La metaconstitucional militarización de Chihuahua está legalmente incompleta, ya que no basta enviar soldados y policías federales con base en la fracción VI del artículo 89 de la misma ley fundamental. Todo porque de facto se suspendieron los derechos humanos y garantías en las entidades donde actúan el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para combatir a paramilitares y narcotraficantes.
Y en ese fuego cruzado no pocos ciudadanos han sido víctimas de atropellos, agresiones, violaciones a sus domicilios y homicidios. Sólo hay 53 militares sujetos a proceso penal de las más de 12 mil denuncias al respecto y, supuestamente, 12 sentenciados que purgan condenas intramuros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cada día se informa sobre acciones de soldados contra civiles, calificadas… ¡por el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa! como “imprudenciales” (La Jornada, 24 de julio de 2009). Son muchos y muy alarmantes los actos que ingresan al catálogo de la impunidad. Es el caso del asalto militar y policiaco a Canal 3 de Televisión y Radio Digital, empresas bajo concesión XEJS, de Parral, Chihuahua.
El corresponsal Rubén Villalpando informa que el director de esos medios de comunicación (Otho Valles-Baca) se presentó ante el Ministerio Público Federal para denunciar la violenta irrupción de 60 militares en sus instalaciones, tomadas sin orden judicial ni previo aviso administrativo de la Secretaría de Comunicaciones para sacarlas del aire, al más puro estilo del abuso del poder, como lo hicieron las escuadras militares nazis.
Casi a bayoneta calada y con el estruendo de las pisadas policiaco-militares, allanaron el domicilio de la empresa, gritando que era por mandato de Comunicaciones y Transportes (¿Molinar Horcasitas, además de titular de la secretaría también tiene facultades militares o está usurpando las que le corresponden al comandante en jefe del Ejército?).
Una supuesta disposición administrativa, en términos de “un mandato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por una violación técnico jurídica de operación”, fue suficiente para imponer una inquisición administrativa ejecutada por la manu militari. ¿Estamos en tiempo de paz o en tiempo de guerra? Lo que hicieron los policías federales (que en su mayoría son soldados) contra las dos empresas de comunicación pública es gravísimo, pues canceló su funcionamiento, porque ejercen las libertades de expresión conforme al imperio de la ley constitucional.
De igual manera la han tomado contra el periódico El Diario, de Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde sicarios y militares están escenificando una guerra y no una simple operación contra las delincuencias que están resistiendo. Mientras, los mexicanos que ni la deben son los que están sufriendo las consecuencias. Resulta que por órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional dejaron sin protección al periódico, porque insiste en informar sobre los hechos y ejerce las libertades de prensa.
Todo esto muestra que los militares han abusado, aunque sea por “actos imprudenciales”, de sus órdenes presidenciales, violando derechos y garantías de quienes nada tienen que ver con el enfrentamiento de los narcotraficantes y las fuerzas militares.
Esta información sólo fue exhibida por la La Jornada el 21 de julio de 2009. Hasta la fecha, no hay la menor aclaración sobre hechos que constituyen un asalto a los medios de comunicación que han mantenido su libertad constitucional como su única defensa.
