El exsecretario de Gobernación llevó mano en la más reciente campaña de ataques a los derechos humanos constitucionales de quienes los ejercen como ciudadanos, máxime cuando se trata de los periodistas. Calderón y Gómez-Mont Ureta, haciendo el “uno-dos”, se fueron encima, sobre todo, de la prensa escrita, a la que por todos los medios (incluyendo la discriminación publicitaria oficial, manejando los fondos públicos como de su propiedad, siendo otra modalidad de corrupción para el botín de los directores de comunicación) quieren someter al control gubernamental.
Panista uno y aparente expanista el otro, pretenden que la información se ajuste no a la veracidad contrastada con los hechos, sino que asida a la autocensura deje de ofrecer esa realidad a la opinión pública para publicar sólo los boletines y decires de los funcionarios, quienes mienten sobre lo que ha pasado a partir del golpismo militar disfrazado de lucha a muerte contra las delincuencias, para que no se sepan los abusos y homicidios cometidos contra ciudadanos (los mazahuas que García Luna encarceló fueron golpeados, robados y privados ilegalmente de su libertad) que nada tienen que ver en ese conflicto, y sólo ejercen su derecho constitucional a vivir en sus domicilios y transitar sin tener que ser agredidos y asesinados.
Gómez Mont, panista disfrazado de antipanista (como Manuel Espino disfrazado de “periodista”, de los ultras de El Yunque y avanzada del fundamentalismo seudocristiano), y que ha insistido en sustituir la Constitución por el Código Penal, se atrevió a dar línea sobre cómo deben los medios de comunicación dar a conocer la información sobre el combate fallido a la delincuencia. Exigió casi el silencio y que los periodistas callen ante el baño de sangre y los excesos violentos de unos y otros, para que este sea el país del “no pasa nada”. Es un ataque autoritario. Y lleva visos de limitar la libertad de expresión. No fueron habladas del extitular de Gobernación. Era para continuar la embestida iniciada y constantemente repetida de Calderón contra las libertades de manifestación de las ideas, de escribir y publicar escritos (por radio, televisión, Internet, etcétera) y formular peticiones, en el contexto de “investigación y de libre examen y discusión de las ideas”, duramente conquistadas a través de las Revoluciones de 1810, 1954 y 1910.
Gómez Mont le enseñó los dientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sus temerarias imputaciones de que, con las demás comisiones de los estados, es “cómplice” y “tonto útil” de la delincuencia. Y al contrapoder de la prensa le quiso limar el filo de sus críticas y derogar el derecho a la información porque, supuestamente, ésta le hace el juego a la violencia del narcotráfico. En ese juicio condenatorio del, antes que político, abogado penalista, habría que encontrar a los “tontos inútiles” que son comparsa del autoritarismo presidencial que quiere abolir esas libertades. Es necesario que de todo el país, donde el republicanismo y la democracia tienen a sus convencidos seguidores, se salga al paso de lo que más que una fanfarronada fue un ataque directo a las libertades y a su defensa, como derechos humanos, los cuales estorban a estos gobernantes que se “han hecho indignos de gobernar” y, desesperados ante su inminente derrumbe, quieren deshacerse de esos derechos y libertades que son el límite a los abusos del poder de los calderonistas y de cualquier otro. Como cuando los fascistas quisieron hacer lo mismo, la prensa como contrapoder hace suya la divisa: “¡No pasarán!”
