Hace 12 años, en Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, fueron asesinados de manera inhumana tres indígenas y su homicida –Freddy Eucario Morales, expresidente municipal– podría quedar en libertad, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (Cedaphi).
La organización recordó que Melesio fue “descarnado” en la mitad de su cuerpo: fémur y tibia quedaron expuestos por completo. Gustavo, calcinado vivo en el interior de su vehículo; de él sólo quedaron algunos huesos quemados, mezclados con las partes de su auto. E Inocencio, ejecutado con un balazo en la cabeza.
El Cedaphi informó que Freddy Eucario Morales podría obtener su libertad bajo el argumento de que el agente del Ministerio Público que realizó la investigación de los homicidios, ocurridos el 30 de abril de 2008, “no reunía los requisitos para serlo pues era pasante de la licenciatura en derecho”.
Y citó información de la Fiscalía General del Estado (FGE) que refiere que Antonio E Martínez Pérez “no tenía el título de licenciado en derecho y por tanto resultan sin validez las diligencias de la averiguación previa recabadas en 2008. A pesar del nombramiento que le dio el entonces procurador General, Evencio Nicolás Martínez, para fungir como agente del Ministerio Público en cientos de investigaciones de averiguación previa en Tlaxiaco”.
Ante esta circunstancia, el Cedaphi –a cargo del defensor de derechos humanos Maurilio Santiago Reyes– indicó que la FGE “no ha solicitado diligencia alguna para convalidar o subsanar las actuaciones en la averiguación previa, mostrándose complaciente con lo solicitado por el principal asesino de la masacre en Ixcatlán y dejando en total indefensión a quienes en todo esto siguen siendo los más débiles: las víctimas, quienes claman justicia.
“Esta omisión de la Fiscalía tiene un motivo: dejar en libertad al asesino Freddy Eucario Morales Arias para que opere la venta de las tierras comunales de Santo Domingo Ixcatlán a favor de Chalcatongo de Hidalgo, por la cantidad de 150 millones de pesos, que será otorgado por el programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (operado por la Secretaría de la Reforma Agraria).
“Esto debido a los múltiples intentos fallidos del estado, a través de la familia Morales Arias, de concretar la amañada venta de los terrenos comunales a favor de Chalcatongo de Hidalgo. En todo ello es innegable la responsabilidad, incluso penal, de funcionarios del Estado mexicano a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les ha solicitado el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.”
El Cedaphi junto con los familiares de las víctimas solicitarán a la CIDH ordene al Estado mexicano “adopte medidas provisionales para evitar daños irreparables en contra de las víctimas y realice una investigación al gobierno del estado y federal por la complicidad en estos hechos”.
El 19 de mayo de 2008, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 60 familiares y amigos de las tres víctimas y de los testigos, bajo el folio MC-113-08 México. Tres meses después, el 6 de agosto, la misma CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 117 personas más.
