A raíz de los pros y contras de la militarización del país para enfrentar y combatir a las delincuencias que lideran los cárteles del narcotráfico, los muertos (de los que sabemos, porque los baños de sangre no dejan contabilizar su totalidad en tres años del calderonismo) ya suman 18 mil.
Esa violencia ha invadido a todos los mexicanos, los cuales son víctimas, porque nada tienen que ver en esa “guerra de (casi) todos contra todos”. De entre éstos, están quienes cumplen con su deber profesional de informar y opinar sobre esos hechos que tienen a la nación sumida en el terrorismo de fuego cruzado entre policías y militares contra esa delincuencia armada y dispuesta a llevar su desafío a las instituciones hasta sus últimas consecuencias. Pero también el abuso de los gobiernos a través de los excesos de ministerios públicos en las 32 procuradurías y la Procuraduría General de la República (PGR) que constantemente imponen inquisiciones administrativas y judiciales a periodistas de casi todos los medios de comunicación.
Con Medina Mora y ahora con Chávez Chávez, en la PGR no cesan esas persecuciones ni atienden, intencionalmente, las denuncias y quejas de los periodistas agredidos (por esa mancuerna ineficaz e indolente de Juan de Dios Castro… ¡de la Subprocuraduría de Derechos Humanos!, y su achichincle en la Fiscalía para Delitos contra Periodistas).
Los capos llevan más de 20 casos amenazando y cumpliendo dichas amenazas contra los reporteros en Sonora, con la complicidad de politiquillos durante el desgobierno de Robinson Bours, y en Sinaloa con el desgobernador, por ejemplo, y no se diga en Chihuahua y Guerrero.
En esta entidad, la última “hazaña” de su procuraduría, con el consentimiento del perredista y empresario desgobernador, es presionar al director del periódico El Sur de Acapulco, que se edita en Chilpancingo, para que comparezca sobre lo que sabe como periodista del homicidio del diputado Armando Chavarría, ocurrido hace cuatro meses. Su director Juan Angulo, por ejercer un periodismo de investigación, publicó la información lograda.
“La Procuraduría –escribió Miguel Ángel Granados Chapa en su columna Plaza Pública del periódico Reforma el 17 de diciembre de 2009–, a falta de responsables a los que no puede identificar y detener, se empeña en hacer comparecer al periodista (Juan Angulo) para que diga ante un agente del Ministerio Público lo que dijo ante sus lectores”.
En Ciudad Juárez, donde los homicidios suceden diariamente, el periodista Ricardo Chávez Aldana, de Radio Cañón, solicitó asilo a las autoridades estadunidenses que sólo le concedieron visa humanitaria por seis meses, debido a que por su información, los sicarios mataron a dos de sus familiares directos. Y por el temor fundado de que lo asesinen con su esposa e hijos, se internó en ese país.
Procuradurías y narcos persiguen a reporteros para impedir el ejercicio de las libertades de prensa, que, como está visto, no dejarán de cumplir. La persecución y amenazas cumplidas contra Ricardo Chávez y Juan Angulo, por dar a los lectores información veraz y comprobada de hechos sobre la delincuencia y la ineficacia de las procuradurías, quieren, una vez más, amedrentar a los reporteros y demás periodistas para que no cumplan con su deber constitucional respecto de las libertades de prensa.
