante esta situación no queda más que buscar formas de protegernos mutuamente, de sobrevivir juntos, de difundir la #AlertaPuebla y exigir un paso mínimo de las instituciones oficiales, sin excusas, sin pretextos (aunque parece inútil): una declaratoria oficial de alerta de género para Puebla.
Nodo de Derechos Humanos
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exige se garantice la vida e integridad de la defensora Aleida Quintana, integrante del Grupo Interdisciplinario Tékéi, el cual documenta y da acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en el estado de Querétaro.
Aleida Quintana, integrante de la RNDDHM, tiene un reconocido trabajo de denuncia y documentación sobre la desaparición, la trata de personas y los feminicidios en Querétaro; y se ha sumado a la exigencia de la emisión de la alerta de género en el estado.
La defensora ha sufrido diversas amenazas de muerte y de violación sexual, acompañadas de una campaña de difamación y desprestigio de manera permanente.
En el marco de su trabajo de denuncia en medios de comunicación sobre la desaparición de personas y los feminicidios, el 8 de enero de 2016 la defensora recibió mensajes en su celular con textos como: “Hija de puta así vas a terminar” e “Hija de la chingada has de querer una cogida”.
Asimismo una semana después, el escolta asignado a la defensora por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de la Gobernación, fue detenido por policías estatales por portación de arma y remitido a la Agencia del Ministerio Público Federal, si bien fue liberado horas más tarde, la defensora informó sobre lo sucedido al Mecanismo Federal, sin embargo hasta la fecha los hechos no han sido esclarecidos.
De igual manera, la defensora ha sido videograbada y fotografiada por un hombre desconocido en repetidas ocasiones, cuestionándola sobre su labor, sobre su relación con defensores de derechos humanos y sobre los datos que ha hecho públicos en relación con la desaparición, trata de personas y feminicidios en Querétaro. En una ocasión, este mismo hombre se acercó a ella, abrió su chamarra y mostró la playera que usaba con el logotipo de la PGJ (Procuraduría General de Justicia) diciéndole que no tuviera miedo.
El 23 de enero de 2016, recibió una llamada telefónica en la que le dijeron: “Mira no cuelgues…. pinche Puta la paciencia se acaba…”. La defensora colgó, intento llamar al número del que recibió la llamada, sin embargo el número se reportaba como “no existente”.
El 24 de enero de 2016, la defensora recibió el mensaje de texto: “Puta valora tu vida y cuidado y digas algo puta que no es difícil ubicarte”. Y un integrante de su organización también recibió mensaje que decía: “Hijo de la chingada dile a la puta que la tenemos bien checadita, que le baje de huevos y deje de mentir sino le vamos a partir su madre y a dar una buena cogida a ver si muy cabrona. Con cuidado pendejo”.
La situación de riesgo de la defensora ha ido en aumento, la madrugada del 14 de febrero del 2016 Aleida Quintana recibió una llamada telefónica en la cual le dijeron: “Date por muerta”.
De cara a todo lo anterior expresamos nuestra preocupación por la vida de la defensora Aleida Quintana, dado que a pesar de contar con las medidas protección del Mecanismo Federal, éstas han sido poco efectivas, los agresores no han sido detenidos y la impunidad en que se encuentran las agresiones han puesto en riesgo su vida, por lo que responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de las agresiones contra la defensora.
Cabe mencionar que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la Organización de las Naciones Unidas emitió en 2012 las Observaciones Finales del Comité CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8), a través de las cuales pidió al Estado Mexicano:
“Garantice la rápida aplicación de la Ley de Protección de los Periodistas y los Defensores de los Derechos Humanos de 2012 en los planos federal y estatal a fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, y vele por que no sean objeto de ningún tipo de violencia.”
Ante ello, quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos a las autoridades del gobierno de Querétaro y a las autoridades del gobierno federal:
Sin más por el momento, quedamos atentas de cualquier información y de las acciones que emprendan para salvaguardar la vida e integridad física de la defensora Aleida Quintana y de los integrantes de su organización.
Atentamente,
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, ubicadas en 24 estados de la República
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