“Me retiré y me puse a chillar yo sola porque no me dejaron hablar; pero como pude me sequé las lágrimas y regresé. Les dije: ‘¡Cómo chingados no, cabrones! ¡Me van a escuchar!’ Aunque esté muerto, él sigue siendo mi hijo”, relata Lourdes Mejía Aguilar, Mamá Lulú.
La frase podría ser el resumen de lo que ha vivido desde hace 9 años, cuando Carlos Sinhué Cuevas Mejía, su Carlos, fue asesinado al apearse del transporte público que lo dejaría a unos metros de su domicilio, en Topilejo, pueblo rural de Tlalpan, Ciudad de México. Esa noche los sicarios habían seguido al activista estudiantil desde que salió de Ciudad Universitaria. Dieciséis balazos cortaron la vida del estudiante y maestro. Contaba 33 años de edad.
Era el 26 de octubre de 2011. Pasaban de las 23:15 horas. Desde aquella noche, Lourdes Mejía carga con el dolor de la pérdida del segundo de sus cuatro hijos y con el coraje ante la impunidad de los perpetradores, el “extravío” de pruebas del caso por parte de las autoridades y los intentos de criminalizar al entonces tesista de la Facultad de Filosofía y Letras, maestro de inglés e italiano, músico, activista en favor de los campesinos de Atenco y de los triquis autónomos de San Juan Copala y parte de los colectivos que entonces albergaba el Auditorio Che Guevara, en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De origen humilde, extracción xochimilca, sin privilegios ni influencias, Mamá Lulú tuvo que abrirse paso en lugares donde no la quieren escuchar ni ver. Va de oficinas de ministerios públicos, fiscalías, juzgados y recintos de defensa de derechos humanos a templetes, mítines, marchas, conferencias, seminarios. Ha sentido el rechazo incluso de quienes esperaba apoyo.
Se sabe señalada. Le han gritado insultos y han tratado de convencerla de que abandone el caso. De cualquier manera, le han querido hacer ver, su hijo ya no volverá. La han mandado al siquiatra. Y médicos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le recetaron ansiolíticos, sedantes y opioides. “Pero yo soy bien pelada”, dice. Ha devuelto insultos. Ha rechazado los medicamentos que la tenían “bien pendeja”. Pero, sobre todo, ha reclamado justicia.
También ha encontrado quien la escuche, camine con ella, la anime a tomar el micrófono o le abra una puerta. Por su hijo, va a todas: “Le prometí que lo defendería, que no descansaría, que iba a luchar por él”.
Y ha sacado fuerzas de la convicción de que tiene la razón. Es una madre a la que le mataron a su hijo, en una ejecución extrajudicial y en hechos en que se dieron cita policías de investigación, militares, agentes de seguridad pública y en el que videos del acontecimiento y otras pruebas fueron “extraviados”.
A pesar de que se pudo establecer la presencia de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública en el momento del asesinato, las autoridades no pudieron entregar la matrícula del vehículo ni la identidad de los policías. Nunca las autoridades castrenses quisieron explicar por qué se presentó en el lugar de los hechos un efectivo de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni se supo qué partes informativos entregó a sus superiores. Y se “perdieron” los informes de un policía de inteligencia del alto mando policial de la Ciudad de México que llegó al lugar justo después del homicidio.
“Me vas a entender cuando te maten a un hijo… No te lo deseo, pero no me digas que me entiendes porque no es así…”, le dijo a un funcionario que la abrazaba delante de las cámaras pero no atendía realmente su caso
En medio de su dolor, Lourdes Mejía ha espetado: “Me vas a entender cuando te maten a un hijo”, a funcionarios que le prometen, le dicen que la “entienden” pero que no mueven un dedo por reencauzar las investigaciones. “No te lo deseo, pero no me digas que me entiendes porque no es así”, les ha completado.
Su tenacidad abrió una puerta para el esclarecimiento del caso, aunque reconoce que gran parte de las evidencias se perdieron y muchas diligencias que tuvieron que haber hecho las autoridades no se llevaron a cabo. Con todo, sigue firme.
Estar “chingue y chingue”, encarar a servidores públicos y hacer plantones –a veces casi sola, otras con la solidaridad de colectivos y organizaciones– provocó que los Poderes Ejecutivo y Judicial locales reconocieran las deficiencias en el caso y le pidieran perdón el pasado 4 de marzo. Es decir, el cambio de actitud, al menos en el discurso, ocurrió ya con Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y el magistrado Rafael Guerra Álvarez como presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Además, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos como el Proyecto Cihuacóatl y abogados como Guillermo Naranjo logró que el caso se convirtiera en el primero en la Ciudad que será investigado por una Comisión de Expertos Independientes. Sentará precedentes para cientos de otros casos de ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento por parte de las autoridades.
La Comisión está integrada por: María del Pilar Noriega García, defensora de derechos humanos; Sonja Perkic-Krempl, especialista en casos de violaciones graves de derechos humanos; Zoraida García Castillo, académica en ciencias forenses; Gerú Aparicio Aviña, psicóloga victimal; Miguel Ángel Urbina Martínez, asesor en materia de justicia penal y derechos humanos en América Latina, y Alberto Híjar Serrano, filósofo, científico y crítico de arte.
Lourdes Mejía es oriunda del pueblo originario de Tepepan, Xochimilco, lugar donde creció. Nació el lunes 4 de junio de 1956: cuenta hoy 63 años de edad. Fue un parto de cuates.
“Aquí en Tepepan pocas de las madres se aliviaban en hospitales, fue un parto casero. Era yo gemela con mi hermano… Cuando son del mismo sexo, son gemelos; y cuando son hombre y mujer, les dicen ‘cuates’. Así que éramos cuates. Mi hermano ya murió.”
Siendo niña, sus padres se separaron y toda la familia se desgajó. A ella la dejaron con sus abuelos paternos. De sus tres hermanos hoy sólo vive una. “Ahora convivimos más ya estando viejas. Nos hablamos más; pero antes, nada. No había contacto, no había teléfono, no había nada. Ahí de vez en cuando mi mamá venía a vernos”.
Contaba 13 años de edad cuando empezó a vivir sola. Concluyó su educación básica en la Escuela Primaria Niños Héroes, modesto recinto al que luego acudirían sus hijos y que hasta la fecha es el solar de los escuincles tepepanecos.
Se pagó sus estudios de secundaria en una “escuela privada patito”, pues abandonó la pública Escuela Secundaria Técnica 89, ubicada en Xochimilco, cuando se fue a vivir a la colonia Roma a una casa de huéspedes administrada por monjas (“…no nos hacían rezar ni nada de eso, sólo era un negocio de ellas”, aclara). En esos tiempos trabajaba como asistente de médicos o dentistas. Pobre y vulnerable, sufrió tres intentos de abuso sexual por parte de patrones, de los que se defendió con uñas y dientes.
Ingresó al bachillerato en la entonces Escuela Vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), hoy Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 8.
“Tenía ganas de tener una casa y no andar de aquí para allá. Mi idea era estudiar arquitectura. Ahí estuve hasta, creo, quinto semestre, y cometí la pendejada de embarazarme a los 18 años: mi hija la tuve a los 19”
“Tenía ganas de tener una casa y no andar de aquí para allá. Mi idea era estudiar arquitectura. Ahí estuve hasta, creo, quinto semestre, y cometí la pendejada de embarazarme a los 18 años: mi hija la tuve a los 19. Ya era activista, andábamos de aquí para allá, entré al Comité de Lucha, así se llamaban los colectivos del Poli.”
Jesús Cuevas Ortiz fue la pareja de Lourdes durante algunos años y padre de Tania, su primogénita, y de Carlos Sinhué. Don Jesús falleció este domingo 11 de octubre a causa de Covid-19.
Cuando Lourdes y Jesús se separaron, ella trabajaba en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), “por contrato, no tenía base, era yo agente de información; y que se acaba mi contrato y se acaba mi trabajo”.
Se empleó con doctoras y doctores como edecán o asistente en consultorios y laboratorios. También fue obrera en una de las fábricas de la trasnacional Gillette. Y vendía dulces a las puertas de su casa. “Andábamos en chinga mis hijos y yo”.
Sus empleos formales “casi siempre fueron en consultorios porque mi madre trabajaba en el Centro Médico y pues a veces me conseguía trabajo con sus compañeros médicos, pero en consultorio particular”. Al mismo tiempo se contrataba como afanadora por las tardes y como asistente de dentista. “Ya me ganaba tres lanitas” en un día.
Después ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el área de intendencia. “A mí me urgía trabajar y ahí estuve un buen tiempo. Después me cambié como asistente médico, porque podías concursar por plazas que son los que atienden a los pacientes y luego los pasan con el doctor. Ya con esa categoría me pensioné. Como tuve accidentes de trabajo, me lesioné mi columna, me dieron incapacidad. Gané mi juicio y me pensionaron”.
Entonces, con vecinas, formó un taller-cooperativa de costura, bordado y tejido. Para entonces ya había formado una nueva familia con Alejandro, su esposo. La pareja había procreado a Sajid y Samara.
Así la encontró la peor noticia que ha recibido en su vida: el asesinato de Carlos Sinhué. Y peor, para justificar las irregularidades de las investigaciones, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, vinculó al activista con delitos contra la salud y al crimen con un móvil “pasional”. Sin pruebas. Fue una declaración a la ligera ante la prensa. La indignación creció en Lourdes Mejía. Las palabras de Mancera provocaron que algunas organizaciones la vieran con recelo y le regatearan apoyo.
Las protestas de Lourdes Mejía le costaron a el empleo a su esposo. Trabajaba en la PGR y le dijeron que lo despedían porque le habían “perdido la confianza”
Señala que las protestas que inició desde el día de la ejecución de Carlos le costaron a su marido el empleo. Arquitecto, trabajaba como perito en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El argumento para despedirlo fue que le habían perdido la confianza.
—A 9 años del asesinato y a casi 2 de que asumieron las nuevas autoridades, ¿ha habido algún avance para saber la verdad de lo ocurrido y castigar a los responsables? –se le pregunta.
—Pues…
Duda. Reconoce como un triunfo haber arrancado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la recomendación 2/2018, en la que se estableció como uno de los puntos que se formara una comisión de expertos independientes para investigar lo ocurrido. Ahora hay algunos avances impensables durante los gobiernos anteriores, pero la justicia sigue estando muy lejos.
“Después de la recomendación cambiaron al fiscal de homicidios [titular de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio] y éste fue un poco más abierto. Él me proporcionó el video, me dio los documentos que no tenía yo, todavía hay unos que están en sobre cerrado que yo no los tengo físicamente, pero que ya se los dieron a los expertos.”
El expediente es de 12 mil 900 fojas con sobres cerrados dentro del mismo expediente que tienen la leyenda de “documentación confidencial”. “A mí nunca me la dieron, dentro de la misma comparecencia voy pidiendo que se me entreguen copias y su argumento es ‘no ha lugar’”.
—Esta apertura de la Fiscalía, ¿ya fue en este gobierno de Claudia Sheinbaum?
—Sí, ya fue con Sheinbaum y con Ernestina [Godoy]; pero ya lo cambiaron, era el licenciado [José Luis] Quiroz [Hernández] y la verdad es que se me hizo más humano, menos déspota. Nunca dijo: “No”. Era sensible. Ahora ponen a otro fiscal que viene de Oaxaca, que es un doctor que se llama Ernesto [López Saure].
—¿Pero hay posibilidades de que se resuelva el caso de su hijo?
—Mira, se ha perdido mucha evidencia: cosas que ya no se hicieron, cosas que ya no se pueden hacer porque se pasó el tiempo. Lo primero que se debió haber hecho es investigar a la policía. Cuando Carlos muere, acude una patrulla, que es la A162, de la Secretaría de Seguridad Pública [SSP]. El policía es un fulano que se llama Carlos Sergio Segura Chávez. La primera declaración de este policía es que va al lugar porque estaba haciendo estadísticas del grado de delincuencia que había en el lugar, pero él trabajaba dentro de la SSP en la base que se llama “Caminante”, que ya desapareció. Esta base tenía su sede en Liverpool, 136, cuarto piso. Este policía se dedicaba a analizar videos y, así estaba establecido, se dedicaba a analizar grupos subversivos.
El policía que llegó al lugar donde Carlos fue asesinado estaba adscrito a la investigación de grupos subversivos. Luego cambió la versión y dijo que se dedicaba a medir el grado de delincuencia en la zona
Lourdes Mejía explica que a pesar de los requerimientos ministeriales, el policía nunca mandó su bitácora de armas y en lugar de señalar que estaba adscrito a un área encargada de investigar subversión dijo que se dedicaba a medir el grado de delincuencia en la zona.
Cuando Lourdes Mejía le dice al Ministerio Público (MP) que debe haber algún informe o dictamen elaborado por este policía para informar a sus superiores, el MP accede y turna la petición a la SSP. La Secretaría responde que hubo una filtración de agua por las lluvias y que tal documento desapareció o se destruyó. “¿Qué esconden? Quién sabe”.
Además, está el hecho de que en uno de los videos se pueden apreciar las luces de una torreta de patrulla de policía y también se consignó la presencia de un integrante de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa, es decir, inteligencia militar.
A nivel federal gobernaba Felipe Calderón Hinojosa, cuyo secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna, hoy procesado en Estados Unidos bajo sospecha de trabajar para el Cártel de Sinaloa en aquellos años.
Otra bitácora policiaca del día de los hechos, elaborada por un policía apellidado Villafaña, de la base Huipulco Hospitales, informa de las personas encargadas de poner a disposición del Servicio Médico Forense el cuerpo de Carlos. Al final de la hoja, con asterisco, se identifica a uno de los “policías” como integrante de la Primera Zona Militar, con nombre y rango castrense.
El caso va ahí. Se cumplen 9 años este 26 de octubre. Las investigaciones se detuvieron de nueva cuenta, bajo la justificación de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19. Lourdes Mejía al menos ha logrado transformar el modelo de investigación de los homicidios cometidos contra activistas en la Ciudad. No sabe si dará con los responsables del asesinato de su hijo y de quienes encubrieron el crimen. Pero su firmeza ya estableció un precedente para que otros cientos de casos busquen justicia.
Está al pendiente de sus otros hijos, de sus dolores, sus alegrías, sus enfermedades, sus logros, sus triunfos y sus fracasos. Recién celebra el nacimiento de un nuevo nieto. Su lucha cotidiana por el sustento, antes de que le arrebataran a su Carlos, le dio para hacerlos profesionistas a todos. Tania es química. Carlos era filósofo. Sajid es biólogo. Y Samara (“mi pilón”, dice) es ingeniero químico metalúrgico.
“Y así, hasta que me muera, yo sigo siendo su madre.”
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