A cuatro años de haber iniciado un juicio mercantil contra la minera Excellon Resources, los habitantes del ejido La Sierrita de Galeana, ubicado en el municipio de Tlahualilo, Durango, denuncian que las tierras siguen explotadas por la empresa canadiense, sin que sus propietarios reciban beneficio alguno y sin que las autoridades dicten sentencia.
A las pruebas aportadas por los ejidatarios, se suman estudios realizados por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los que se documenta la existencia de contaminantes de alta toxicidad (arsénico y plomo) en el agua que arroja la mina, concepto por el que se había establecido en el contrato la instalación de una planta tratadora de agua.
Las pruebas del caso están en poder de la magistrada Marcela Gerardina Ramírez, y la defensa de los ejidatarios es representada por la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (Prodesc), a través de los abogados Alejandra Ancheita Pagaza, Valeria Scorza Rueda, Dante López Santiago, Quetzalli Ramos Campos y Juan Antonio López Cruz.
López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc, niega que la empresa haya cumplido con todas las cláusulas del contrato. En respuesta a Contralínea, los directivos de la minera indicaron que la empresa demandó inicialmente la rescisión del Contrato de Ocupación Temporal “debido al bloqueo realizado por integrantes del ejido La Sierrita, que se llevó a cabo del 9 de julio de 2012 al 31 de agosto del mismo año, pero La Platosa pudo reanudar sus operaciones hasta el 16 de octubre del 2012.
“El bloqueo realizado por los ejidatarios de la Sierrita no sólo dejó sin operaciones a La Platosa, sino que además puso en riesgo la seguridad de los mineros que se encontraban en las instalaciones de la mina, porque no se permitió el acceso de los trabajadores encargados de vigilar la seguridad de los mineros, lo anterior quedó debidamente probado en el juicio a través de las diversas pruebas periciales ofrecidas por las partes” (edición 497).
Aseguró que Minera Excellon de México ha dado cabal cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas derivadas del Contrato de Ocupación Temporal.
Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc, expone que Excellon había incumplido con las cláusulas antes de la solicitud de recisión, al llevar a cabo exploración fuera de las 1 mil 100 hectáreas arrendadas. Tampoco cumplieron con las cláusulas, como la instalación de la planta tratadora de agua y la concesión del acarreo de mineral a los ejidatarios.
Uno de los documentos presentados para documentar la exploración de Excellon fuera de las tierras arrendadas, es el expediente 683/12, firmado por Esteban Ezquibel Alonso, perito en topografía con estudios en ingeniería y administración de los recursos agua-suelo. El documento, con copia en poder de Contralínea, indica que “una vez determinada la superficie arrendada a la empresa, se localizó un área de exploración con un barreno fuera del área arrendada con las siguientes coordenadas: X632327000 Y2871700000”.
El Acta Circunstanciada de Inspección Judicial, bajo el expediente 683/2012, que identifica a Rocío Ramírez Talamantes como actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 6, indica: “nos encontramos fuera de las 1 mil 100 hectáreas, se localiza en el terreno un tubo de PVC, color blanco, de aproximadamente diez centímetros de diámetro, clavado en el piso o en la tierra…”.
En este dictamen, coincidió el perito Rodolfo Hernández Vélez, que documentó la referencia geográfica del tubo de PVC, “en terrenos del uso común del Ejido”.
En respuesta al Punto Nacional de Contacto, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la Secretaría de Economía, el entonces representante de la minera, Pablo Fabián Gurrola Quezada niega que haya arbitrariedades y responde: “La realización de actividades de exploración minera no autorizada en tierras ejidales”… “este punto es falso, Minera Excellon, a través de su representante legal solicitó a la Asamblea Ejidal el permiso correspondiente para llevar a cabo un barreno en tierras ejidales. En su momento dicho permiso le fue otorgado a Minera Excellon de manera verbal por medio de un representante del Comisariado Ejidal (Daniel Pacheco). Por el desconocimiento a preceptos básicos de derecho y en aras de mantener una buena relación con el Ejido, Minera Excellon no exigió una respuesta por escrito, confiando en la palabra del representante Ejidal”.
Y aunque el representante de la empresa asegura que le fue asignado el permiso, un documento de la Asamblea General de Ejidatarios señala que la resolución al oficio enviado por Pablo Gurrola, (entonces) gerente general de la mina La Platosa, Excellon Resources, está sujeto a que “la autorización del permiso de este ejido para exploración depende de:
El oficio fue emitido el 5 de abril de 2011, sin que se obtuviera respuesta.
Esta es la prueba, dice el abogado de los ejidatarios, de que los habitantes sí solicitaron que se precisara dichos datos sobre la perforación que pretendía realizarse fuera del área arrendada, pero la minera no respondió, sólo hizo el barreno.
Otro de los elementos que ha evidenciado el incumplimiento de cláusulas, es el relacionado con la obligación adquirida por la minera para instalar una planta para tratar el agua que deja la mina.
Y la cláusula más importante para el ejido fue la dotación de agua para uso agrícola. “Ellos están sacando alrededor de 10 a 12 mil galones de agua por minuto, estaba firmado que nos daría el agua para uso agrícola, para nosotros eso era oro, pero nunca ocurrió, incumplieron”, expuso Daniel Pacheco Álvarez, presidente del comisariado ejidal La Sierrita (Contralínea 497).
La urgencia de que se cumpliera con ese compromiso respondía a la falta de agua en la región y que la que existe tiene residuos contaminantes, resultado de la actividad minera.
El estudio que llevó a cabo la Facultad de Química de la UNAM, a través de la Secretaría de Extensión Académica, indica que se detectó arsénic en el límite para aguas residuales y diez veces más alto para agua de consumo humano.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el arsénico es una de las 10 sustancias químicas que este organismo considera más preocupantes para la salud pública. “Es muy tóxico en su forma inorgánica. Su mayor amenaza para la salud pública reside en la utilización de agua contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios.
Además, la “exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes”.
El análisis de la UNAM también detectó plomo, e indica que “se cumple la norma para aguas residuales, pero hay siete veces más cantidad de iones de plomo para aguas para consumo humano”.
Al respecto de este elemento, la OMS indica que es una “sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad.
“La exposición al plomo se cobra cada año un total estimado de 143 mil vidas, registrándose las tasas más altas de mortalidad en las regiones en desarrollo. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro”, indica el organismo internacional.
Uno de los capítulos más crudos que han vivido los ejidatarios de esta comunidad es la manifestación que llevaron a cabo a las afueras de la empresa, pues derivó en amenazas y actos de intimidación.
En entrevista, Daniel Pacheco Álvarez, presidente del comisariado ejidal La Sierrita, relata: “sin permiso, salieron a explorar. Nosotros nos pasamos casi todo el 2011 diciéndoles que debíamos sentarnos a revisar el contrato. Las cláusulas que no habían cumplido y resarcir el daño de las que habían violado. Nunca aceptaron, nos pasamos así desde el 2009 a 2012. Decidimos emprender acciones, una de ellas fue la manifestación afuera de la minera que duró del 8 de julio al 24 de octubre.
“En todo ese periodo sufrimos represión psicológica y física. El 29 de agosto de 2012 llegó el ejército, la policía federal, la estatal y la municipal a querernos retirar de nuestro campamento (de unos 80 ejidatarios, aparte de familia). Nos amenazaron, nos pusieron las puntas de sus armas en el estómago, sólo que nosotros no opusimos resistencia, ni nos violentamos, simplemente aguantamos y dijimos: ¡pues ya!, pase lo que pase.
“Como resultado de todas esas acciones, después, en 2013 entraba la policía estatal a nuestra comunidad y recogía a 5 o 6 personas, se las llevaban, golpeaban a una o dos y a las demás las traían paseando un buen rato. Luego, iban y las tiraban a la comunidad, otra vez, sin justificación alguna, sin orden de aprehensión, sin nada. A nosotros como dirigentes del ejido nos hacían llamadas, amenazándonos”.
Y aunque la minera alega que sufrió pérdidas millonarias por el bloqueo, poniendo en riesgo la misma seguridad de los mineros e impidiendo el acceso de los trabajadores encargados de vigilar la seguridad en la mina, los ejidatarios y su defensa comentan que no hubo violación alguna.
El abogado de Prodesc comenta que los ejidatarios se plantaron en dos áreas: en tierras del ejido distintas a las arrendadas y en terrenos de particulares, por lo cual solicitaron el permiso correspondiente para no caer en alguna irregularidad.
Prueba de ello es el permiso otorgado por Olivia Hernández de los Santos, que permitió que los demandantes utilizaran sus tierras “para iniciar una acción de presión hacia la empresa minera Excellon… teniendo en cuenta que existe un total apoyo de mi parte hacia su lucha en defensa de sus derechos”.
Por tal motivo, los ministerios públicos que fueron a amenazarlos y que supuestamente tenían la denuncia, jamás los pudieron detener, porque no había una violación o ilegalidad, dice López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc.
Érika Ramírez
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