Para Felipe de Jesús Díaz García, lector de Contralínea
Desde el salinismo, la nación ha vivido la creciente deslegitimación del poder presidencial y su órgano apéndice: el Ministerio Público federal, y que es identificado con la sigla PGR (Procuraduría General de la República); hoy arrastrará al Congreso de la Unión, si el peñismo sigue la ruta del perdón y olvido y este órgano colegiado no ejerce su facultad de encauzar a los calderonistas por medio del juicio político, al otorgar impunidad a los que en la elite del presidencialismo abusaron del poder sin recibir la sanción que merecen a sus actos y omisiones en perjuicio (daño político y daño material) de los intereses del Estado, la sociedad y el gobierno.
Si Pitágoras no se equivoca, de los casi 70 presidentes que hemos tenido, indudablemente, más de 60 de ellos fueron presidentes
del montón: incapaces, rateros, criminales. La mayoría se extralimitó para, despóticamente, hacer lo que
se les pegó la gana. Fueron arbitrarios. Sólo Santa Anna fue llevado a juicio político, acusado de infidencia, es decir, traición. Benito Juárez lo acusó ante el Congreso para que recibiera como sanción el destierro. Calderón debe ser presentado a juicio político por delitos cometidos durante el tiempo de su encargo, a partir del mes en curso y hasta noviembre de 2013, que son los 12 meses que prescribe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para proceder contra él. También debe ser presentado su empleado García Luna, el
carnicero de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ya extinguida como tal en este nuevo sexenio.
Ambos se aprovecharon del poder presidencial. Ejercieron desmedidamente sus facultades y funciones. Y como remate, García Luna permitió la persecución y ametrallamiento de una camioneta donde viajaban dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por su sigla en inglés) y un marino mexicano, cuyos homicidios no se consumaron, pero sus conductas tipifican tentativa de privación de sus vidas y otros delitos en su calidad de servidores públicos. ¿Qué buscaba García Luna y sus policías al intentar matar a los tres tripulantes? Disfrazados de civiles, ¿querían culpar de esos asesinatos a los agentes de la PGR?
García Luna tuvo que ser informado sobre la marcha del evento, pues uno de sus inspectores generales estaba al frente de ese cártel policiaco, de los que, hasta ahora, hay 19 elementos consignados. Y como Calderón apoyó a su amigo cuando comprometió al gobierno calderonista en serios y graves problemas internacionales con Francia (por su terquedad de ejecutar una venganza personal con el caso de la señora Cassez), igual lo hará ahora que lo hace enfrentarse con la administración de Washington por querer asesinar a esos dos agentes, de los muchos que están en nuestro territorio con la autorización de Calderón.
Desde el asalto, García Luna no dio la cara. Envió a sus subalternos, con lo que trató de eludir sus responsabilidades. Pero al ser el entonces secretario de Seguridad, debe responder del atentado, cuyos móviles ignora la opinión pública, aparte de que el calderonista haya tenido muy graves diferencias con la señora Marisela Morales, extitular de la PGR (quien vive en un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional mientras se va del país) y por cuyos desencuentros y pleitos, la inseguridad es cada vez peor.
Y lo cierto es que las policías de García Luna estuvieron implicadas en carnicerías humanas, ya que mataron a discreción lo mismo a delincuentes que a civiles; violaron domicilios; secuestraron y torturaron salvajemente. Entre las mujeres y hombres que ocuparon altos cargos, hay varios que merecen ser presentados a juicio político, además de llevarlos penalmente ante los tribunales. García Luna es uno de ellos, indudablemente quien más merece ser detenido, arraigado y acusado ante un juzgado penal, previamente ante el juicio político, acusado por la Cámara de Diputados federal; el siguiente paso sería ante la Cámara de Senadores para recibir su sentencia. Debe responder por ordenar homicidios, encarcelamientos, desapariciones forzadas y demás actos de terror policiaco.
Una entonces comisionada general de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, subalterna de García Luna, hasta trató de exculpar en su declaración a la Policía Federal, al calificar a los 19 consignados de haber actuado estúpidamente al no haber seguido “los protocolos, y porque no se detuvieron a pensar” (La Jornada, 20 de noviembre de 2012). Argumentó que la persecución de los agentes de la CIA y el marino mexicano fue una “equivocación”. Pero nada les importó que la camioneta portara placas diplomáticas, y le descargaron cientos de balas que no cumplieron el cometido de dar muerte a sus ocupantes, pues poseía un superblindaje.
Una vez más: ¿por qué quisieron matarlos? Obviamente lo saben García Luna y Calderón, ya que esos policías fueron comisionados para perpetrar los homicidios. Primero fue una emboscada, y luego una persecución, que sólo fue interrumpida porque el marino logró denunciar el ataque y fueron auxiliados por personal de la Marina.
García Luna ha sido un jefe policiaco al estilo de Laurenti Beria, quien dirigió el Servicio Secreto soviético en la época de Stalin, y que mataba por matar. Y Calderón ha protegido a García Luna hasta quedar atrapado en los fallidos homicidios en contra de los agentes de la CIA.
Queda 1 año a partir de este diciembre, para proceder contra Calderón y García Luna. Permitir que prescriba la acción constitucional para el juicio político sería una señal de que la impunidad prevalecerá por encima de las leyes y la Constitución. La guerra y la carnicería humana de ambos deben ser denunciadas ante el Congreso de la Unión y ante la PGR, de tal manera que sean encauzados también penalmente. Son más de 100 mil los homicidios perpetrados por órdenes de Calderón a los militares y por García Luna a sus policías federales lo que los hace corresponsables como autores intelectuales que han abusado del poder.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 314 / Diciembre 2012
