Hortencia Hernández Méndez
Los programas sociales en Coahuila han sido utilizados para la compra y coacción del voto, lo que implica condicionar parte del ingreso de familias pobres a cambio de apoyo político-electoral.
Los comités del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las colonias pobres, controlan y reproducen prácticas clientelares, lo que condiciona el acceso o permanencia de los beneficiarios; esta situación se genera porque se entrega dinero y/o apoyos en especie a cambio de cumplir condiciones como las de que los programas sociales sean recursos de intercambio en busca del voto.
En el sexenio de Humberto Moreira se entregaron las tarjetas de la gente (que después llamaron la Tarjeta del Hogar), del Teléfono de la Gente, de la Salud; se generaron programas sociales: comedores del adulto mayor, seguro escolar, farmacias de la gente, guarderías de la gente, finalmente el candidato del PRI y actual gobernador prometió la tarjeta, Más Mejor, con la que ofrecía beneficios hasta por un equivalente de 5 mil pesos (nunca se especificó si anuales o mensuales) si el 3 de julio del 2011, votaban por el entonces candidato Rubén Moreira.
Sin duda este promesa generó un gran impacto, se calcula que 450 mil coahuilenses recibieron la tarjeta de manos de operadores y lideresas durante la candidatura de Rubén Moreira; casi el 70 por ciento de los 721 mil 289 ciudadanos que votaron por él.
Cabe señalar que a la fecha, ya no existe ningún programa de los mencionados, pero es obvio que las personas que votaron por Moreira están esperando la Tarjeta de Beneficios, instrumento mediante el cual tendrán acceso a la totalidad de los antiguos programas y/o de los nuevos.
Es evidente que el uso político de los programas sociales viola las reglas de competencia electoral y los derechos de no discriminación para ser beneficiario de los programas lo que genera un grave problema para el desarrollo de la democracia.
Otro de los efectos negativos del clientelismo electoral es la disminución o anulación de la capacidad de la ciudadanía para ejercer sus derechos en la formulación de las políticas públicas. El clientelismo electoral inhibe la libertad política de la población para elegir a sus representantes y también incentiva a políticos a diseñar programas que se presten fácilmente al manejo clientelar durante las campañas electorales.
Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Coahuila para el ejercicio fiscal de 2011, la Secretaría de Desarrollo Social estatal manejó un presupuesto de 885 millones 444 mil pesos, y para el ejercicio fiscal correspondiente a 2012, 1 mil 599 millones 666 mil pesos (casi se duplicó el presupuesto), en el presente año, se deberán de duplicar los beneficios o implementar nuevos programas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, aunque a la fecha se desconoce cuáles se aplicarán en política social. Se solicitó una entrevista con la licenciada Martha Laura Carranza, titular de la Secretaría, pero hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta
En Coahuila, de acuerdo con el promedio de indicadores de carencias, los municipios de Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénagas, Escobedo, Francisco I Madero, General Cepeda, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Matamoros, Ocampo, San Pedro, Viesca, Villa Unión y Zaragoza, más del 40 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
Llama la atención que en la medición de pobreza en 2010, de acuerdo con el tipo de carencia social por municipio, en Hidalgo, Coahuila (una población de 1 mil 905 habitantes) el 40.7 por ciento sufre carencia alimentaria.
A la pobreza que existe en los municipios hay que añadir los problemas ocasionados por la sequía que ha devastado los escasos recursos naturales de flora y fauna que las comunidades utilizan para su alimentación.
Lo anterior demuestra que sí existe pobreza en el estado y se ve agravada por una condición natural, además de que las autoridades a pesar de contar supuestamente con un alto presupuesto, no han tenido la sensibilidad de atender a la población más desprotegida y lo que es peor, se desconoce si realmente llegarán a tomar cartas en el asunto.
Dentro de los programas federales de desarrollo social, en 2010-2011, en Coahuila se contaba con un padrón de beneficiarios de 282 mil 688 –sólo para el Programa Oportunidades–; en el Programa 70y+, en el periodo 200911-2009, 12 de acuerdo con los últimos datos disponibles en la página de la Secretaría de Desarrollo Social, se tenía un padrón de 25 mil 126 personas, además de que ha habido un incremento, ya que para 2010, contaba con 93 mil 476 personas, por lo que conforme los datos, el padrón se ha triplicado en el transcurso de un año.
En 2010, había 271 mil 930 personas para el Programa de Apoyo Alimentario; en el Programa Hábitat se registraron 41 mil 41, en el periodo 2010-2011; en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en 2009-2010, 25 mil 773 personas. El de Atención a Jornaleros Agrícolas registró 4 mil 244 personas, en el mismo periodo; y 2 mil 257 personas fueron beneficiadas en el de Rescate de Espacios Públicos.
Llama la atención que sólo 1 mil 114 padres y madres trabajadores del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se hayan beneficiado en 2011, ya que siempre ha sido una demanda prioritaria de las mujeres trabajadoras el contar con guarderías.
También 8 mil 986 personas se beneficiaron con el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial (para regularizar asentamientos humanos irregulares), de los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas; una posible explicación de esta situación quizá se asocie a las inundaciones que de 2010, cuando el huracán Alex inundó el 80 por ciento de las viviendas del municipio, lo que dejó a la población en condiciones de vulnerabilidad patrimonial.
Una búsqueda en las páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) da una idea de los programas, el padrón de beneficiarios, localidades y municipios de la República, como los períodos en que se han ejercido, aunque que las fechas registradas son poco claras (como se observa en el recuadro). A pesar de que existe el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, así como el de Suscripción del Acuerdo de Bases de Colaboración Interinstitucional en Materia de Blindaje Electoral (2008), ha sido imposible evitar que los recursos públicos federales se usen para hacer proselitismo político electoral.
En particular, en una entrevista realizada a beneficiarios del Programa 70 y más, en los pasillos de la Sedesol-Saltillo, el 1 de febrero pasado, se les preguntó a los beneficiarios que ¿cuánto tiempo de recibir los programas tenían?, en su mayoría respondieron que era la primera vez que lo recibían; ¿cree usted que los líderes se aprovechan de los programas?, contestaron que no;¿cómo se enteró del programa?, indicaron que por televisión y radio y otros preguntaron en las oficinas correspondientes.
¿Quién le avisó de que se debe de registrar en el programa?, en su mayoría los encuestados respondieron que “ahí mismo, en la oficinas nos avisaron que había que registrarse”; ¿a quién acudiría si no le dan el programa?, “aquí en este lugar”. ¿Sabe quien selecciona a los beneficiarios?, “no, pero es para las personas de más de 70 años”. ¿Sabe el monto máximo que puede recibir? contestaron que 1,000.00 por bimestre (mencionaron que este beneficio lo van a recibir dentro de dos meses). A la pregunta ¿buscó información sobre el programa antes?, todos contestaron que no.
No se detectó que casa por casa se elaborara el registro de beneficiarios por comités o lideresas, para ofrecer este programa. La señora Tomasa indica que “sí, que hay personas que se aprovechan porque ahí mismo en las oficinas me enteré de que el programa lo reciben hasta quienes tienen pensión”.
Se puede concluir que existe normatividad, una tendencia aceptable en el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, ya que también los programas están sujetos a una evaluación externa.
Pero no es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila, que en la página electrónica http://www.coahuila.gob.
mx/index.php/noticias/noticia/4047, aparece una noticia del 31 de enero pasado, en donde se indica de una inversión directa por alrededor de 18 millones de pesos para el Programa de Empleo Temporal, en donde la Secretaria declara: “Este programa estaremos en condiciones de arrancarlo, yo me imagino que en marzo o abril”. ¿Se imagina?
También se halló información del 3 de diciembre de 2011, sobre la “presentación por parte del titular del Ejecutivo, el licenciado Rubén Moreira Valdez, de los programas sociales que operarán a través de un instrumento único, denominado Tu Tarjeta de Beneficios; acompañado por Martha Laura Carranza Aguayo, secretaria de Desarrollo Social y de los alcaldes de los municipios de la región de los Cinco Manantiales, así como Oscar López Elizondo, de Piedras Negras; el secretario de Desarrollo
Rural, Noé Garza Flores; el diputado federal, Melchor Sánchez de la Fuente; el diputado lo-cal, Ramiro Flores; y los legisladores electos, María Guadalupe Rodríguez y Juan Alfredo Botello”.
Otra nota del 5 de diciembre del 2011, se anuncia la “puesta en marcha por el titular del Ejecutivo estatal, el licenciado Rubén Moreira Valdez, en la colonia Aviación del la ciudad de Torreón, del Programa Alimentario 2011; acompañado por el alcalde Eduardo Olmos Castro y los legisladores locales Verónica Martínez y Shamir Fernández, y el titular de Desarrollo Social Municipal, Fernando López”.
También del 19 de diciembre de 2011, se anuncia un “recorrido del gobernador de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez, y su esposa Alma Carolina Viggiano de Moreira, por la colonia Francisco I Madero Rústico, para entregar a los vecinos de manera personal y casa por casa, apoyos del Programa Cálidas Sonrisas”.
Pero en diciembre de 2011, Rubén Moreira implementó por lo menos el Programa Tu tarjeta de Beneficios, el Programa Alimentario 2011, el Cálidas Sonrisas y en enero pasado, el Programa de Empleo Temporal, esto es lo que la secretaria Martha Laura Carranza no sabe cómo explicar.
En la Secretaría de Desarrollo Social estatal no existe información relativa a los programas, padrón de beneficiarios, una normatividad, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Al respecto se realizó una indagación en la colonia Rubén Jaramillo, Ciudad de Saltillo, con los beneficiarios de las tarjetas en la administración del exgobernador Humberto Moreira, para preguntarles si ya recibían algún programa: indicaron que “las personas que integran el comité priísta pasan casa por casa para preguntarnos qué tenemos y cuánto ganamos, pero no nos dicen nada de cuándo nos van a dar la ayuda”; otros afirmaron que sólo “pasan a preguntar y anotar, pero son los mismos del comité”. Esto indica que hay intermediarios que levantan un padrón, líderes del PRI, para uso político de los programas sociales.
En realidad no debería de existir la necesidad de que ningún comité levante datos, si hay un programa social debe anunciarse en los medios. Es necesario que los partidos políticos de oposición constituyan consejos de control social o comités gestores de asistencia social, con carácter permanente, con las funciones de evaluar y fiscalizar la gestión gubernamental. Sus atribuciones serían las de contribuir a la construcción de la participación social en el monitoreo de la gestión de los programas, fiscalizar la transparencia, evaluar la eficiencia de las acciones y monitorear el desarrollo global de los programas (tanto en los ámbitos municipales como en los estatales).
Con el objetivo de medir el impacto de los programas en el combate a la pobreza sin caer en las distorsiones de uso político, como quedó de manifiesto con la tarjetas Más Mejor, para inducir el voto a favor de un partido, y de la cual las autoridades que alcanzaron el poder ya no quieren ni acordarse.
