Otra de las características del mal gobierno, en lo administrativo y en la política del Partido Acción Nacional (PAN)-Felipe Calderón (por lo que este partido perderá las elecciones generales), es la conducta de sus funcionarios en los puestos legislativos y en los cargos de los poderes ejecutivos: presidencias municipales, gobernadores y Calderón como titular de la Presidencia de la República. A lo largo de la historia nacional ha existido lo que el historiador, sociólogo, politólogo y ensayista mexicano Daniel Cosío Villegas calificó y fundamentó como el “relajamiento constitucional” (análisis vigente que apareció en el primer tomo de la Historia moderna de México y que remata con su ensayo “La Constitución de 1857 y sus críticos”).
Nunca como en estos sexenios panistas dejaron de tener vigencia el cumplimiento de la constitucionalidad y la separación de poderes. Y no es que antes de la ya frustrada alternancia presidencial los gobernantes del Partido Revolucionario Institucional se hayan lucido al atacar el imperio de la ley. El estado de derecho no es el santo y seña para la relación entre sociedad y gobierno. Ha imperado el gobierno de los hombres por encima de las instituciones, configurando una modalidad del despotismo. Y el abuso de poder, ahora policiacamente militarizado para combatir una criminalidad que no cede.
La mayoría de los funcionarios juran cumplir y hacer cumplir la ley, pero es mínimo su acatamiento. Los integrantes de los poderes judiciales, en los estados y en la federación, andan en las mismas. Por eso es que la impunidad prevalece en la medida que las resoluciones no se cumplen. Ha sido necesario recurrir a instancias internacionales para que Calderón y su secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, a regañadientes y a medias hagan como que se someten al cumplimiento de sentencias. Pero se rehúsan a tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y a sabiendas de que nuestros tribunales no aceptarían una demanda contra Calderón, decidieron denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (Contralínea, 20 de noviembre de 2011). Y ahora, ante el robo del agua por parte del desgobernador Guillermo Padrés Elías –a través de un acueducto desde el municipio de Cajeme al de Hermosillo–, apoyado por Calderón y José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua, los afectados le advierten a la complicidad Padrés-Calderón que no tienen más opción que “acudir en demanda de justicia ante cortes internacionales”.
Los agricultores, ganaderos, campesinos, la tribu yaqui y los cajemenses –que no tienen más agua que la que se acumula en la presa El Novillo, para consumo y riego de Ciudad Obregón, el municipio de Cajeme y el Valle del Yaqui–, llevan casi dos años librando, pacífica y legalmente, una lucha judicial de competencia federal –ante la jueza Octava de Distrito– que les ha sido favorable, con una resolución definitiva para suspender la construcción del acueducto, bautizado irónica y burlonamente como Independencia. Y Padrés alentado y apoyado por Calderón (quien ordena a las fuerzas militares no ejecutar la resolución judicial) ha continuado la obra sobre la que pende el fallo.
Una y otra vez los cajemenses han buscado la manera legal de hacer valer su derecho constitucional. Y Calderón, para respaldar en su arbitrariedad al desgobernador Padrés, es quien con una orden presidencial impide que vayan en auxilio judicial la fuerza militar y policiaca. Éstas, por medio de sus funcionarios: el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez y Moisés Robles Cruz, se excusan con justificaciones anticonstitucionales.
Los representantes cajemenses por enésima vez han publicado un documento donde denuncian que el presidente, por medio del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, aprobó darle 2 mil millones de pesos a Padrés para continuar el acueducto y que éste al, manipular al PAN de Sonora, empujara la candidatura del favorito de Calderón. Está claro que el inquilino de Los Pinos está dispuesto a continuar con su complicidad para el robo del agua al Valle del Yaqui. Agotadas las instancias, peticiones y gestiones, quienes defienden su derecho al agua, le avisaron que si no se cumple la resolución judicial realizarán “actos contundentes y determinantes de desobediencia civil” y, simultáneamente, interpondrán demandas internacionales en derechos humanos y tribunales, para hacer prevalecer el orden constitucional que ambos han pisoteado con toda la impunidad que los caracteriza.
El documento-carta (publicado en El Universal el 30 de enero pasado) está redactado en ejercicio del derecho de petición y por última vez tras haberlo hecho durante casi dos años en la prensa escrita de Sonora y del Distrito Federal. Calderón se niega a acatar el fallo de detener la obra (expedido por el Juzgado Octavo de Distrito del Poder Judicial federal) que no ha tenido el apoyo constitucional de recurrir a la fuerza pública.
En consecuencia, los afectados se han reunido para suscribir la denuncia de desobediencia de Padrés, esperando en un lapso razonable respuesta a su petición de cumplir con la obligación constitucional de apoyar la resolución judicial. Si esto no es atendido, los cajemenses ejercerán sus demás derechos constitucionales. Y avisan que están dispuestos a una serie de actos de desobediencia civil en caso de que Calderón-Padrés, en su complicidad, insistan en resquebrajar el orden constitucional.
*Periodista
