Mientras muchos políticos no quieren salir del clóset para de una vez por todas poner al descubierto sus inclinaciones sexuales, a consecuencia de sus adicciones o supuestas “equivocaciones de la naturaleza” –otros más esconden su alcoholismo, ponen en secreto sus divorcios y hasta nombran en cargos a sus exesposas–, se da vuelo en la Cámara de Diputados el machismo perverso que anularía la obligación jurídica-electoral de integrar con no menos del 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género e incluso lograr la paridad entre mujeres y hombres (nuestra legislación todavía no especifica la inclusión de la gran pluralidad sexual que contemple hermafroditas, etcétera).
Se trata del caso de 10 diputadas: seis del Partido Verde (el mismo que propone la pena de muerte, protege la devastación de manglares y es una empresa familiar conectada en complicidades con Televisa, la familia Del Mazo y otros intereses), dos del Partido Revolucionario Institucional, una del Partido de la Revolución Democrática y una del Partido del Trabajo.
Esos cuatro partidos se presentaron ante sus electores y a espaldas de ellos impusieron a esas 10 mujeres, que se presentarían a la competencia por una representación legislativa federal, únicamente para acreditar la integración del 40 por ciento de un mismo género.
En cuanto tomaran posesión, como lo hicieron, presentarían ante el órgano colegiado, del que forman parte, licencia para separarse de sus cargos, en contra de lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que “incurrirán en responsabilidades… los partidos políticos nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultasen electos no se presenten a desempeñar sus funciones”.
Con ello violan, incluso, la fracción IV, del artículo 36 de la citada Constitución, donde se establece que es, entre otras de las obligaciones del ciudadano de la república: “Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados”.
Además, los legisladores federales y es éste el caso, “antes de tomar posesión de su encargo” prestarán “la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” (artículo 128 de la Ley Fundamental de la Unión). Con arreglo a esos tres artículos constitucionales, no proceden las solicitudes de licencia, tramposa manera de renunciar, salvo por causa grave que ha de calificar la Cámara de Diputados del Congreso General.
El camuflaje de la licencia de estas legisladoras, que obtuvieron mayoría de votos para representar a la nación, es eso: una treta, una tramposa acción que, de dársele curso aprobatorio, sentaría un precedente de gravísimas consecuencias para la república y la democracia indirecta, juanitizándose la política electoral, al presentar a un candidato y luego sustituirlo por otro ciudadano, nada más porque existe el “pacto” para legitimar y legalizar el “quítate tú, para ponerme yo”, en un juego pervertidor y machista.
Esos cuatro partidos buscan sacarle la vuelta a la necesaria equidad de género en los órganos legislativos para continuar sometiendo a las mujeres a un patriarcado que está causando mucho daño a las funciones de las instituciones, al no contar con una representación al menos equilibrada de sexos.
Desde hace un tiempo, la población mexicana acusa mayoría de mujeres y éstas carecen de representación y participación en las decisiones individuales y colegiadas de los órganos de nuestra de por sí elitista y masculina democracia indirecta o de representación, que requiere de la asistencia de mujeres y hombres para mezclar con ambos criterios los contenidos de las decisiones administrativas, judiciales y, en el caso, legislativas.
Las mujeres están siendo usadas como medios por los partidos, en complicidad con el género masculino de la Cámara de Diputados, cuando ellas son fines del resultado en las urnas, donde los ciudadanos resolvieron que ellas fueran diputadas y representantes de la nación.
Al pedir licencia para separarse de sus cargos, apenas habían tomado posesión, ellas, las 10 legisladoras. Los partidos que las postularon y los integrantes de la LXI Legislatura, por el sólo trámite, ahora suspendido, han incurrido en graves incumplimientos a la Constitución.
Sería una burla que ellas se fueran para que sus curules sean ocupadas por sus suplentes varones, en lo que no es más que una premeditada maniobra para favorecer los intereses masculinos, donde está claro que, además de ese machismo, se ocultan compromisos de los partidos con facciones o grupos de presión que contrataron a mujeres para que dieran la cara por cobardes que se esconden tras las faldas de quienes triunfaron, ganando los sufragios que ellos, con sus pantalones sin cinturones, no habrían podido ganar.
Lo que ha pasado en la LXI Legislatura, como intentona abortada, es una manifestación más del matrimonio patriarcal-machista en todos los órdenes de la vida pública y privada que denuncia la subcultura política que hace las veces de ancla del republicanismo-democrático en el contexto de la sociable-insociabilidad, que debemos ir resolviendo para reducir las tensiones de la sociedad civil. Y los partidos han de empezar por autoeducarse en respetar la igualdad de los sexos ante la ley, y las conquistas de éstos para la salida del clóset de sus demás manifestaciones.
Si en la Cámara de Diputados su mayoría acepta la licencia de las 10 legisladoras, entonces la nación perderá a igual número de representantes, y el machismo, con sus perversos pactos, habrá triunfado en deterioro de las ya de por sí marchitas instituciones de la democracia representativa o indirecta.
Con ello, el pueblo, en respuesta, buscaría radicalizar las manifestaciones republicanas (consultar los ensayos de Sergio Ortiz Leroux, “Sociedad civil y republicanismo”; y de María Isabel Wences Simon, “Republicanismo cívico y sociedad civil”; en el libro, Lecturas de la sociedad civil. Un mapa contemporáneo de sus teorías, editorial Trotta) a través de la democracia directa que hace a un lado las representaciones.
