Para Moisés Téliz

I. Casi nadie se ocupó del régimen judicial que en las más de 3 décadas del porfirismo-porfiriato (1876-1880 y 1884-1911) impartió (in)justicias que, entre otras causas, generó el estallido revolucionario convocado por Madero (Francisco I Madero, La sucesión presidencial: 1910 o El Partido Nacional Democrático, como se tituló originalmente el libro; y de Cario de Fornaro, Díaz, zar de México). Era necesaria una investigación crítica del último tramo de esa dictadura desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación; en una simulada federación, porque Porfirio reunía los tres poderes en su férreo dizque presidencialismo que enmascaró un despotismo plutocrático y oligárquico a caballo entre modernizaciones autoritarias de “menos política y más administración”, que marcaron tanto la vida pública como privada que la Revolución de 1910-1917 no fue el parteaguas que pareció, cuando tras el golpe militar porfirista de Victoriano Huerta reconstruyó –hasta nuestros días– parte de ese porfirismo que acusa el neoautoritarismo presidencialista, los fraudes electorales y la impartición de injusticias por la corrupción del Poder Judicial.

II. El jurista José Ramón Cossío Díaz nos entrega el excepcional trabajo La justicia prometida. El Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910. Es un tríptico de preguntas y respuestas para recrear la fase terminal del porfirismo-porfiriato de 1900-1910. La primera aborda el “conjunto de instituciones establecidas para permitir la resolución de cierto tipo de conflictos sociales mediante la realización de las condiciones propias del proceso de que se trate (amparo, civil, penal, etcétera). Segunda, que aun cuando hable de porfiriato, mi objeto de atención serán los años que van de 1900 a 1910 […] el análisis hecho a partir de los dos supuestos anteriores […] comprenderá a los órganos federales de impartición de justicia […] como decía O’Gorman, no pretendo regañar a los muertos, sino tratar de formular las explicaciones que ellos no pudieron o no quisieron darse […] no trato de sustituir los datos duros […] por datos presentes, sino trabajar con hechos producidos en aquellos años”. En más de 400 páginas, logra el autor sus objetivos; y en la conclusión exculpa a Díaz y sus elites de “los males de la impartición de justicia federal”; y relativiza el juicio de la “enorme promiscuidad existente entre las elites judiciales y el resto de las elites porfirianas”.

III. Es la radiografía de la legalidad implantada por la autocracia en el país de un sólo hombre (Enrique González Pedrero, País de un solo hombre: el México de Santa Anna); donde el presidencialismo siempre ha metido la mano negra, incluso nombrando a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta tenga facultades de un tribunal constitucional que debe ser autónomo, si concedemos la razón al clásico del derecho Hans Kelsen (¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?), contra el nazifascista Carl Schmitt. “Sobre todo los ministros, podrían estar vinculados con abogados en razón de los negocios que les fueran encomendados a los primeros por los secretarios de Estado, los gobernadores o el propio Díaz [¿acaso no pasa lo mismo aún?], casi siempre mediante la intervención de los consabidos mediadores o litigantes”. Díaz y su pandilla hicieron suyo, hasta sus últimas consecuencias, el binomio “justicia y gracia para los amigos”; con injusticias (a secas) para el pueblo. “Califico la situación entonces existente de perversa, puesto que el problema central que se dio fue tanto orientar la voluntad del juzgador […] como impedir que muchos problemas y muchas personas accedieran a la justicia”, concluye el autor.

Ficha bibliográfica:

Autor: José Ramón Cossío Díaz

Título: La justicia prometida. El Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910

Editorial: Fondo de Cultura Económica y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

[BLOQUE: MISCELÁNEO]

[SECCIÓN: EX LIBRIS]

Contralínea 451 / del 24 al 30 de Agosto 2015