Representantes de la sociedad sonorense, empresarios, agricultores, comerciantes, industriales, ganaderos y de la tribu yaqui suscriben la inserción periodística “O sus subordinados no respetan al poder judicial federal, o tienen órdenes de sus superiores de no respetarlo”, donde el general brigadier Jesús Gabriel López Benítez es protagonista. Ahí expresan por enésima vez su inconformidad por la amenaza del robo de agua de la presa El Novillo, que el (des)gobernador Guillermo Padrés Elías, apoyado por el presidente Felipe Calderón y el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, insiste en continuar la obra de un acueducto sobre la que pesan resoluciones judiciales federales y una definitiva para suspenderla. También aparece con motivo de los presuntos delitos cometidos por un general, un teniente-coronel, un mayor de infantería, seis oficiales y 22 elementos de tropa, acusados penalmente por delitos contra la salud, allanamiento de morada, robo equiparado, homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación (El Universal, 30 de enero pasado y Reforma, 31 de enero pasado).
Y es que para impedir que Padrés continúe en desacato, es necesario que la fuerza militar y policiaca de conformidad constitucional, presten auxilio. Pero López Benítez (su segundo apellido está mal citado en el desplegado periodístico), contestó a estos sonorenses que dadas las múltiples actividades del personal militar del Ejército y Fuerza Aérea para sus funciones constitucionales, no tiene disponibilidad para brindar este apoyo. Como no se manda solo, debe de haber recibido órdenes para dejar sin amparo militar a los agraviados por un (des)gobernador que abusa del poder. En su otra aparición, dejó claro al reportero Benito Jiménez que los militares implicados en los delitos cometidos en Chihuahua, durante 2008 y 2009, serán sometidos por la corte militar y el procurador será el fiscal con apego al Código de Justicia Militar. Para extender la posibilidad de ser juzgados por tribunales federales, fuera de la jurisdicción militar.
Extraña que López Benítez se apegue a derecho en este caso y no en el asunto de Sonora, donde por no intervenir para hacer valer una resolución definitiva (con amparos ganados y otra sentencia por desacato al desgobernador, quien debe de ser llevado al desafuero para juzgarlo) vaya a tener lugar una violencia civil por parte de quienes, desamparados por órdenes superiores (que indudablemente son de Calderón y el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván) no tienen otra opción que hacer valer por la fuerza su derecho ganado en los tribunales federales. Y es que López Benítez se negó a proporcionar el auxilio militar para darle validez a la suspensión del acueducto ordenada por un juzgado de distrito. Son dos varas para medir la justicia y la injusticia. Por un lado un acto constitucional, por el otro inconstitucional. En Chihuahua, la ley. En Sonora la ley… pero la de la selva. Y que la sociedad se haga justicia por propia mano. Así son las órdenes de Calderón.
*Periodista
