Un peritaje y diversas alertas dirigidas a la Delegación Cuajimalpa, obtenidas por Contralínea, revelan que el desastre ocurrido al pie de la Avenida Carlos Echánove, en Santa Fe, no fue provocado ni por las lluvias ni los sismos, además de que pudo ser prevenido y aún evitado, pues la obra colindante a la bodega derrumbada lucía sellos de suspensión (con los folios 032, 033, 034, 035 y 036) desde el 13 de diciembre de 2013, sin embargo los trabajos de construcción no pararon.
Durante meses, la empresa Gigsa alertó a la Delegación Cuajimalpa de los riesgos y las afectaciones provocadas por las excavaciones para la cimentación de un edificio de más de 10 pisos a cargo de la constructora Antaiz, SA de CV.
“A usted, director general de Protección Civil, atentamente solicito:
“Único: Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar hechos de lamentables consecuencias, en virtud de la ampliación que han sufrido las grietas y fracturas que están siendo ocasionadas por la obra irregular multicitada, y en consecuencia suspender la citada obra, pues las personas que principalmente corren peligro ante un inminente deslave son las que se encuentran realizando la construcción”, se lee en la comunicación enviada al director general de Protección Civil de la delegación Cuajimalpa por Jorge Ismael González Jiménez, apoderado legal de la empresa que acabó cuesta abajo, 6 días antes del desastre.
Meses antes, el mismo representante había enviado alertas tanto al jefe de la Unidad Departamental de Calificación de Infracciones, como al director general jurídico y de gobierno de la demarcación encabezada por Adrián Rubalcava. Las denuncias están asentadas en el expediente 152/13-OB y reforzadas por el dictamen del perito del Consejo de la Judicatura Federal arquitecto Salvador Castañeda Niebla, cuyas copias posee Contralínea.
“Hasta presentamos una denuncia formal en donde ya con un dictamen de un perito especializado tuvimos las bases para presentarle a la representación social de Cuajimalpa. Estuvimos anunciando de los daños que se venían presentando en nuestro edificio, en nuestra estructura”, dice González Jiménez en entrevista con Contralínea.
“Al parecer a los constructores no les importó que los sellos estuvieran puestos y siguieron los trabajos como si nada pasara y como que la autoridad estaba ciega y siguieron trabajando.
“Mandamos un escrito específico manifestándole que cómo era posible que siguieran las obras del predio colindante cuando supuestamente en estos momentos debería estar cerrado desde el 12 de diciembre pasado”, reitera el abogado.
Y es que la obra que construía la empresa Antaiz presentaba más irregularidades: ocupaba un área de construcción superior lo autorizado; había proyectado construir dos pisos más de los que tenía permiso y realizó un corte vertical del terreno, cuando debió de haber sido horizontal. Además, la obra carecía de manifestación de impacto urbano y la que ostentaba de impacto ambiental había vencido.
Por su parte, el jefe delegacional asevera lo contrario: “Lo que usted me dice no corresponde con la realidad. Me gustaría que me presente la documentación en donde usted argumenta que a mí me notificaron previamente por parte de la empresa que había afectaciones.
“Que me notificaron los de la empresa que había afectaciones. ¡Eso es completamente falso! Nosotros le notificamos a la empresa, nosotros le notificamos al ministerio público y nosotros suspendimos la obra que se estaba llevando a cabo.”
—Sin embargo se señala en documentos y testimonios que la obra no paró…
—¡A usted le paga la empresa! –responde iracundo el delegado–. Si desconoce cómo está la documentación con mucho gusto se la hago llegar. Pero los de la empresa tienen la responsabilidad de lo sucedido el día de hoy porque ellos tenían el drenaje destinado al talud y esto provocó que se viniera abajo.
Continúa: “Es completamente falso, señor. Ordené las obras de mitigación a la obra constructora; le ordené las obras de mitigación a la empresa. Ninguno de los dos, ni la constructora ni Gicsa [la compañía afectada] realizaron las obras de mitigación”.
Pero el apoderado legal de la empresa afectada señala: “Aquí hay fe ministerial; se han tomado en tres ocasiones fotografías derivadas de la denuncia penal en las que se ve cómo está la gente trabajando en la parte de cimentación del edificio que estaban pretendiendo construir”.
La nueva construcción acabó enterrada y lo que quedó de la empresa desgajada con sellos de “clausurado”, colocados por funcionarios de la delegación Cuajimalpa acudieron tras el derrumbe al lugar.
