El Ejército Mexicano es el encargado de resguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. No obstante, desde 2006 comenzó a participar en tareas de otro orden, como el resguardo de la seguridad pública (ahora incluso como integrantes de la Guardia Nacional), los bienes nacionales, el combate al robo de combustibles y la contención de los migrantes indocumentados.
Aunado a ello, cada vez más se consolida su papel de constructor, pues ahora se le han encomendado obras de infraestructura prioritarias para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.
Aunque el titular del Ejecutivo reivindica constantemente al cuerpo castrense, al decir que “es pueblo uniformado”, también ha dicho que éste podría extinguirse: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos” (La Jornada, 30 de junio de 2019).
Emilio Vizarretea Rosales, doctor en ciencias políticas y catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), considera que el presidente ha moderado su discurso en contra de las Fuerzas Armadas, en aras de ir atendiendo la relación, comprendiendo y conociendo, porque la mayoría de sus proyectos relevantes se apoyan en el Ejército.
En entrevista, el también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México expone que se debe colocar en perspectiva que el Ejército tiene una estructura que favorece la trascendencia. Por ello, añade, es importante el papel que ejerce ante la población.
Menciona que hay episodios históricos y contemporáneos importantes; el más lamentable en lo que va del sexenio, añade, sería la liberación de Ovidio [Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo], ocurrido el 17 de octubre de 2019. “Ésa es una decisión que, aunque se haya inscrito en el gabinete de seguridad nacional presidido por el propio presidente, puso en una tensión innecesaria a las Fuerzas Armadas”.
El especialista en seguridad nacional agrega que las Fuerzas Armadas tienen que incrementar sus recursos, con la imposición de nuevos retos: “no solamente humanos, también recursos para atender los temas de la inteligencia con la tecnología, son fundamentales”. Advierte que si eso no se modifica, “el grado de operatividad del Ejército va a disminuir sensiblemente, afectando sus propias misiones o volviéndose omiso en algunas operaciones”.
Otros episodios que se recuerdan en esta conmemoración del 107 aniversario del cuerpo castrense tienen que ver con la presunta violación de derechos humanos. En el primer año de gobierno de López Obrador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –encabezada por el general Luis Cresencio Sandoval González– “203 quejas y tres recomendaciones, que se encuentran en fase de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Víctimas, los estándares internacionales en materia de reparación de daños y al compromiso de la protección y respeto”, indica el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, presentado el 1 de septiembre pasado.
Más allá de las quejas, están hechos históricos como la matanza de estudiantes en 1968 y 1971, la participación en la llamada Guerra Sucia en las décadas de 1970 y 1980, los crímenes perpetrados en la supuesta “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Por ello, hay una tendencia a incorporar el tema de derechos humanos en las tareas castrenses, dice el experto en seguridad nacional Guillermo Garduño Valero. “Esto es consecuencia de todo conjunto de arbitrariedades y de situaciones, incluso masacres, que se dieron en el pasado”.
Aquí hay dos elementos importantes a considerar, expone: “Los soldados no fueron de motu proprio, fueron ordenados por civiles. Éste es un elemento que difícilmente se quiere reconocer, pues se enjuiciaría a todos los regímenes anteriores que, de alguna manera, han propiciado o generado este tipo de acciones. Tlatelolco y el 10 de junio [de 1971] fueron ordenados por civiles, desde la Presidencia de la República y ha establecido una condición de impunidad”.
Expone que hay puntos relevantes a considerar en el trabajo del Ejército Mexicano, durante el actual régimen: “La más grave de todas ha sido con respecto a la población migrante, procedente de Centroamérica y de muy diversas partes del mundo. Hemos creado un Ejército lejos de ser un ejército popular, solidario, incluso, con las naciones de América Latina, que sólo están reclamando un derecho de tránsito. México, como señaló el presidente Donald Trump, efectivamente ha hecho el muro y lo estamos pagando a un costo histórico porque rompe toda la tradición mexicana de asilo; rompe, incluso, un derecho humano que es algo más que asilo: el derecho del libre tránsito, garantizado por la Constitución”.
El experto en temas de seguridad nacional apunta que “un segundo elemento que ha costado muchísimo es el narcotráfico, que ha penetrado a las comunidades, las domina: es la única fuente de empleo. Lo que estamos contemplando es que estamos enviando al Ejército en las distintas comunidades, a través de la Guardia Nacional, lo que definitivamente ha incrementado y potenciado el número de asesinatos y de la violencia que particularmente se da”.
Para el académico el tercer elemento “es que en México hay una guerra que nos negamos a admitir. Se define bajo una situación en donde predomina la violencia, es una guerra que definitivamente es silenciosa, tremenda, pero que se da en el campo y en las ciudades, donde no hay programas, no hay planteamientos, no hay ideas”.
Victoria Unzueta Reyes, doctora en estudios políticos europeos y euroamericanos por la Universidad de Turín, especialista en temas de seguridad nacional y asesora parlamentaria, respalda la idea de que el Ejército “es pueblo uniformado”, pues se constituye con gente, principalmente, de comunidades marginadas y pobres.
“En este sentido sí se considera un Ejército del pueblo, porque cuando la educación deja de ser un factor de movilidad social, lo único que les queda a las familias es el Ejército. Además, en una situación de violencia como en la que estamos, el Ejército necesita continuamente reabastecerse de efectivos y esto ha generado una constante movilización en términos sociales, respecto a las personas, a la gente”.
Unzueta Reyes añade que el objetivo de las Fuerzas Armadas es constituir la última defensa del Estado: “por eso están entrenados para defender a ultranza las instituciones, la soberanía, etcétera. Esto implica la posibilidad de usar la fuerza de manera legal, usar la fuerza letal, para eso están entrenados”.
Para la especialista en seguridad nacional, el problema es el abuso que se ha hecho de las Fuerzas Armadas frente a instituciones de seguridad pública débiles, del poderío enseñoreado de la delincuencia organizada y de toda una serie de dificultades en términos de atención de las necesidades de la población.
“Lo que hemos visto es un incremento de la violencia, la expansión territorial de la delincuencia organizada y como única respuesta del Estado, el uso de la fuerza, a través de las Fuerzas Armadas; esto, evidentemente genera conflictos, violaciones a los derechos humanos, excesos.”
Añade que que ahora, además de las tareas encomendadas, son constructores inmobiliarios, lo que deriva en una distracción, no sólo de los elementos que están destinados a la seguridad pública sino del personal dedicado a las Fuerzas Armadas.
Y es que el 6 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Ejército Mexicano es el encargado de construir las sucursales del Banco del Bienestar y realizará el traslado del dinero, sobre todo en zonas indígenas y en municipios donde empresas especializadas de traslado de valores “no quieren ir”.
La Defensa y la Marina, dijo el mandatario, “me están ayudando, me están apuntalando, se han portado muy bien los militares y no se echan para atrás en nada. Siempre me dicen ‘sí se puede, sí lo hacemos, va’”.
Además, el 20 de diciembre de 2018 anunció que el Ejército se encargaría de la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México, donde se encuentra una base área militar.
El actual Ejército Mexicano “surge con el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila que en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, desconoció al General Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, Gobernador del Estado, para crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional.
“El 26 de marzo del mismo año, fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que le dio nombre al “Ejército Constitucionalista” y una vez que se promulgó la Constitución de 1917, adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y Permanente y más tarde Ejército Mexicano. Con el decreto número 720 de 22 de marzo de 1950, se declaró como el ‘Día del Ejército’ el 19 de febrero de cada año”.
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En las páginas de la historia ha quedado registrado uno de los episodios más oscuros de la historia de las Fuerzas Armadas: agrupamientos y unidades militares se desplazaron en el centro de la capital mexicana el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. La historia ha documentado que dispararon y desaparecieron a estudiantes, convocados por el Consejo Nacional de Huelga.
Luego, la llamada Guerra Sucia, donde efectivos militares participaron en la desaparición de miles de mexicanos, opositores al sistema que encabezaba el Partido Revolucionario Institucional. Ya en la “guerra contra el narcotráfico”, declarada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se puso al descubierto la participación de militares y exsoldados en las filas de la delincuencia organizada.
Para 2014, el Ejército también fue señalado de su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Durante sus investigaciones, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pusieron en la mira a soldados que formaban parte del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Érika Ramírez
[INVESTIGACIÓN] [SOCIEDAD] [D] [SEMANA]
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