Impunidad, signo de todos los políticos
Es preocupante lo que se señala en el reportaje “Hacienda descubre operaciones sospechosas de Emilio Chuayffet”. Insistimos: lamentablemente en nuestro país no se vive el estado de derecho. Quienes saquean la república no reciben ninguna clase de castigo. Si bien nos va, los meten presos pero luego salen como si nada. La consecuencia es que todos los políticos se comportan de la misma manera, porque “no pasa nada”. Deberían, además de enviarlos a prisión, quitarles lo que robaron y regresarlo a la nación.
Cecilia Vázquez García
Preparatoria de Xalapa deja sin clases a alumnos por telenovela de Televisa
Señor director:
Cómo no vamos a tener bajas calificaciones en materia educativa si las escuelas son prestadas para grabar telenovelas. Al gobierno de Veracruz no le importa cerrar una escuela con tal de que se lleve a cabo una filmación. Esto pasa en Xalapa, Veracruz.
Somos tres madres con hijos que estudian en el Colegio Preparatorio de Xalapa, conocido popularmente como “Prepa Juárez”. El motivo de nuestra indignación es que se utilicen los espacios educativos como éste para la grabación de telenovelas, algo que no tiene nada que ver con la función de los planteles educativos.
La mañana del 28 de octubre de 2013 nuestros hijos acudieron a sus clases a las 7 horas, y al llegar a la prepa les dijeron que no habría clases, pues se iba a grabar una telenovela del productor de Televisa Juan Osorio. Para evitar que los alumnos se molestaran, los invitaron a trabajar como extras; sin embargo, una buena cantidad de ellos se regresaron a sus casas. Nos preguntamos por qué no fuimos avisados de que nuestros hijos no tendrían clases esta mañana, pues aunque muchos de ellos viven aquí, en Xalapa, otros vienen de lugares aledaños y no se pensó en la molestia que ello les implica. Creemos que es una falta de respeto para con el alumnado de la escuela el hecho de que las autoridades se presten a los caprichos de las televisoras sin ponerse a pensar en lo que implica la pérdida de 1 día más de clases, después del conflicto magisterial vivido. Otra situación que nos alarma es la prioridad que se le da a la grabación de una telenovela por encima del derecho de los jóvenes a educarse y la complicidad de las autoridades escolares para evitar manifestaciones en contra de estas actividades, como se han realizado en otras partes del país cuando las personas se enteran que Televisa va a realizar grabaciones. Qué vergüenza da que el histórico y prestigioso Colegio Preparatorio de Xalapa sea ocupado de esta manera, con objetivos tan baratos y tan lejanos a su función principal.
Por esta razón, exigimos al secretario de Educación de Xalapa, Adolfo Mota Hernández, la aplicación del reglamento vigente a quienes permitieron la utilización del espacio para estos fines.
“En los casos en que los planteles estén cerrados por medios físicos, se procederá a su apertura registrando en forma pormenorizada el procedimiento para realizarlo. Si alguien impide la reapertura de las escuelas será notificado por el Órgano de Control del Gobierno del Estado de Veracruz de las sanciones que conlleva su proceder y se iniciarán las diligencias a que haya lugar […]. Se aplicarán las sanciones correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable, a quienes limiten o impidan la prestación de los servicios educativos”: Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación de Veracruz (10 de octubre de 2013).
Posdata: Les solicitamos de la manera más atenta no se publiquen nuestros nombres para evitar cualquier acto de represión contra nuestros hijos. Triste, pero así es.
Laura N
Beatriz N
Amnistía Internacional, preocupada por seguridad de familiar de una víctima de desaparición
El pasado 1 de noviembre, agentes de la policía fuertemente armados rodearon la casa de Brenda Rangel Ortiz, cuyo hermano lleva desaparecido desde 2009. Ella y su familia están haciendo campaña por la verdad y la justicia en el caso de su hermano y afirman que esta intimidación tiene como finalidad disuadirla de organizar una marcha en nombre de su hermano.
Según información recibida por la organización, más de 30 agentes de policía fuertemente armados, algunos de ellos vestidos de civil y con pasamontañas, se presentaron ante la casa de Brenda en la ciudad de Querétaro, en el Centro de México, hacia las 10 de la mañana del 1 de noviembre. Mientras la apuntaban con sus armas, dijeron a Brenda Rangel que habían recibido una información anónima que indicaba que tenía armas en su casa y en su camioneta. Brenda Rangel se negó a dejarles entrar ya que no llevaban orden judicial. Los agentes, pertenecientes a la policía estatal y municipal, se marcharon tras discutir con ella durante 45 minutos.
Más tarde, ese mismo día, unos 10 agentes de la policía municipal regresaron y permanecieron estacionados ante la casa durante 2 horas. Se negaron a informar a Brenda Rangel sobre los motivos de tal operativo.
El próximo 10 de noviembre de 2013 se cumplirá el cuarto aniversario de la desaparición del hermano de Brenda Rangel, Héctor Rangel Ortiz, ocurrida en Monclova, estado de Coahuila. En ese caso hay implicados agentes de la policía municipal de dicha ciudad.
Amnistía Internacional ha hecho un llamado a las autoridades del estado de Querétaro para que aclaren las circunstancias en las que se llevó a cabo el operativo en casa de Brenda Rangel, y que de comprobarse que el operativo fuera injustificado se haga rendir cuentas a las personas responsables.
Si este operativo hubiera tenido como objetivo disuadir a Brenda Rangel de llevar a cabo la manifestación y continuar la búsqueda de verdad y justicia por su hermano, supondría no sólo un evidente abuso de autoridad, sino una grave violación a los derechos humanos.
Amnistía Internacional solicita a las autoridades que de forma inmediata se garantice la seguridad de la familia Rangel, de tal forma que puedan continuar con la organización de la marcha sin temor a sufrir intimidaciones o represalias.
Llamamos a la Procuraduría General de la República para que ésta lleve a cabo investigaciones efectivas sobre todos los casos de desaparición y secuestro, incluido el de Héctor Rangel Ortiz, y que lleve a los responsables ante la justicia.
El número de personas que han desaparecido en México –ya sea secuestradas por bandas criminales o sometidas a desaparición forzada por servidores públicos– ha aumentado considerablemente desde diciembre de 2006, fecha en que las autoridades federales entonces en el poder, lanzaran una operación policial a gran escala, que incluyó el despliegue del Ejército para combatir al crimen organizado. En febrero de 2013, el gobierno actual hizo pública una lista de más de 26 mil personas que están en paradero desconocido desde 2006. Las autoridades no han proporcionado más información sobre el paradero de estas personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció, en junio de 2013, que tenía conocimiento de 2 mil 400 casos de desapariciones en las que estaban implicados servidores públicos.
El gobierno del presidente Peña Nieto ha reconocido, en parte, la gravedad de la situación, pero no la magnitud de la implicación de funcionarios públicos en desapariciones forzadas, ni tampoco la ausencia constante de investigaciones adecuadas. Muchos gobiernos estatales siguen negando por completo este tipo de sucesos. Las condenas son muy poco habituales.
Muchos familiares de víctimas han sufrido amenazas e intimidación por parte tanto de delincuentes como de funcionarios, y han padecido además la indiferencia o la respuesta inadecuada de las instituciones estatales. Unas 70 de estas familias, entre ellas la de los Rangel, han formado la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), con el fin de presionar a las autoridades de manera coordinada.
Héctor Rangel desapareció junto con otras dos personas el 10 de noviembre de 2009 en la ciudad de Monclova, Coahuila, después de que la policía municipal les diera el alto. Realizaban un breve viaje de negocios, pero no se les volvió a ver. Ante la falta de investigación, Brenda Rangel y sus familiares llevaron a cabo sus propias indagaciones, con un alto riesgo personal. Desde junio de 2013, el caso se ha asignado a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República. Hasta la fecha, el paradero de Héctor Rangel sigue sin conocerse, y nadie ha comparecido ante la justicia.
Brenda Rangel y su familia están organizando una marcha silenciosa con amigos y simpatizantes en la ciudad de Querétaro, como parte de sus continuas demandas de que se lleve a cabo una investigación completa para determinar el paradero de Héctor Rangel y que se promulgue una ley que penalice la desaparición forzada en el estado de Querétaro.
La marcha tendrá lugar este 10 de noviembre en la ciudad de Querétaro, a las 17 horas, iniciando en la Torre de la Esperanza ubicada en Avenida Constituyentes esquina Pasteur Sur.
Según el derecho internacional, los casos en los que están implicados, directa o indirectamente, servidores públicos constituyen desaparición forzada. No obstante, el derecho internacional también establece que las autoridades deben investigar todas las desapariciones o los secuestros, independientemente de quiénes sean los presuntos autores, y deben llevar a los responsables ante la justicia. Las autoridades han tratado con frecuencia de culpar exclusivamente a grupos del crimen organizado de los secuestros, y no han llevado a cabo investigaciones básicas. A consecuencia de ello se han ignorado pruebas de connivencia o implicación directa de funcionarios, por lo que los casos casi nunca se han investigado como desapariciones forzadas.
El informe más reciente de Amnistía Internacional sobre este tema (Enfrentarse a una pesadilla. Desapariciones en México) se publicó el 4 de junio de 2013 (http://ir.amnistia.mx/infoseap). Brenda Rangel cuenta a Amnistía Internacional su propia historia en este vídeoclip: bit.ly/novamosaparar. Otras familias pertenecientes a la Fuundec y otros grupos aparecen en este videoclip: bit.ly/unabusquedaincansable.
Amnistía Internacional
