En el contexto de la próxima consulta para juzgar a los expresidentes, el doctor Flores Llanos opina que los exmandatarios no llegaron al máximo cargo público pensando en ser corruptos. No obstante, señala que hay una delgada línea entre el abuso del poder que ejercieron y la aceptación por parte de otros agentes sociales para encajar dentro del mecanismo de la corrupción

“Sinceramente no creo que un presidente llegue al poder pensando propiamente en ser corrupto o en establecer mecanismos para decir ‘cómo me hago yo de más dinero, poder, enriquecimiento’. Si fuera así el mecanismo, pasarían dos cosas: uno, veríamos manifestaciones de eso más palpables; y dos, veríamos un comportamiento mucho más en ese sentido de las preferencias de los políticos electos”, opina el doctor Ulises Flores Llanos, investigador y coordinador de la maestría en políticas públicas comparadas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, campus México).

Entrevistado por Contralínea en el contexto de la próxima consulta ciudadana para juzgar a los priístas Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña y a los ahora expanistas Vicente Fox y Felipe Calderón por los presuntos crímenes que cometieron durante sus sexenios, el politólogo considera que “lo que pasa es que la corrupción es una delgada línea entre lo que es el abuso de la posición de poder relativo y la aceptación por parte de otros agentes [sociales] para encajar dentro del mecanismo de la corrupción: establecer o aceptar el engranaje de la corrupción.”

El especialista en el estudio de este flagelo señala que esto es lo más perverso porque a veces no es tan palpable, “y las delgadas líneas que dividen lo que sería un acto de corrupción legalmente no están tan bien definidas, y socialmente, incluso, están hasta aceptadas. Hay muchas reglas del juego político, social, etcétera, entonces es una delgada línea muy perversa como para decir qué políticos en concreto hacen eso. Incluso hasta la forma y los mecanismos en los cuales se generan negociaciones políticas tienen que ver en algún momento con cuestiones de corrupción, sin que necesariamente lo sepan los mismos individuos, porque en realidad están acostumbrados”.

Por ello, dice que “hay que ser sensatos” al momento de señalar responsabilidades o delitos a los expresidentes, pues “la corrupción es un maremágnum de tipologías: desde cohecho, mecanismos como la palanca y demás, hasta tráfico de influencias y malversación de fondos.

En “todas las manifestaciones de la política seguramente tenemos casos para decir que existe corrupción de todos los tipos. […] Ahora, en otro tipo de decisiones no es que los presidentes estén involucrados desde el top de la decisión hasta el nivel de calle. Es un error pensar que funciona de esa forma. Ojalá hubiera un mecanismo, porque no creo que haya una persona capaz de armar el cuadro completo decisional de toda la administración pública y a todos sus niveles, como para hacer una fiscalización completa y llevar un control completo de todas las decisiones. Eso no se puede sensatamente establecer: hay muchas asimetrías de información en la toma de decisiones de la administración pública federal, estatal y local”.

Por ello advierte que “hay que ser sensatos en términos de las dimensiones en dónde ubicamos a los decisores. Tener la Presidencia de un país es tener un montón de elementos: tienes al monstruo de la administración pública federal y, no se diga, también las negociaciones implícitas que requieren los Estados y de las que no se hacen cargo los presidentes, pero que en general participan en la cuestión de distribución de presupuesto y demás”.

Consulta para enjuiciarlos

Luego de que el 1 de octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional el proyecto de consulta ciudadana que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, este 2021 los mexicanos tendrán una oportunidad sin precedentes: decidir si se someten o no a investigación judicial y en su caso a juicio a los últimos cinco expresidentes de México.

No obstante, el doctor Flores Llanos –también experto en temas de transparencia y rendición de cuentas– opina que “es lamentable la consulta pública porque en realidad cuando tienes elementos certeros o de derecho no necesitas eso. Me parece una idea política de llamar la atención o de captar la atención. Lo que se quiere implementar con eso es que se va a hacer justicia y el ciudadano va a estar involucrado en esa impartición de justicia, porque con su voto los va a llevar a la cárcel”.

Agrega que, “en términos de legalidad, se está teniendo un lenguaje que incluso podría estarse pervirtiendo, o sea, está rozando la ilegalidad porque los mecanismos para establecer eso no son así. Y al tergiversar mecanismos establecidos o de legalidad también se está rayando en actos de posible corrupción porque se violenta el poder establecido. Ésa es una de las cosas más fuertes de la corrupción: si vas en contra del estado legal, el estado de derecho, entonces estás rayando ya el posible acto de corrupción”.

El profesor-investigador de la Flacso advierte que lo que se necesita es que se investiguen los posibles delitos en los cuales pudieron incurrir los expresidentes durante sus mandatos, a través de auditorías y de la Unidad de Inteligencia Financiera, “para establecer todos estos nexos de corrupción o esta historia de corrupción, porque finalmente todos quieren ver justicia respecto del desvío de fondos y de lo que se trate”.

Romper el pacto de impunidad

Flores Llanos observa que para romper el pacto de impunidad que ha prevalecido en el país, uno de los avances más sobresalientes es la reforma a la Constitución para eliminar el fuero, aprobada a fines de noviembre de 2020. Con ella, explica, “el actual presidente y los presidentes que vienen podrán ser juzgados por diferentes delitos, pues antes estaba muy acotada esa cuestión: quien era presidente prácticamente era intocable al salir de la Presidencia. Y ése es un gran paso: establecer bajo qué parámetros puedes juzgar a un expresidente y sobre todo tener claro que si un presidente toma decisiones antiéticas, ilegales, puede ser llevado a los tribunales de justicia en los distintos niveles de su responsabilidad”.

Estas nuevas reglas, indica, cambian la manera en cómo se entiende el ejercicio del poder, pues éste no los vuelve intocables, sino muy responsables de las decisiones que toman sobre todo para con la ciudadanía.

El doctor Flores Llanos también observa que otro avance es la voluntad política que ha manifestado el gobierno de López Obrador, y como ejemplo cita el caso de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, extraditado al país el 17 de julio de 2020 desde España. A este asunto lo describe “como el primer grano de arena dentro de lo que parece ser una gran estructura de corrupción que no sólo afectó a México sino a América Latina en el caso Odebrecht, entonces desde esa cuestión de voluntad política me parece muy sensato que, al menos yo no lo pongo en duda, el presidente tiene como todas las intenciones de hacerlo [enjuiciar a los responsables de los hechos de corrupción]”.

Respecto a la ruta que se seguirá en ese caso, considera que implicará muchas posturas de negociación que no se harán públicas: “nosotros veremos como una especie de show o resultado y las declaraciones”. También indica que hasta ahora “no ha quedado claro el procedimiento, porque hay cosas que se han violado dentro del procedimiento legal que debería seguir un juicio de ese tipo, pero eso ya es cuestión de las autoridades correspondientes. En ese sentido es un buen paso, porque sin voluntad política tampoco puede haber avances en esta materia”.

Al respecto, destaca que esa voluntad política debe ser incentivada por caminos institucionales: no se puede dejar a expensas de los actores políticos o administrativos. “Eso es un error, porque después quién vendrá y cuál va a ser el tema de la impartición de justicia en casos de corrupción”. Por ello, indica  se deben sentar las bases para que sea un camino institucional.

En ese contexto, critica que a pesar de la voluntad política, “el gobierno actual lo que está haciendo es revertir las decisiones: antes lo que se intentaba construir son mecanismos institucionales, y ahora lo que se quiere es volver hacia el mecanismo unipersonal, lo cual genera o aumenta contextos de corrupción”.

Y es que el experto considera que –aunque los costos son cada vez más altos– los mecanismos de la corrupción se han sofisticado. “Sí puedo decir con mucha certeza que la forma en la que se establecieron esos mecanismos a lo largo del tiempo han variado porque las reglas del juego de la política se han transformado. Y hay un aprendizaje estratégico de los actores para moverse dentro de nuevas reglas del juego de la política”.

El doctor Flores Llanos explica que eso es consecuencia de que los controles del manejo de presupuesto son más rígidos, como la Auditoría Superior de la Federación que es autónoma y hace una revisión de la Cuenta Pública. “Ahora la idea del Sistema Nacional Anticorrupción es precisamente cuadrar información entre diversas agencias y organismos, compartir información y hacerla más armónica o más compartida para poder establecer actos de corrupción en muchos engranajes de la administración pública, tanto federal como local. Entonces ahí sí se han sofisticado las formas de establecer corrupción y por eso se tienen que sofisticar las formas en las cuales atacan la corrupción”.

Finalmente el experto explica que “la corrupción la podemos encontrar en diversos contextos, en diversos momentos, con distintos tonos digamos de acentuación de sus manifestaciones. Y habría que entender por una parte qué entiende o qué percibe la sociedad de la corrupción. Por otra parte, cuáles son las manifestaciones políticas de esa corrupción y las administrativas que también las hay”.

En términos políticos, detalla, “se ha manifestado en cuestiones de favores y esos favores alcanzan muchas formas del espectro: tanto de desvío de recursos, como apoyos en campañas [electorales] no solamente en cuestión de dinero, sino, incluso, me atrevería a decir que de votaciones. Por ejemplo en el Congreso donde negocian de manera perversa ciertas cosas para obtener  beneficios posteriores: candidaturas, apoyo en cambios en las legislaciones que requiera la bancada, etcétera”.

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