Desde febrero pasado, cuando anunció la tercera reducción del gasto público en lo que va del sexenio, a Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le ha visto muy atareado.
Con diversos grados de intensidad, la estructura estatal, las entidades autónomas, las dependencias de la administración central y las áreas bajo control presupuestario directo, padecen la severa disciplina fiscal.
Sólo se salvan de la austeridad el derrochador Poder Judicial, paradójicamente avaro en materia de justicia, y las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), responsables de la seguridad externa e interna.
La información de la Secretaría de Hacienda testifica la eficacia de su responsable en materia de disciplina fiscal, recorte del gasto y el despido de empleados públicos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto decretó que deberán ser despedidos 15 mil 825 empleados federales en 2016 –7 mil 740 de mandos medios y personal sindicalizado, y 8 mil 85 eventuales– y 10 mil de Petróleos Mexicanos (Pemex), en nombre del ascetismo presupuestal, como ocurrió en la década de 1980.
Arrojar a la calle a esos trabajadores o aceptar su jubilación anticipada y sus renuncias voluntarias tiene como contrapartida un ahorro presupuestal de casi 7.1 mil millones de pesos, equivalente al 24 por ciento del ajuste en los ramos administrativos (29.3 mil millones de pesos), o al 5.4 por ciento del recorte total (132.4 mil millones de pesos), que incluye a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De acuerdo con información de Hacienda, se espera que una parte del recorte de plazas en la administración federal se deba a la rotación de personal por jubilación y renuncias que normalmente se registran cada año, por lo que se podrán congelar dichos puestos y con ello mitigar el despido de funcionarios.
En el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de marzo, Videgaray ofreció el primer balance trimestral de su encomienda. Se anunció la cancelación de 6 mil 851 plazas. De ellas, 479 ya habían sido suprimidas en 2015. De las restantes 6 mil 372, se consideró que 5 mil 760 son dignas de una compensación: 2 mil 580 iniciaron su trámite de desaparición en 2015, y 3 mil 180 en 2016.
El costo fiscal de los burócratas que empezaron a sacrificarse en 2015 fue tasado en 774.5 millones de pesos, y los de 2016 en 722 millones de pesos. En total, 1 mil 496.4 millones de pesos. En promedio, cada trabajador de 2015 fue valorado en 333 mil pesos, y en 2016 en 243 mil pesos.
La reducción del costo de los despidos entre 2015 y 2016 tiene una explicación sencilla. En aquel año, el 57 por ciento de las plazas en proceso de cancelación (1 mil 468) correspondieron a los mandos medios –directores, subdirectores, jefes de área–, y el 47 por ciento restante (1 mil 112) a los empleados de enlace y operativos. La compensación media de los mandos fue de 375 mil pesos y la de los otros de 201 mil pesos. Desde luego el recorte no llegó a los niveles de secretarios, subsecretarios de Estado u oficiales mayores, que ante los resultados negativos del gabinete se lo merecían.
En 2016 el ajuste sólo afectará al 27 por ciento de los mandos medios (860), y el 73 por ciento a los de enlace y operativos (2 mil 320). La compensación media de los primeros es de 368 mil pesos y la de los otros de 175 mil pesos.
De las 5 mil 760 plazas en fase de eliminación, el 67 por ciento se concentran en tres secretarías: 31 por ciento en Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, 1 mil 791); 19 por ciento en Comunicaciones y Transportes (SCT, 1 mil 91), y 17 por ciento en Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat, 952 mil).
La Presidencia sólo contribuyó con el 0.5 por ciento de los trabajadores despedidos, con 26, y cuya compensación promedio es de 150 mil pesos.
Los directivos de Pemex también han estado muy activos en la eliminación de plazas, debido a la austeridad que le impusieron, así como a la crisis financiera y estructural que enfrenta la exparaestatal.
De acuerdo con Moisés Flores, del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp), a finales de abril se inició la segunda etapa de despidos en Pemex. Se espera que 8 mil empleados sean arrojados a la calle y que al cierre del año el total ascienda a 13 mil 600. En el primer periodo, según Flores, se cancelaron alrededor de 6 mil plazas. Sólo en las plantas de Coatzacoalcos y Minatitlán, en Veracruz, en las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca, se expulsaron a 1 mil 500 técnicos de mantenimiento y operativos. En 2015, según la misma fuente, el número de cesados sumó 11 mil 97 petroleros, por lo que la plantilla laboral bajó a 135 mil 228 trabajadores.
Hasta este momento esa es la cuota pagada por el “capital humano” burocrático.
En enero-abril de 2016, el gasto total acumulado real (valores a precios de diciembre 2010) del sector público fue de 1 billón 280 mil millones de pesos, contra el 1 billón 323 mil millones de pesos ejercidos en el mismo lapso de 2015. Esto representa una disminución real de 3.3 por ciento, equivalente a 42.8 mil millones de pesos reales.
El diferencial entre 2015 y 2016 supera ligeramente el gasto programable real empleado por la Secretaría de Salud (SS, 35 mil millones de pesos) en el mismo periodo, y es poco menos de la mitad de utilizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP, 90 mil millones de pesos), instituciones caracterizadas por sus carencias.
El “sobregiro” registrado por Hacienda en algunas dependencias, parcialmente compensado con el “subejercicio” de otras, arroja un gasto en exceso por 11.9 mil millones de pesos nominales en el primer trimestre, el cual, sin embargo, no pone en riesgo la política de austeridad y el ahorro previsto por la gestión empresarial del llamado “presupuesto base cero”. La desviación en la trayectoria del gasto puede corregirse fácilmente.
La SCT destaca por su sobregasto nominal de 51 por ciento, en 12.5 mil millones de pesos, el cual supera al sobregiro total señalado. Las que muestran un subejercicio son la Sagarpa (4.2 por ciento), tribunales agrarios (11 por ciento), Turismo (8.5 por ciento) y la Procuraduría General de la República (3.8 por ciento).
La reducción de los egresos públicos se debe fundamentalmente al control ejercido sobre el gasto programable real (dinero destinado al funcionamiento de las entidades estatales y las actividades que realizan). En el primer cuatrimestre éste fue menor en 4.3 por ciento con relación al aplicado en el mismo lapso de 2015. Cayó de 1 billón de pesos a 992 mil millones, en 51.3 mil millones de pesos.
La disciplina fiscal fue parcialmente afectada por el indisciplinado mercado financiero que se refleja en el gasto no programable, el cual incluye el costo de la deuda pública y el rescate bancario de la década de 1990. En el cuatrimestre el gasto no programable real se elevó 2.9 por ciento, de 279.2 mil millones de pesos a 287.7 mil millones, en 8.6 mil millones de pesos.
El costo real de la deuda se incrementó 16.6 por ciento, en 10.6 mil millones de pesos, de 64.1 mil millones a 74.7 mil millones de pesos; el pago de los intereses de los débitos públicos en 10.9 por ciento o 6.1 mmp, de 56 mil millones a 62 mil millones de pesos; el rescate bancario en 55 por ciento o 4.5 mil millones de pesos, de 8 mil millones a 12.5 mil millones.
El menor gasto programable se explica por la drástica caída de la inversión productiva real en 20 por ciento (de 231.9 mil millones a 186.7 mil millones, 45.2 mil millones de pesos menos), pues el gasto corriente real, su otro componente, apenas se redujo en 2.2 por ciento (de 785.8 mil millones a 769 mil millones, en 16.7 mil millones de pesos).
Este último incluye el pago de los servicios personales reales, entre ellos las remuneraciones al personal público, que sólo se redujo en 1.6 por ciento. Pero no todas observan esa situación. Las áreas de justicia, de relaciones exteriores y de seguridad nacional aumentaron dichos servicios en 4.6 por ciento, 14.1 por ciento y 0.8 por ciento, respectivamente. En cambio, disminuyeron en algunos sectores de seguridad social y desarrollo económico: protección ambiental, 6.8 por ciento; educación, 2.1 por ciento; agropecuario, 1.4 por ciento; energía, 6.9 por ciento; turismo, 9.5 por ciento.
Las dependencias cuyo gasto programable real se elevó son: SRE 16.4 por ciento, Semar 11.8 por ciento, Poder Judicial 8.4 por ciento, Sedena 3.2 por ciento, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 50 por ciento y SEP 7.6 por ciento.
Las entidades que disminuyeron su gasto en el cuatrimestre son: Segob 19.8 por ciento y PGR 1.9 por ciento; Economía 37.2 por ciento; las entidades bajo control presupuestario directo, 10.6 por ciento: Pemex 24.8 por ciento y la CFE 9.3 por ciento; SCT 25.1 por ciento, Semarnat 16.4 por ciento; Desarrollo Social 4.8 por ciento, SS 4 por ciento, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 0.8 por ciento.
Pero es necesario señalar un matiz adicional: con o sin recorte en su presupuesto, el dinero que se trasminará de la esfera administrativa de las dependencias (el gasto programable: quién gasta) hacia las tareas económicas, sociales y políticas que les corresponden (clasificación funcional del gasto: en qué se gasta), no reflejará el supuesto principio de “hacer más con menos” de la política fiscal, en épocas de austeridad.
En el primer cuatrimestre, el gasto programable real en las funciones de gobierno disminuyó 6.6 por ciento. En justicia retrocedió 1 por ciento, en seguridad nacional 0.3 por ciento y en asuntos de orden público y de seguridad interior 18.8 por ciento. Sólo aumentó en relaciones exteriores en 16.5 por ciento y en asuntos hacendarios 4.9 por ciento.
El gasto en desarrollo social apenas mejoró 1.5 por ciento, debido al aumento en educación (5.3 por ciento), vivienda y servicios a la comunidad (2.3 por ciento) y protección social (4.9 por ciento). Pero el gasto se desplomó en cultura (43.6 por ciento), protección ambiental (22.1 por ciento) y salud (4.6 por ciento).
Salvo en minería, manufacturas y construcción, de suyo marginal, el gasto en desarrollo económico decreció significativamente: 13.8 por ciento. Casi todos sus componentes muestran esa caída: comunicaciones (68 por ciento), asuntos económicos, comerciales y laborales en general (37.4 por ciento), turismo (21.5 por ciento), energía (14.1 por ciento), transporte (0.7 por ciento).
La combinación entre mayores ingresos públicos, sobre todo no petroleros y el recorte del gasto ha dado sus frutos. El balance público (el balance presupuestario más el de las entidades estatales bajo control presupuestal indirecto) pasó de un déficit nominal de 116 mmp en el primer cuatrimestre de 2015 a un superávit de 177 mmp en el mismo lapso de 2016. Si a éste se le excluye la llamada “inversión de alto impacto económico y social), su superávit aumentó de 60 mil millones de pesos.
El balance presupuestario (saldo entre los ingresos y egresos del gobierno federal y de las entidades paraestatales de control presupuestario directo) pasó de 122 mil millones de pesos a 163 mil en el periodo referido.
El balance primario del sector público (el balance público menos los intereses de la deuda) pasó de un saldo negativo de 42 mil millones a 265 mil millones de pesos. Pero como siempre ha ocurrido, los costos de la ortodoxia fiscal son sus efectos depresivos: recesión, estancamiento, desempleo, deterioro social, delincuencial y político.
Salvan finanzas a costa del desarrollo. Los desastrosos resultados electorales del partido en el poder hace unos días son, en parte, las consecuencias de los tres recortes del gasto programable: los 124.3 mil millones de pesos de enero de 2015; los 97 mil millones en el presupuesto original de 2016; los 132 mil millones de febrero de 2016. Aun así, ya se anunció el cuarto ajuste para 2017: 175.1 mil millones de pesos, a ver qué opina la dolida población.
Marcos Chávez M
[ANÁLISIS ECONÓMICO]
Contralínea 492 / del 13 al 18 de Junio 2016
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