Opinión

Las cifras en los diferentes medios del país son muy contradictorias; algo muy frecuente porque se desprecia la información y en su lugar se ideologiza. Pero más enturbiados son los números que ofrece la autoridad, la cual simplemente insiste que no pasan nada en México, estamos en calma y el gobierno avanza en todos los ámbitos.

Recuerdo que a comienzos de la década de 1990, poco después de la atomización del imperio soviético, la Casa Real saudí inició un tímido acercamiento hacia Moscú. Las gestiones diplomáticas, llevadas a cabo con suma cautela sorprendieron a los occidentales; para los wahabitas, Rusia había sido, durante décadas, el reino de los apostatas, algo así como el imperio del mal estadunidense, aunque con un tinte ideológico diametralmente opuesto. Con razón: el país de los soviets, baluarte de la liberación del ser humano y de la dictadura del proletariado se había convertido en la pesadilla de los príncipes saudíes, defensores a ultranza del sistema feudal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y entidades similares, dignas de toda sospecha, no han elaborado en serio una lista veraz de paraísos fiscales. Incluso en los últimos años pretenden que hay muchos menos. Pero no, están ahí. Territorios donde apenas se pagan impuestos. Primera condición sine qua non. Que el secreto bancario es dogma, la segunda. Y la tercera, el inviolable anonimato de titulares de cuentas, depósitos y movimientos de capital. Y negar por sistema cualquier información fiscal o financiera. Porque lo suyo es ocultar datos, nombres, apellidos, capitales y ganancias. Para no pagar impuestos.

Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan José Martí Es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos José Martí “En un país como México, donde desde hace muchas décadas los campesinos y los indígenas han sido estructuralmente explotados y marginados, la memoria de sus luchas y organizaciones es un deber y un acto de justicia para con ellos Urbano Arbide

El fantasma de la privatización del sector salud parece abandonar su forma etérea para materializarse a través de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados que pretende aniquilar el actual modelo de atención a enfermedades y riesgos de trabajo que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) prestan a millones de trabajadores y burócratas, tal y como lo establece la Constitución.