La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene un órgano que recibe quejas contra las agresiones de funcionarios que, además de pisotear los derechos constitucionales de las libertades de prensa, actúa contra quienes las ejercen para informar y criticar en el contexto de que esas libertades son un contrapoder para los abusos de los poderes del Estado.
Éste oculta información que a pesar de las inquisiciones administrativas y judiciales, agresiones físicas, persecuciones, secuestros y hasta homicidios con todas las agravantes, los medios de comunicación, una y otra vez, insisten en dar a conocer a la opinión pública.
En la actual y creciente inseguridad, donde diariamente se rebasan decenas de homicidios entre narcotraficantes, militares, policías, secuestrados, no faltan los crímenes de periodistas, casi siempre, desde órdenes dadas por funcionarios, para tratar de impedir que los exhiban, por medio de la veracidad informativa, las fotografías, las caricaturas, las críticas y demás manifestaciones del ejercicio de las libertades de prensa.
Los sicarios, por órdenes de los capos, amenazan o ejecutan a periodistas, secuestrándolos y advirtiéndoles que ya no informen sobre los hechos de la violencia, los homicidios y el comercio ilegal de las drogas.
En la Procuraduría General de la República (PGR) también existe la Fiscalía para Delitos contra los Periodistas, que manejan a su antojo y para sus intereses, cobrando quincenalmente sueldos que no desquitan con su trabajo, el trío de Juan de Dios Castro, dizque subprocurador de Derechos Humanos; el titular de la fiscalía, un bueno para nada, un tal Orellana Wiarco, Contralínea 153, edición internet, y el poder tras esos dos: Ethel Riquelme, cuya prepotencia contra los periodistas que hacen denuncias llega al abuso de autoridad, la intimidación y la cancelación de las averiguaciones (como la del suscrito contra Robinson-Bours), para otorgar impunidad a los funcionarios que atentan contra las libertades constitucionales de prensa.
Ante la poca eficacia de las recomendaciones de la CNDH, y el incumplimiento perverso de las obligaciones en la PGR, urge que cuanto antes el Congreso General, con su nueva integración, retome seriamente la necesidad de crear el defensor del periodista y una verdadera instancia de Ministerio Público federal –ya federalizados los delitos contra periodistas–, que atienda, con o sin queja de por medio, los actos que vulneran las libertades de prensa y atentan contra los periodistas. Y también establecer órganos judiciales que interpreten las consignaciones y actuaciones, conforme a los principios constitucionales y no conforme a los sobornos de funcionarios, tráfico de influencias y compra de justicia por los empresarios que recurren a los tribunales, dinero por delante, para obtener resoluciones contra los medios de comunicación que optan por llevar hasta sus últimas consecuencias la información y la crítica.
Uno de los más radicales enojos de la sociedad contra los malos gobernantes es la denegación de justicia, que se inicia en los ministerios públicos al no cumplir con su obligación de perseguir a los delincuentes para consignarlos ante los tribunales. Es indispensable una propuesta ante el Congreso General: la de nombrar al defensor de las libertades de prensa, para contar, cuando menos, con recomendaciones que exhiban el incumplimiento de las denuncias, el secuestro de las averiguaciones y la complicidad de fiscales con los presuntos responsables de delitos contra los periodistas.
