En el número 139 de Contralínea se publicó la dramática carta-denuncia suscrita por Lilia Cortés García (exdirectora de Asuntos Jurídicos de la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) donde narra su despido y denegación de justicia en un mar de persecuciones, torturas y amenazas (algunas cumplidas), no obstante las 19 averiguaciones previas relacionadas con una docena de auditorías ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Y en el régimen de “las manos limpias” no se ha movido un dedo administrativo ni judicial para avocarse al asunto cuyo fondo es la negativa de la exfuncionaria para transferir ¡90 mil millones de pesos! del Presupuesto de Egresos de la Federación a la corrupción, tierra adentro, de la burocracia hacendaria; y porque se negó a “dar las justificaciones legales para mover a diferentes capítulos y partidas ¡450 mil millones de pesos!”
La exservidora pública ha recorrido, desde hace siete años, todas las instancias donde interpuso su queja, y que ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje obtuvo la sentencia favorable para ser reinstalada en su cargo, fundamentada en dos laudos y tres acuerdos plenarios, desde hace cuatro años.
Agotados sus trámites jurídicos ante la PGR, las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, en diferentes medios más, además del presente, han publicado esa carta dirigida al presidente de la República (y recibida en Los Pinos) sin obtener respuesta. Y es que estamos en el país de la impunidad, denegación de justicia, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos y sus garantías.
Como periodismo de investigación, la reportera Ana Lilia Pérez nos presenta en detallado reportaje, el informe “top secret” que el todavía director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles y González de la Garza rindió ante el Consejo de Administración de la empresa (cada vez menos pública y cada vez más privada).
Y que suscriben, también, la secretaría de Energía y presidenta del Consejo, Georgina Kessel, Alejandro Fleming Kaufman y Raoul Capdeville. Es una prueba documental del desbarajuste administrativo interno que ha dañado ese patrimonio nacional que, si “por la boca muere el pez”, entonces la cúpula de Pemex ha confesado una mala administración y pésima conducción al abrir otro boquete de la otra cara del botín petrolero.
Por esta información, una vez más Roberto Ortega Lomelín, asesor estrella de Reyes Heroles, y su jefe de prensa Carlos Ramírez, echarán “madres”, pestes y centellas, pues les provoca rabia que se den a conocer los asuntos a la opinión pública con arreglo a las libertades de información, que transparenta lo que ocultan los servidores públicos de Pemex.
Empresa siempre en el filo de la quiebra, no obstante su producción a lo largo de siete décadas (1938-2009) debido a la corrupción de sus directivos, complicidades con contratistas voraces, displicencia presidencial del alemanismo al calderonismo (1946-2009) y toda clase de piratas que han asaltado a Petróleos Mexicanos.
La reportera Nancy Flores penetra otro “secreto”: los 356 fideicomisos (figura fiduciaria para más corrupción, ocultando miles de millones de pesos) que el calderonismo ha ratificado y creado otros más que, no obstante la resolución de la Suprema Corte para la rendición de cuentas, siguen manteniéndose fuera del alcance de la mirada pública.
Según el trabajo periodístico, están de por medio más de 500 mil millones de pesos que, como en tiempos de la desgracia foxista, pueden desaparecer al terminar el sexenio y llegar a los bolsillos de los funcionarios de la administración pública centralizada y descentralizada.
En todos los niveles de la administración pública aparecen las ilegalidades, falta de honradez, deslealtad, parcialidad e ineficiencia de, en este caso, los que desde Los Pinos han sostenido los fideicomisos que son un “manejo indebido de fondos y recursos federales” que, conforme a los artículos 108 a 114 de la Constitución, se hacen acreedores a juicios políticos y penales para el deslinde de sus responsabilidades.
Los tres temas de esta columna apuntan, con todo y que fideicomisos y petróleo tengan mucho que ver, por sus raíces, con los sexenios anteriores a los panistas, pero que le toca al calderonismo resolverlos. No lo harán los continuadores del foxismo con su incapacidad para gobernar, que no para el botín y a sabiendas de que van de salida (fracasados los dos intentos de alternancia y con éstas la cancelación de la urgente transición que consiste en reformar las instituciones con adiciones como las que está promoviendo el grupo senatorial del Partido Revolucionario Institucional a través de su cabeza política más lúcida, Manlio Fabio Beltrones).
Lo de Pemex no es sólo el intencional subejercicio presupuestal, como perversamente hundir a la empresa, por la que el pueblo de 1938 con uno de los tres auténticos estadistas en la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas, sacrificó su patrimonio para pagar la expropiación, en un acto individual que sumados son la nación y consignan el heroísmo de una sociedad cuando saben que tienen un dirigente capaz de un viraje histórico.
Así como las privatizaciones desde De la Madrid y, sobre todo, con Salinas y Zedillo, fueron ejecutados previa quiebra intencional de las empresas, víctimas de la corrupción; así, también se ha buscado con Fox y Calderón presentar a Pemex como una empresa que sólo tiene salvación si se entrega al sector privado exterior e interno, con lo cual la riqueza petrolera se desnacionalizaría completamente.
La treta de los fideicomisos se ha usado pervirtiendo su figura financiera desde “hace más de 40 años” o desde el porfirismo, con la Ley Limantour de 1905, como hace un recuento histórico y análisis jurídico fiduciario y administrativo Rodolfo Batiza en su clásico libro de El fideicomiso (editorial Porrúa, SA).
Los fideicomisos han sido utilizados, con todo y la obligación de su rendición de cuentas, para esconder millones de pesos que se apropian los funcionarios al término del sexenio, cuando los liquidan, robándose el dinero y repartiéndolo entre los “40 ladrones” sorprendidos por Alí Baba, que si éste existiera, más allá de la fantasía literaria y no con el “¡ábrete sésamo!”, lograría abrir las cuentas bancarias de los funcionarios en los paraísos fiscales. Éstos, como los narcotraficantes, integran las dos caras de la delincuencia organizada, para robar y esconder en el secreto bancario sus fortunas mal habidas.
En cuanto a la carta de doña Lilia Cortés García, en un país de las maravillas por la impunidad, encubrimiento y corrupción, demuestra que existen mujeres y hombres dispuestos a no dejarse ante la adversidad, a luchar por sus derechos contra viento y marea de la denegación de justicia, asidos al último elemento contenido en la caja de pandora mexicana: la esperanza que, una vez agotada, deja el camino constitucional de, por todos los medios, “alterar o modificar la forma de gobierno”.
