No fue el uso de la marca MVS en la organización Mexicoleaks lo que desencadenó los ataques en desplegados a toda plana y, después, el despido de los reporteros Irving Huerta y Daniel Lizárraga; y ante la defensa de Carmen Aristegui de su equipo de periodismo de investigación, la terminación de la relación laboral de la misma Aristegui. Bastaba con suprimir de Mexicoleaks las iniciales de la empresa de la familia Vargas. Pero el recién nombrado director general de Comunicación Social de la Presidencia de Enrique Peña, dueño de una cadena de restaurantes de comida japonesa, Eduardo Sánchez, aprovechó el conflicto para llevar a cabo la venganza de Angélica Rivera, Luis Videgaray y el mismo Enrique Peña Nieto, exhibidos por los bienes inmuebles que simularon comprar al empresario favorito del peñismo: Juan Armando Hinojosa Cantú-Grupo Higa.

Sánchez convenció a los Vargas-Chao-MVS de utilizar la crisis para disfrazar la censura a las libertades de obtener y dar información veraz y contrastada con un asunto “entre particulares”, de acuerdo con la explicación no pedida del boletín de la Secretaría de Gobernación-Miguel Ángel Osorio, la mano pública con guante conciliatorio de la mano negra de Aurelio Nuño-Los Pinos. Funcionarios, políticos y empresarios que han hecho de sus relaciones un botín, se sumaron a la presión para a toda costa y al precio que fuera (ellos asumirían el costo para apoyar a MVS), echar a la calle al programa radiofónico de noticias, investigaciones periodísticas, entrevistas y crítica, porque si con esto se apuntalaba Mexicoleaks, las elites políticas-administrativas y sus cómplices empresariales estarían más en la mira de las denuncias sobre corrupción.

Sacar el programa de Aristegui y cerrarle otras opciones en los medios de comunicación abiertos fue y es el objetivo del peñismo, con el fin de –al menos– disminuir, y si es posible cancelar, el proyecto Mexicoleaks, que ha puesto en alerta máxima a banqueros, patrones, militares, policías, funcionarios, jueces, magistrados, ministros, sindicatos, partidos políticos, etcétera, pues si logra establecerse, éste puede ser el destapacaños de la corrupción privada y pública que abortaría los despojos que han devastado a la nación, desacreditado a las instituciones y mermado su credibilidad.

Todo esto ha llevado al Estado –con la metáfora de la nave estatal de Bodino en Los seis libros de la República– al borde de un desastre, porque zozobra mar adentro, amenazada por la explosiva tormenta de los problemas sociales por hambre, empobrecimiento masivo, 40 millones en el desempleo, la crisis global del petróleo, la devaluación del peso, las violaciones a los derechos humanos y la intensificación de la tortura; en el contexto de la multiplicación de cárteles de las drogas y sus sicarios aumentando sangrienta, secuestradora y homicidamente tras la captura de sus capos. Y donde las autoridades no se atreven a intervenir el dinero que esos delincuentes atesoran en los bancos; y mucho menos arrasar el cultivo de las drogas con cuya comercialización obtienen armas, sobornan a funcionarios, compran jueces y viven en las cárceles principescamente.

 “Cuando escuchó la palabra cultura amartilló la pistola”, pero los Vargas-Chao-Peña al tener conocimiento de Mexicoleaks, echaron mano del arsenal nazi-fascista, si es cierto lo de George L Mosse (La cultura nazi: la vida intelectual, cultural y social en el Tercer Reich). Y además de los despidos arbitrarios, con un tiro quisieron derogar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las libertades-derechos de manifestación de las ideas y acceso a la información para buscarla y difundirla. Peña-MVS-Vargas y su cauda de empresarios y banqueros, quisieron derogar que la radiodifusión es un servicio público de interés general, donde debe prevalecer la pluralidad y la veracidad de la información. Y si bien suprimieron de su empresa el programa de Aristegui, permanece inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.

El tiro de MVS-Peña-Vargas, si bien ha hecho daño, no hirió de muerte a los Artículos 6 y 7 constitucionales. Esto es la lucha que sigue, para impedir que el vendaval autoritario arrase con ellos. Por lo que hace al programa de Aristegui, sí hubo inquisición administrativa de la empresa y, además, estableció censura y coartó su libertad de difusión de información y opiniones, avaladas constitucionalmente. Los agraviados deben presentar ante el tribunal constitucional la queja por violación a leyes constitucionales por parte de la empresa MVS, que ha violado no solamente leyes reglamentarias, sino disposiciones de la Constitución, como ésta lo dispone en el Apartado B, del Artículo 6.

El peñismo y sus aliados sólo se guían conforme a la perversa divisa de: “Lo único que importa es saber quién tiene el poder. Esto es todo” (obtenida del libro de Lewis Carroll), que ejercen el autoritarismo-autocrático para defenderse de las conquistas de las democracias: representativa y directa. El programa de Aristegui sufrió un ataque del abuso del poder privado con las concesiones públicas, al amparo, pues, del peñismo y sus compañeros de viaje en la impunidad, para no ser objeto del periodismo de investigación que va más allá de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Lo que asustó a las elites privadas y públicas fue la creación de Mexicoleaks. Y no les tembló la mano negra para encubrir con un despido lo que es parte de la cuenta regresiva para aplacar las protestas e intentos de revueltas que aparecen diariamente; porque en lugar de soluciones, el peñismo crea problemas, corrupción e impunidad.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

[CONTRAPODER]

 Contralínea 432 / del 12 al 18 de Abril 2015