No sé si además de la radio en otros medios de comunicación se difunda la sangrona, rayando en la estupidez, propaganda de “Mi IFE”, para hacer creer que el Instituto Federal Electoral (IFE) y sus nueve consejeros, encabezados por Leonardo Valdés Zurita, son un dechado de eficacia y honradez (cuando estuvieron a punto de embolsarse millonaria suma de manera graciosa).
Como gallinas cluecas festinan el buen proceso electoral, cuando hicieron el trabajo los ciudadanos participantes. Y presumen de haber empollado las urnas arrasadas por el abstencionismo y votos nulos (pues no supieron convocar a los ciudadanos a sufragar cuando menos en un 80 por ciento). Así que los pollitos no son de esas gallinas y menos de “Mi IFE”, que para las próximas elecciones enfrenta una alternativa: renovarse o morir.
Las resoluciones definitivas e inatacables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), de María del Carmen Alanís, generan engendros por sus tardíos y enredosos dictámenes (como la creación de Juanito) y tienen a la justicia electoral como un peloteo entre el Trife y “Mi IFE”, terminando en denegación de justicia, pues son más “amigos de Platón que de la verdad” jurídica.
Dos instituciones que no responden al reclamo del pueblo, de organizar y resolver los problemas electorales, perdonan las sanciones a las prepotentes y desafiantes televisoras ante las cuales se rinden; pero se van encima de las libertades de prensa y, en particular, de los medios escritos que ejercen los derechos de información y libertad de expresión.
Y han vuelto a cuestionar al periódico La Jornada (a quien un locutor matutino de Radio-Centro-Radio Red, molesto, impugnó por cómo presentan su trabajo, indignados ante las injusticias) para fincarle inquisiciones administrativas y, de ser posible, hasta judiciales, para que sus reporteros den a conocer sus fuentes de información.
Los magistrados del Trife, en su última resolución ante una queja del IFE (nos informa Fabiola Martínez en La Jornada del 30 de julio de 2009), mantienen su necedad anticonstitucional para que el diario les entregue sus fuentes de información; arguyen que el IFE debe replantear la solicitud, ya que lo que demandan tiene cierta legalidad y que el periódico no está excluido de proporcionar la información que le exigen.
Esto significa que ambos se han puesto de común acuerdo (la separación de poderes y jurisdicciones es un principio del Estado democrático y republicano que los Leonardo Valdés y los María del Carmen Alanís pasan por alto, en la creencia de que la Constitución no está vigente) para las inquisiciones en marcha.
El Trife y el IFE del gobierno panista, nuevamente, se han puesto muy exigentes para abrir el secreto profesional de las fuentes de información de la prensa e ignoran que a ningún precio los periodistas que cumplen con su deber constitucional y practican la ética democrática les darán la más mínima oportunidad para que magistrados y consejeros impongan la censura vía sus amenazantes inquisiciones.
Los del IFE y del Trife están envalentonados, tal vez, porque huelen, en los militares sueltos por el país, el tufo golpista, a cuyas vísperas presionan para arremeter ahora contra La Jornada. Pero de lo que se trata es de ir minando el terreno constitucional para ir derogando y después abrogando todas las libertades que como fines tienen los derechos humanos de los mexicanos. De esto se trata, cuando Valdés y Alanís, atrincherados en su IFE y su Trife, enseñan los dientes de la autocracia.
