Cárdenas Palomino recibió 86 millones de pesos de 18 empresas privadas

Dieciocho empresas privadas –incluidas algunas identificadas con factureras de operaciones simuladas y otras señaladas de lavar dinero– pagaban, cada mes, 1 millón 191 mil pesos a Luis Cárdenas Palomino, segundo de García Luna. Así, de 2011 a 2019 reportó ingresos por 104 millones de pesos

El expolicía preso en México Luis Cárdenas Palomino, mencionado reiteradamente en la Corte de Nueva York durante el juicio en contra de Genaro García Luna por traficar y distribuir drogas hacia Estados Unidos, recibía mensualmente 1 millón 191 mil 72 pesos de parte de 18 empresas privadas, algunas de las cuales están identificadas por autoridades judiciales y fiscales como factureras y otras tienen acusaciones de lavado de dinero, lo que le significó al exfuncionario de Seguridad Pública obtener 85 millones 757 mil 180 pesos entre 2013-2018.

De esas 18 empresas, por lo menos tres de ellas: Soluciones Administrativas Murran, SA de CV; Cofimsa, SA de CV; y Esfaga, SC, están bajo investigación de autoridades fiscales y ministeriales por facturar operaciones simuladas (EFOS) y, en el caso de la primera, tiene la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/054/14 de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, previa denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF-09-14.

Quien fuera coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, cuando el secretario de Seguridad Pública era el ahora procesado Genaro García Luna, reportó al fisco que en nueve años (2011-2019) recibió 104 millones 471 mil 85 pesos de las 18 empresas privadas y como salario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal (2011-2012).

Tan sólo en los dos últimos años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 2011 y 2012, Cárdenas Palomino cobró mensualmente de 287 mil 500 pesos de la Secretaría de Seguridad Pública, esto sin contar sobornos que recibía de grupos del narcotráfico, principalmente del Cártel de Sinaloa que comandaba Joaquín el Chapo Guzmán.

El expolicía preso desde 2021 en el penal del Altiplano del Estado de México, primero por el delito de tortura y ahora por vínculos con el crimen organizado y blanqueo de capitales, tenía nueve cuentas bancarias en donde recibía los recursos de las 18 empresas privadas, las cuales son, además de las tres ya mencionadas: Cellini Administración Empredarial, SC; Comercializadora Astra; Smart Shield Consulting; Comercializadora Curnimo, SA de CV; Comercializadora e Importadora Toeken, SA de CV; Inovador Yepani, SA de CV; Jaz-am Constructions, SA de CV; Servicios de Informática Logísticos y Capacitación Darom, SC; Servicios Logísticos Loreto, SA de CV; Tiziano Soluciones en Administración, SC; Universidad del Valle de México, SC; Vladimir Proyectos Administrativos, SC; Diseño y Publicidad Gonther; Pisano Alta Dirección Administrativa, y Monarquía Publicitaria.

Declaraciones de impuestos de Cárdenas Palomino

Una vez concluido el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), los negocios de García Luna y Cárdenas Palomino continuaron. En el sexenio siguiente, cuando Enrique Peña Nieto ocupó la residencia oficial de Los Pinos, Cárdenas Palomino reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ingresos de salario entre 2013 y 2018, por 85 millones 757 mil 180 pesos.

De acuerdo con las declaraciones anuales de Cárdenas Palomino, en 2013 recibió 13 millones 271 mil 79 pesos; en 2014, esa cifra se incrementó en más del ciento por ciento, al recibir depósitos por 28 millones 39 mil 942 pesos; en 2015, la cifra bajó a 8 millones 879 mil 248 pesos; en 2016, recibió pagos por 9 millones 284 mil 315 pesos; en 2017, fue por 11 millones 175 mil 790 pesos; y 2018, subió la cantidad a 15 millones 106 mil 806 pesos.

Según las investigaciones judiciales, las empresas más involucradas en operaciones ilícitas por presunto lavado de dinero, triangulación de recursos para ocultar su origen y facturar operaciones simuladas en complicidad con Cárdenas Palomino, son Soluciones Administrativas Murran, SA de CV; Esfaga, SC, y Cofimsa, SA de CV.

En la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/054/14, de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, se identifica como accionista y representante de Soluciones Administrativas Murran a José de Jesús Reyes Alpízar, y como accionista también a María Angélica Anaya Cadena.

En esta red financiera de operaciones irregulares hay transferencias de recursos entre las empresas Soluciones Administrativas Murran y Esfaga y las cuentas bancarias de Cárdenas Palomino. En esas empresas aparecen como apoderada Lilia Noriega Borja; firmante apoderado Alejandro Martínez Lovera; accionista representante María Leticia Medina García; accionista Pamelas Pérez Medina; representante Francisco Jesús González Villegas.

Soluciones Administrativas Murran reportó ingresos en 5 años (2013 a 2017) por 1 mil 529 millones 13 mil 445 pesos y tiene ingresos acumulados por 1 mil 604 millones 989 mil 162 pesos, de los cuales de manera irregular el fisco le autorizó deducciones del pago de impuestos por una cifra superior, de 1 mil 616 millones 722 mil 805 pesos, por lo cual dicha empresa sólo pagó de Impuesto Sobre la Renta por 703 mil 674 pesos.

Por todo ello, Soluciones Administrativas Murran tiene acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero y operaciones simuladas.

Con respecto a la empresa Esfaga, ésta reportó ingresos en sólo 4 años (2013 a 2016) por 1 mil 553 millones 882 mil 424 pesos, de los cuales no pagó impuestos y tuvo deducciones autorizadas por una cantidad superior a sus ingresos, de 1 mil 803 millones 994 mil 793 pesos.

La tercera empresa relacionada directamente con Cárdenas Palomino, a quien le transferían recursos cuyo origen se desconoce, es Cofimsa, la cual también está enlistada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar facturaciones de operaciones simuladas, mediante lo cual buscaba evadir al fisco y blanquear capitales.

Esta empresa facturera que reportó ingresos en 3 años (2013 a 2015) por 264 millones 654 mil 337 pesos y deducciones fiscales autorizadas hasta por 1 mil 976 millones 340 mil 419 pesos, tiene como accionistas y apoderadas a Juana May May y Gloria García de la Cruz; socio Miguel Raúl Ortega Sandoval; apoderados a los hermanos María Eugenia y Rubén Mandujano Velasco; y representante a Carlos Juan Rasgado Velasco.

María Eugenia Mandujano Velasco tiene alertas de Hacienda porque además de su relación directa en transferencias de recursos de la empresa Cofimsa a las cuentas de Cárdenas Palomino, aparece como apoderada legal de otras 17 empresas utilizadas para triangular recursos, facturar operaciones simuladas y posible blanqueo de capitales.

Cofimsa, que se promueve como una empresa que ofrece “servicios integrales a pequeñas y medianas empresas, así como a profesionales independientes y a personas físicas con actividad empresarial”, para supuestamente “simplificar la administración de sus actividades y cumplir con las obligaciones fiscales”, registró pagos por 2 mil 608 millones 556 mil 10 pesos entre 2012 y 2016, como salarios a 22 mil 684 trabajadores.

Otra mujer vinculada en la triangulación de recursos hacia Cárdenas Palomino es Beatriz Guadalupe Mandujano Velasco, quien aparece en las investigaciones del SAT y es apoderada de 20 cuentas bancarias, de las cuales siete ya están canceladas, y es hermana de María Eugenia Mandujano Velasco, señalada anteriormente por ser apoderada de la empresa Cofimsa, al cual también entregaba recursos al expolicía preso.

Igual que su exjefe Genaro García Luna, el expolicía Cárdenas Palomino también había mantenía relación con muchas empresas y varias de ellas relacionadas con seguridad e investigación privada, inteligencia y protección.

Por ejemplo, la empresa en la cual aparece como socio y representante legal Cárdenas Palomino es Smart Shield Consulting, dedicada a vender servicios de investigación y protección; otra empresa de seguridad privada relacionada con esa red financiera irregular es Adamantium Private Security Services, S de RL de CV, la cual de 2013 a 2018 tiene reportes fiscales de ingresos por 1 mil 339 millones 361 mil 261 pesos, de los cuales irregularmente tuvo deducciones autorizadas por una cifra superior de 1 mil 376 millones 556 mil 110 pesos.

Otra empresa de seguridad privada involucrada en la transferencia de recursos millonarios es Obses de México, SA de CV, de la cual su accionista y representante es Gustavo Cárdenas Moreno, y quien está en listas del Fincen –oficina del Departamento del Tesoro de EU que investiga blanqueo de capitales– y que aparece como lavador de dinero.

De las cuentas bancarias de Obses de México se realizaron transferencias por 3 millones 175 mil 500 dólares (64 millones de pesos) a paraísos fiscales. Otra empresa, Comerjamia SA de CV, que aparece también en las listas del Fincen por presunto lavado de dinero, transfirió a las cuentas bancarias de Obses 7 millones 980 mil pesos en dos Speis.

La empresa Obses también trianguló recursos, que fueron denunciados penalmente por la UIF y el SAT, a la compañía Comercializadora Democa, SA de CV, por 1 millón 949 mil 137.93 pesos, lo que provocó el bloqueo de cuentas bancarias. Otra empresa denunciada por la UIF y que recibió fondos presuntamente ilícitos de Obses fue Promociones Democa, por 2 millones 772 mil 215.41 pesos.

Obses también trianguló fondos en máquinas de juegos y apuestas por 251 mil pesos, los cuales de inmediato fueron devueltos a la misma empresa. Una empresa más vinculada a dicha red es Inteligencia BS, SA de CV, reportada por la UIF a las autoridades fiscales y judiciales en transferencias de recursos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, uno de los empleados de confianza de la Secretaría de Seguridad Pública y subordinado directo de Cárdenas Palomino, entre diciembre de 2006 a enero de 2012, fue el comandante Gabriel Ábrego García, quien tenía acusaciones de traficar armas del Ejército al crimen organizado hasta que fue detenido y encarcelado.

Ábrego García, que estuvo en la División de Seguridad Regional en la SSP, se presentaba como gestor de trámites de seguridad privada ante la Secretaría de la Defensa Nacional, instructor de tiro y capacitación, y también aparece en el organigrama de investigación de corrupción y lavado de dinero de Cárdenas Palomino.

De acuerdo con dicha información, este coyote de la Sedena para trámites y venta de armas a la delincuencia organizada, tenía relación de negocios con el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana y el Cártel del Milenio, además era el brazo derecho de Cárdenas Palomino en la Secretaría de Seguridad Pública federal.

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