Las empresas extranjeras que en los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos perdieron sus privilegios y millonarias concesiones en el sector energético del país con la Expropiación Petrolera y la Nacionalización de la Industria Eléctrica, vieron coronadas sus aspiraciones de regresar con más bríos en los gobiernos neoliberales cuando se aprobó en el Congreso la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, con sus respectivas leyes secundarias.

Las multinacionales se valieron de organismos globales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para imponer al sumiso gobierno de Peña reglas del juego acordes a sus intereses, buscando minar la soberanía nacional de nuestro país.

En los fundamentos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo a los miembros del Congreso de la Unión, se estableció:

“La reconceptualización del papel del Gobierno Federal en las empresas productivas del Estado implica que aquel deje de ser su ´administrador principal´ y se asuma como propietario. Esta distinción no es menor. Las mejores prácticas internacionales incluyendo los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y las directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, recomienda que las funciones de propietario estén claramente definidas y delimitadas, de manera que el Gobierno, como dueño, no se entrometa en la operación cotidiana de la empresa y ésta tome sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas empresariales de negocio, alejada de presiones políticas coyunturales”.

Sin ambages, el entonces Jefe del Ejecutivo estableció en su propuesta:

“La distinción de las funciones de propietario es una práctica comúnmente aceptada en los marcos regulatorios de empresas del sector privado (por ejemplo, en la Ley del Mercado de Valores), por lo que si se busca acercar a las empresas estatales mexicanas a un marco de regulación y actuación más próximos al sector privado, deben tomarse las mejores experiencias y prácticas que coadyuven a tal propósito”.

Como consolación, la OCDE establecía que aunque el Gobierno Federal abandonaba su papel como “administrador de las empresas”, se dejaba como premio de consolación la opción de designar “algunos funcionarios dentro de sus consejos de administración”.

Al tenor del nuevo contexto político que vive el país, se entiende el porqué partidos como el PRI, PAN y sus comparsas en las cámaras de Diputados y Senadores se negaron a debatir los fundamentos y el contenido de la Reforma Energética, de cara a la nación. Sencillamente sabían que no contaban con los mínimos argumentos de defensa a una propuesta que no fue concebida, o al menos redactada, por los funcionarios del pasado sexenio

El planteamiento de los organismos internacionales que dio paso a la regresiva iniciativa buscó no sólo el aniquilamiento de las funciones pública y social del Estado en el sector energético, además planteó la reducción de las nuevas “empresas productivas” a la categoría de simples “empresas administrativas”.

En las leyes secundarias, por ejemplo, lejos de buscar fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se estableció la creación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que lejos de ser un organismo encargado de velar por la soberanía energética, apareció como el gran gestor de las empresas privadas, nacionales y extranjeras para agilizar sus trámites en la apropiación del mercado eléctrico nacional.

Con la reforma privatizadora de Peña Nieto, el servicio público del sector eléctrico quedó restringido a la planeación, operación y control, a través del Cenace y la propia Secretaría de Energía, como cabeza de sector. En este sentido, ahora la generación y comercialización son áreas de libre concurrencia; esto es, las de mayor interés a los privados.

Uno de los gastados sofismas de los gobiernos neoliberales para abrir las puertas del sector energético a la privatización, fue la baja en las tarifas eléctricas, situación que tras la aprobación de la Reforma Energética y su puesta en marcha, nunca se cumplió. Y menos aún con el esquema establecido en las leyes secundarias que colocaron a las reglas del mercado de la oferta y la demanda por encima del interés social de las mayorías.

Ahora que se cumplió el 59 Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, valga recordar el balance de su política en materia energética y en favor de los derechos de los trabajadores y otros sectores sociales, hecho por el presidente Adolfo López Mateos, cuando el 1 de septiembre de 1964 rindió su Sexto Informe de Gobierno.

Dijo entonces: “El carácter de mi gobierno queda definido en el espíritu de las leyes expedidas en el periodo. La acción legislativa ha sido intensa e invariablemente inspirada en el interés nacional por los principios de la justicia social.

“Promovimos la reforma de los artículos 27, 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de la Constitución, para proveer a la nacionalización de los recursos eléctricos; a la declaración del dominio de la nación sobre la plataforma continental, los zócalos submarinos y el espacio aéreo; a establecer con la suplencia de la deficiencia de la queja en materia agraria mayores garantías a ejidos y  núcleos de población en los juicios de amparo…; a hacer efectiva la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; a dar nuevas bases a la fijación de los salarios mínimos, a incorporar constitucionalmente los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y a robustecer otras diversas garantías del Derecho Obrero”.

Importante destacar que entonces la política nacionalista de alto contenido social, ejecutada por López Mateos, logró tasas de crecimiento sostenido del 6 por ciento anual del PIB, muy por encima del mediocre 2 y 3 por ciento alcanzados en tres décadas de  gobiernos neoliberales.

Las manecillas de la historia hacen impostergable que en el actual gobierno, donde se busca revertir los efectos nocivos y regresivos del neoliberalismo, se convoque a un debate nacional donde se redefina el rumbo del sector energético y, en particular, del sector eléctrico, con la participación de los trabajadores, usuarios y los tres poderes de la Unión, ante la inviabilidad de que un sector tan importante para la economía nacional se siga manejando con el viejo esquema tecnocrático que ha colocado a miles y miles de usuarios contra la pared por las tarifas impagables de la CFE y las escandalosas deudas heredadas por exdirectores como Alfredo Elías Ayub, que alentaron la firma de convenios de compra de energía a trasnacionales en franca desventaja para el país.

La industria eléctrica debe recobrar el sentido nacionalista planteado por el expresidente Adolfo López Mateos, porque de su rescate y control por parte del Estado dependerá en buena medida el apuntalamiento de nuestro desarrollo económico.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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