Como toda norma, también la Constitución puede ser violada sólo por aquellos que deben cumplirla. ¡Y mucho más desde el punto de vista de una interpretación de la Constitución que se ha esforzado, por todos los medios, de desplazar el centro de gravedad del poder al jefe de Estado!
Hans Kelsen, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?
A excepción de José Ramón Cossío, ocho ministros interpretaron servilmente la fracción VIII del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los derechos de los ciudadanos para votar en las consultas populares y ejercer la soberanía nacional ante el poder público, que dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste (Artículo 39); y con esto sometieron el Poder Judicial federal al inquilino de Los Pinos que ostenta el cargo de presidente de la República. Y no debiendo reunir los tres poderes del Estado federal, con la dictadura de la mayoría del Poder Legislativo, y como si el nuestro fuera un Estado unitario y monárquico preconstitucional, ha centralizado en su persona el Supremo Poder de la Federación, pisoteando el Artículo 49 de la Carta Magna de 1917.
Al resolver los ocho ministros que no procedían las consultas populares sobre los salarios mínimos ni sobre las contrarreformas energéticas, las que, dicho sea de paso, son contrarias a los principios que sanciona la Constitución (Artículo 136), no solamente han interrumpido la observancia constitucional, sino que se ha iniciado un gobierno contrario al estado de derecho conquistado por la nación con la Revolución de 1910, misma que nos dio la Constitución Política de 1917. Y que reformó la de 1857, por un Congreso Constituyente, único facultado para establecer principios que no deben ser modificados por el llamado constituyente permanente de los congresos; y que, de existir un tribunal constitucional, ya hubiera abrogado los cambios constitucionales peñistas y revocado las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impidieron realizar las consultas populares.
Esos ocho ministrillos, encabezados por Olga Sánchez Cordero, a la que en mala hora le otorgaron la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri –el guerrerense que levantó su voz contra el golpismo de Victoriano Huerta– y la que debería devolver por su genuflexión al presidencialismo, junto con su compañera Margarita Beatriz Luna Ramos, iguales de anticonstitucionalistas para servir a su patrón de Los Pinos, quienes con seis más de ese órgano colegiado, asidos a triquiñuelas nazifascistas, resolvieron que el señor Peña es el único favorecido y defensor de la Constitución, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas del ideólogo del nacionalsocialismo Carl Schmitt. Éste sostuvo que ninguna interpretación constitucional debería ir en contra de lo que disponía Adolfo Hitler (en su perverso ensayo antidemocrático y antirrepublicano titulado La defensa de la Constitución). Este miserable trabajo, como producto de La miseria del historicismo (Karl R Popper), fue refutado por la respuesta de Hans Kelsen en el libro ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, quien propuso que debería ser un tribunal constitucional.
Y no como el autoritarismo presidencial mexicano que determinó que la Corte fuera juez y parte –como lo es– al tener facultades para interpretar, a modo nazi, que no proceden las consultas populares. Nada debe consultársele al pueblo, pues vivimos –mejor dicho, sobrevivimos– en un sistema presidencialista que está periclitando. Y con una democracia representativa atrapada sólo en elecciones, la Corte de Olga Sánchez y Luna Ramos (ésta pertenece al nepotismo de una familia incrustada en varios presupuestos judiciales) ha cancelado las peticiones para que los ciudadanos ejerzamos la democracia directa.
Defendiendo al presidencialismo peñista, los ocho ministrillos decidieron que, como en el reich de Hitler, el señor presidente es el defensor de la Constitución. Aunque ese presidencialismo ya está en jaque mate por el desastre económico, el crecimiento de la inseguridad, el desempleo brutal, la pobreza y el hambre, que afectan a más de 100 millones de mexicanos. No defendieron la Constitución. Tampoco, y mucho menos, uno de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos: consultarles sobre el aumento de los salarios mínimos y respecto de la privatización petrolera.
Así fue que Peña y sus seguidores de los poderes Legislativo y Judicial se volvieron un sólo poder para imponerle a la nación un programa económico neoliberal devastador. La elite gobernante sí se consultó y unilateralmente resolvió. Y aunque las consultas populares son para limitar a los tres poderes, y que un tribunal constitucional sea el defensor de la Constitución, la Corte de los ocho ministros ha resuelto que el señor presidente sea su beneficiario, y que los ciudadanos no intervengan para corregir el abuso del poder.
Queda claro que la Corte de los ocho ministrillos se puso al servicio del führer de Los Pinos siguiendo la doctrina del ideólogo del nazismo Schmitt. Y decretó que las consultas populares eran “improcedentes e inconstitucionales”. El nazismo se ha instalado en la Corte y, junto con las delincuencias, está engendrando al único beneficiario de la Constitución: el presidencialismo peñista. Y como tal, en su único defensor para gobernar, con los otros dos poderes, en beneficio de la elite política y económica, violando la Constitución. Vivimos una atmósfera presidencialista que nos asfixia, donde ésta es la defensora de la Constitución, con una Corte que le hace la corte a Peña para entronizarlo más en el autoritarismo, obsequiándole la cancelación de las peticiones para celebrar las consultas populares.
Álvaro Cepeda Neri*
*Periodista
Contralínea 415 / del 07 al 13 de Diciembre 2014
