“Ilegal”, la actual administración de la UJED

En duda, la legalidad de la actual administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La ANUIES da la espalda a Tomás Castro Hidalgo, rector de esta casa de estudios. Grupos afines a Jorge Herrera Caldera, gobernador del estado, lo apoyan. Universitarios coinciden en que las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad, aprobadas por el Congreso de Durango en septiembre y octubre de 2010, violan la autonomía de la institución

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) vive una de las peores crisis de su historia: la legalidad de su actual administración está en duda luego de que, en septiembre y octubre de 2010, el Congreso del estado reformara, en dos ocasiones, la Ley Orgánica de esta institución.

Integrantes de la comunidad universitaria, pero también organizaciones como la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) cuestionan la legalidad de Tomás Castro Hidalgo, quien, de acuerdo con la segunda reforma del Legislativo, fue electo rector de la UJED. El 28 de octubre, la ANUIES determinó “no citar al titular de la Universidad a las sesiones de los órganos colegiados y otras, hasta que se aclare su situación jurídica”.

A escasos días de que el Consejo Universitario designara a la persona que a partir de 2010 ocuparía la Rectoría universitaria, el Congreso de Durango aprobó una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la UJED que violentaron su autogobierno, facultad que el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, otorga a las universidades autónomas.

En contra del principio de no retroactividad de las leyes, que el artículo 14 constitucional contempla, dichas reformas echaron abajo también un proceso electoral en curso: el de elección de rector para el periodo 2010-2016 de la Universidad Juárez, en el que la reelección de Rubén Calderón Luján, titular de esta Universidad desde 2003, sería inminente.

Fue “una venganza política”, apuntan diversos sectores universitarios. Durante los pasados comicios electorales en Durango, el entonces rector de la UJED manifestó su apoyo a José Rosas Aispuro, excandidato a gobernador por la coalición Durango nos Une, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia; no así a Jorge Herrera Caldera, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual gobernador del estado.

Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado priista que el pasado 28 de septiembre presentó la primera iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UJED, reconoce que, efectivamente, su principal objetivo fue “prohibir” la reelección de Calderón Luján; aunque no por “venganza política”.

Calderón había “incumplido” su compromiso de modificar la Ley Orgánica de la UJED, obligación contraída hace un par de décadas por distintas administraciones universitarias. Además, se diseñó un “proceso electoral a modo”: como rector, definió las reglas del juego; después se separó de su cargo para contender bajo sus propias reglas, argumenta el diputado.

Sin embargo, el Legislativo “se excedió”, asevera el también profesor de la Facultad de Derecho de la UJED. A través de los artículos quinto y sexto transitorios de la reforma que el 29 de septiembre aprobó, se autofacultó para elegir a un rector interino. “El 30 de septiembre, el Congreso de Durango eligió como rectora a Patricia Herrera Gutiérrez. Yo no estuve de acuerdo por ser una decisión que corresponde al Consejo Universitario”.

El 7 de octubre de 2010, el Congreso del Estado aprobó una nueva iniciativa, esta vez propuesta por el gobernador de Durango, que, a decir de Benítez, “restituyó” la autonomía universitaria, pues devolvió al Consejo Universitario la facultad de elegir a su rector. La iniciativa de Herrera Caldera no devolvió la autonomía a la UJED, difiere Ernesto Aguilar García, doctor en derecho e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Basado en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que “los actos viciados no pueden ser subsanados porque esto implicaría que el acto posterior pueda, igualmente, subsanarse”, el abogado sostiene que todos los hechos que siguieron a la reforma del 29 de septiembre, incluido el nombramiento de Castro Hidalgo como rector de esta Universidad, “son ilegítimos”.

La legitimidad de Castro Hidalgo

De acuerdo con el artículo sexto transitorio de la segunda reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, Patricia Herrera Gutiérrez –la rectora designada por el Congreso de Durango, quien duró en su cargo siete días– convocó a sesión urgente del Congreso Universitario en la que Luis Tomás Castro Hidalgo fue electo rector de la UJED por un periodo de cinco años.

Norma Huizar, una de las voceras del Frente Universitario en Defensa de la Autonomía de la UJED, conformado a raíz del conflicto, narra las irregularidades que acompañaron la elección del actual rector.

Además de la premura de su nombramiento (el exdirector de la Facultad de Derecho rindió protesta como rector de la UJED el mismo día en que se presentó, aprobó y publicó la iniciativa del gobernador), a la sesión del Consejo Universitario que lo eligió asistieron menos del 50 por ciento más uno del total de los miembros del Consejo; contrario a lo que establece la legislación universitaria.

Asimismo, policías estatales cercaron las instalaciones en las que se desarrolló la plenaria del Consejo Universitario. Impedían el libre acceso a la sesión, pues a ésta sólo fueron convocadas las personas afines a la autoridad, asegura la también locutora de Radio UJED.

El 7 de octubre, día en que Tomás Castro Hidalgo fue nombrado rector, Teresa recibió una llamada telefónica luego de que a través de la señal de la radio universitaria anunciara una marcha en defensa de la autonomía de la UJED. “Calladita te ves más bonita. ¿Quieres mucho a tu hija (…) que estudia en el colegio (…) y que está vestida (…)? Cállate porque nos la vamos a chingar”, la amenazó una voz anónima.

La autonomía universitaria, en manos de los tribunales

El pasado 23 de diciembre, en las instalaciones del Segundo Juzgado de Distrito de Durango, se llevó a cabo la audiencia constitucional del juicio de garantías 98/2010, promovido por Rubén Calderón Luján, cuyo objetivo es que se declaren inconstitucionales las reformas a la Ley Orgánica de la UJED y que todo lo derivado de éstas quede sin efecto legal.

Hasta el cierre de esta edición, los universitarios aún esperaban el fallo de la audiencia. También, del amparo que el 29 de septiembre, en representación del Consejo Universitario, interpuso Salvador Rodríguez Lugo, entonces rector interino de la UJED, así como de otros 570 amparos promovidos por estudiantes y profesores universitarios ante los juzgados de Distrito Judicial Federal, con sede en Durango.

En su XLI Sesión Ordinaria de la Asamblea General, la ANUIES exhortó al Legislativo estatal “a dar marcha atrás a las reformas a la Ley Orgánica que afectaron el proceso de nombramiento de rector que estaba en curso, a fin de restituir el proceso de sucesión rectoral en las condiciones previas a las modificaciones señaladas”.

Cuestionado sobre el conflicto en la UJED, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), declara a Contralínea que se trata de “un asunto que tiene que ventilarse, necesariamente, en las instancias judiciales, y nosotros tenemos que ser respetuosos de ese procedimiento”.

El diputado Benítez Ojeda, quien asegura que el Congreso de Durango acatará el fallo de la justicia federal, resta importancia a la posición de la ANUIES, conformada por 159 instituciones de educación superior. “La UJED puede o no pertenecer a la ANUIES y eso no le quita la calidad”, dice el diputado priista.

En todo caso, agrega Benítez Ojeda, la SEP –“que es la que nos debe preocupar”– ha “reconocido tácitamente” a la actual administración universitaria: a través del gobernador, ha apoyado a la UJED con recursos extraordinarios.

“No nos corresponde dar apoyos o quitar apoyos; nos corresponde mantener una relación respetuosa con las instituciones”, se defiende Tuirán Gutiérrez.

“Simulación de democracia”

Modificar la composición del Consejo Universitario para otorgar mayor representación a los estudiantes e incluir, por primera vez, a los trabajadores administrativos en este órgano de gobierno son algunas de las reformas a la Ley Orgánica de la UJED, aprobadas el 7 de octubre de 2010 por el Congreso de Durango.

“Una simulación de democracia”, asegura Ernesto Aguilar García. A pesar de su aparente democracia, la facultad de designar a los alumnos que integrarán el Consejo Universitario es “exclusiva y discrecional” del presidente de las sociedades de alumnos, explica el también profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED.

El artículo 13 de este decreto señala que la representación de los estudiantes en el Consejo Universitario estará conformada de la siguiente manera: un alumno representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD); un alumno representante de la Sociedad de Alumnos de cada unidad académica; un alumno representante de cada 100 estudiantes de cada unidad académica, que será designado por el presidente de cada Sociedad de Alumnos.

Norma Huizar manifiesta su preocupación por esta nueva composición del Consejo. “No es que esté en contra de que los estudiantes tengan una mayor representación”, aclara. El problema es que, en Durango, “el gobierno lo controla todo”, incluidas las sociedades de alumnos y la FEUD de la Universidad Juárez.

El decreto aprobado por el Legislativo, explica Benítez Ojeda, es sólo el principio de una reforma más amplia en la UJED. Redefinir las atribuciones y facultades de las autoridades universitarias; dar mayor fortaleza a las unidades académicas; descentralizar la administración universitaria; legislar claramente los procedimientos internos para la elección de autoridades; sancionar a las autoridades que incumplan sus funciones; adherirse a estándares académicos en materia de certificación, y revisar la carrera académica de los profesores son, a decir del diputado, los ejes que incluirá la nueva reforma universitaria.

“FEUD, grupo de choque del PRI”

El 12 de enero de 2011, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UJED tomaron el edificio central de la universidad en repudio a la golpiza que, un día antes, propinaron Jesús Cabrales Silva, dirigente de la FEUD, y su chofer, conocido como Chabelo, a Rolando Salazar Palacios, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Nocturna de la Universidad.

Representantes de la organización sindical entregaron un oficio a Vicente Reyes Espino, actual secretario General de la Universidad, exigiendo la destitución de Cabrales Silva, pues “no es la primera vez que el líder de la FEUD agrede a estudiantes”, argumentaron.

Pero no ha sido la única acción que esta federación ha emprendido durante el conflicto universitario.

La madrugada del 28 de septiembre, un día antes de que en Congreso estatal aprobara la primera reforma a la Ley Orgánica de la UJED, miembros de la Federación de Estudiantes se apoderaron de la Rectoría universitaria para exigir mayor porcentaje estudiantil en el proceso de elección de rector. Horas más tarde, integrantes de la misma organización agredieron a profesores universitarios que arribaron a la sede del Legislativo para leer una carta en la que 27 directivos de la UJED manifestaron su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica.

La FEUD es un grupo de choque controlado por el PRI del estado, aseveran universitarios. Sus últimos cuatro presidentes, “que han sido muy funcionales para acallar a la masa estudiantil”, han ocupado después importantes puestos públicos, dice Aguilar García.

Por ejemplo, durante su paso por la UJED, Esteban Villegas Villarreal, actual presidente estatal del PRI, fue dirigente de la Federación; asimismo, Manuel Herrera Ruiz, quien actualmente encabeza la Confederación Nacional de Organizaciones Populares estatal.

Al diputado federal Bonifacio Herrera, quien fue estudiante y catedrático de la UJED, no le sorprende el actuar de los integrantes de la Federación; menos, sus nexos con el PRI. Para la sociedad duranguense, no es nuevo que el PRI otorgue recursos, “que muchas veces no se supervisan”, a organizaciones juveniles que el Partido utiliza a su conveniencia, manifiesta el integrante del grupo parlamentario del PAN.

—¿La FEUD recibe apoyo económico del PRI? –se le pregunta al diputado Benítez Ojeda.

—Desconozco porque yo no estoy al frente del PRI ni tengo esa información. Pero hasta donde yo sé, por mi carrera dentro del PRI, tengo entendido que no. Sí reciben algunos subsidios por parte de los gobiernos estatal o municipal; no sé cuánto. Pero no creo que el PRI los esté apoyando o que tengan un subsidio directo del Partido.

La UJED, en aparente normalidad

Hoy día, la vida de la Universidad Juárez ha vuelto a la normalidad: las labores administrativas, las clases, los exámenes, las inscripciones. Además se formó una comisión que ya está elaborando una nueva legislación universitaria –acorde con el decreto emitido por el Congreso de Durango en octubre de 2010–, manifiesta, satisfecho, Benítez Ojeda.

No obstante, existe un “pequeño grupo” de universitarios que “se siente desplazado”, el de Calderón Luján. “Los mismos que todavía publican desplegados en defensa de la autonomía y que, de vez en cuando, hacen alguna manifestación”.

No es cierto, objeta Norma Huizar, quien confiesa haber sido una de las más relegadas durante la administración de Calderón Luján. La reivindicación del Frente Universitario en Defensa de la Autonomía de la UJED –responsable de convocar a las movilizaciones universitarias– es la defensa de la institución, asegura.

Contrario al escenario de normalidad descrito por Benítez Ojeda, la vocera del Frente habla de la represión sufrida por quienes han manifestado públicamente su rechazo a la actual administración universitaria bajo el argumento de que la autonomía continúa vulnerada: levantones, amenazas telefónicas, despidos injustificados, golpes.

Fuente: Contralínea 219 / 06 de febrero de 2011