Érika Ramírez
Monsanto, la empresa más importante en la generación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el mundo, acapara los permisos de siembra de transgénicos en México, con más de 5 millones de hectáreas, de las 15 millones 372 mil 864 en las que se permite la siembra de transgénicos.
Es a través de 831 permisos, otorgados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences, PHI y Syngenta siembran transgénicos en territorio nacional.
En octubre pasado, Monsanto fue llevada a juicio en La Haya, Holanda, donde defensores del medio ambiente y derechos humanos, científicos, abogados, campesinos, apicultores e integrantes de la sociedad civil de diversos países se dieron cita para denunciar las afectaciones que ha dejado la estadunidense en su entorno.
El dictamen, que se dará el próximo 10 de diciembre, se basa en la acusación de que “el modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores”; además de vulnerar la soberanía alimentaria de los países en los que está presente, informó el diario argentino La Capital.
Claudia Gómez Godoy, abogada ganadora de la Medalla Emilio Krieger 2016 por su trabajo de defensoría de los derechos humanos, fue una de las ponentes en el tribunal internacional.
En su discurso, Gómez Godoy dijo: que la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado los principios rectores que consagran la responsabilidad de las empresas y los derechos humanos; estos principios, si bien no tienen un carácter vinculante, sí están obligadas a cumplirlos, porque se vinculan con otros tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Convenios Internacionales del Trabajo y la Convención Nacional y la Convención sobre diversidad Biológica, entre otros.
“Los principios rectores se centran en tres pilares fundamentales; el primero, es deber del Estado de proteger los derechos humanos; el segundo, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y, el tercero, mejorar el acceso de las vías de reparación de las víctimas en abusos relacionados con las empresas, estos tres pilares se estructuran bajo el marco de proteger, respetar y remediar”, expuso.
En el caso de la empresa Monsanto, dice la abogada y defensora de derechos humanos, de acuerdo con los principios se indica que las empresas deben abstenerse de infringir los derechos humanos por ellos o por terceros y hacer frente a las consecuencias negativas; deben evitar a toda costa violar derechos humanos y deben prevenir y mitigar las consecuencias negativas en los derechos humanos de sus operaciones, de sus productos y de sus servicios. Para eso, las empresas deben hacer tres cosas: un compromiso político, una diligencia de vida y la tercera reparar las consecuencias negativas cuando violen derechos humanos.
Monsanto “tiene que hacer una evaluación del impacto real de sus actividades, para ello, debe consultar con expertos pero también con las víctimas; es muy importante que involucren a los pueblos afectados, algo que no ha sucedido”, comentó Gómez Godoy.
Es en 2005, bajo la administración panista Vicente Fox Quesada, cuando se inicia el registro de 54 solicitudes para liberar al ambiente organismos genéticamente modificados dentro del territorio nacional, a través del documento Solicitudesde Permisos de Liberación al Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados – 2005, del Senasica.
Un año antes de que concluyera el mandato de Fox, identificado como un régimen de derecha que beneficia principalmente al sector empresarial, las trasnacionales Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences, PHI y Syngenta mostraron su interés para la siembra de algodón, soya, alfalfa y maíz.
Con el transcurrir de los 2 sexenios panistas y los cuatro años de Enrique Peña Nieto, se alcanzaron los 831 permisos para sembrar transgénicos y con ellos también aumentó el rechazo de organizaciones campesinas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos y científicos, que han llegado hasta el tribunal de La Haya.
Documentos oficiales indican que la empresa originaria ha marcado presencia en 25 estados de la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Otras trasnacionales han entrado al territorio mexicano, según documenta el Senasica, no obstante, se observa que las mismas empresas utilizan las patentes de Monsanto. Ejemplo de ello: MON-88913-8 x MON-15985-7, resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato, utilizada por Bayer.
Actualmente, Monsanto tiene permiso para sembrar sobre 5 millones 552 mil 584 hectáreas, correspondientes a 268 solicitudes tramitadas ante las autoridades mexicanas. Los registros utilizados son Monsanto Comercial y Semillas y Agroproductos Monsanto. Otras 85 solicitudes que corresponden a esta compañía no tienen el registro de las hectáreas que afectan.
Entre los espacios cercanos a la influencia de Monsanto se encuentra el municipio de Bacalar, en Quintana Roo, donde los campesinos (milperos) se han organizado legal y activamente para evitar que Monsanto dañe sus tierras.
Armando May, originario del municipio de Bacalar, es uno de los que han llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición de que Monsanto salga del territorio. “Hay un gran problema en nuestro territorio, porque sabemos que donde llegan los transgénicos hay riesgo de deforestación y contaminación del agua, de la salud, del medio ambiente y la alimentación”, dice el campesino representante de la organización Colectivo de Semillas, dedicada a la protección de semillas nativas de México.
José Manuel de Jesús Puc es milpero, y para él no hay mejor argumento para presentarse ante la SCJN que la defensa del territorio, “se detectó que hay siembra de semillas transgénicas. Nosotros estamos en contra de ese permiso otorgado a Monsanto, por lo que demandamos a través de un juicio de amparo la suspensión”.
El permiso fue otorgado a Monsanto en 2012, sin que los lugareños supieran de él. Fue dos años más tarde que se enteraron de que Senasica había permitido la entrada de Monsanto a la zona. “Estamos defendiendo el territorio; en el municipio de Bacalar hay 57 comunidades, casi todas indígenas, hablantes mayas. Algo muy grave es que mucha gente de las comunidades no conocemos lo que son los derechos que hay en Constitución, y por eso las empresas entran a nuestras tierras sin pedir permiso”, comenta.
—¿Cómo vive la gente en Bacalar?
—La gente trabaja la milpa, somos campesinos, milperos, apicultores. Trabajamos la milpa tradicionalmente, cuando vemos que la tierra ya se cansó, la dejamos descansar. Con la entrada de los transgénicos hay devastación. Nosotros, no usamos pesticidas porque la madre tierra tiene mucha fertilidad, con eso es suficiente para que se desarrolle el cultivo del maíz y para que tenga otros nutrientes. También sembramos frijol, calabaza, yuca, camote, sandía criolla. Así se vive, se come sanamente. Lo que nos está afectando es la entrada de algo que no es nuestro.
Para llevar el amparo ante el máximo tribunal de justicia del país, Raymundo Espinoza, colaborador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y de la Red en Defensa del Maíz, comenta que el otorgamiento de este tipo de permisos tiene como fundamento la Ley de Bioseguridad. En ella, añade, hay un momento en donde las comunidades pueden participar, pero esa participación es ficticia porque no tienen ningún efecto. “La gente participó y no pasó nada”, dice.
En segundo lugar, comenta el abogado, las autoridades municipales y del estado, “muy poco tienen que ver, porque no es un asunto de su competencia, ellos podrían, si tuviesen la convicción de oponerse, hacer gestiones para una declaración de la zona como libre de transgénicos; sin embargo, lamentablemente ni los políticos en campaña ni los que participan en la región lo han hecho, no han tenido esa voluntad.
“Todo el trabajo de oposición a este tipo de proyectos lo han tenido que realizar las comunidades, con trabajo de información, concientización, organización, y una de las vertientes del trabajo han sido las jurídicas; lo que procedía en este caso era una demanda de amparo”, expone el abogado de los campesinos de Bacalar.
Otro de los argumentos que se ha presentado para la solicitud de amparo es el científico. Emmanuel González Ortega, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta que son varias afectaciones que provocan los transgénicos, a partir de riesgos que están ya documentados científicamente.
“Son riesgos en distintas etapas y alcances, desde la modificación de las plantas para hacerlas transgénicas; con la misma transformación de las plantas está comprobado que puede ser potencialmente generadora o productora de algunas otras proteínas que pueden causar alergias, desde leves hasta fulminantes. Esto depende de la persona a la que se haya expuesto y la cantidad. Luego, en un sentido más amplio a nivel agroecológico, con la interacción de las plantas transgénicas y el resto de plantas o cultivos. Incluso, el medio que se encuentre en la proximidad”, expone el colaborador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Además de estar evidenciada ante el tribunal de La Haya, Monsanto ha sido acusada ante funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas que vinieron a México para constatar la violación de derechos humanos por parte de empresas mexicanas y trasnacionales.
El informe México: Empresas y derechos humanos documenta que Monsanto ha afectado a los apicultores mayas en Campeche y Yucatán. Los abusos documentados en el informe son a los derechos indígenas, a un medio ambiente sano, al agua, a la tierra y el territorio, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, a la salud y al acceso a la información.
También menciona el caso de la contaminación transgénica del maíz en México, considerado centro de origen y diversificación constante de este cereal, por la importación de granos y semillas sin cumplir con recomendaciones. Los abusos en este apartado son: a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, al acceso a la información, a la participación.
En medio del activismo social en contra de esta trasnacional, Monsanto lleva a cabo campañas y seminarios para promover su entrada y permanencia en territorio nacional.
Convencido de los “beneficios” que genera la empresa a la que representa, Manuel Bravo, presidente y director general de Monsanto Latinoamérica Norte, dice que la estadunidense pretende contribuir a la “autosuficiencia alimentaria” de México y que los más pobres –que se encuentran principalmente en el medio rural– tengan acceso a la tecnología que ofrece.
De los juicios promovidos contra de Monsanto, su representante comenta: “Nos hubiera gustado tener un lugar en el juicio que se llevó en La Haya, para poder demostrar de manera científica que no es verdad lo que se ha mencionado en nuestra contra; pero eso ya era cosa juzgada por la sociedad civil.
“Nosotros hicimos una carta abierta de lo que pensábamos, en el sentido de la importancia de la ciencia, de basarnos en datos y no en mitos o un juicio totalmente sesgado, no se nos llamó para estar presentes; aun cuando estamos abiertos al diálogo. Hicimos nuestra carta y dejamos que ellos jugaran su juego”.
Respecto a la información que han recibido los funcionarios de la ONU sobre la violación de derechos humanos por parte de la multinacionales, Bravo que ni la ONU ni la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] han hecho ningún indicativo en ese sentido, en general esos organismos internacionales serios son con los que normalmente tenemos un diálogo muy continuo y enriquecedor, y compartimos objetivos similares en términos de alimentación y nutrición.
El representante de Monsanto comenta en el marco del seminario Retos y Realidades de la Agricultura en México: “Probablemente pudimos hacer un mejor trabajo hablándole a todos aquellos que no son agricultores y que están más adelante en la cadena, llámese aquellos que se van a comer la tortilla que viene del maíz, que viene de la harina, del productor, cuatro pasos adelante; ahí debimos hacer un mejor trabajo, ya que había ciertos intereses que no comulgaban con nuestra tecnología.
“México especialmente es más retador porque es centro de origen de maíz y de algodón, pero también hay muchos estudios que nos muestran que el lanzamiento de estas variedades lo que hace es aumentar la biodiversidad, además de ser una tecnología que vas a utilizar más por aquellos productores que siembran híbridos, hoy se siembran 8 millones de hectáreas de maíz en México; después de 80 años que se lanzaron los híbridos en México, únicamente el 25 por ciento de los agricultores mexicanos usan híbridos, el otro 75 sigue usando sus criollos y sus variedades, no va a ser diferente con estas tecnologías; además de que todas las razas están perfectamente resguardadas en bancos de semillas en el país como en el extranjero.
“El caso de la soya es similar, es el enfrentamiento entre la realidad científica y los mitos, empezó por un mito en el que la miel contenía polen de soya transgénica y no se podía vender en Alemania, falso, todo. La etiqueta de la miel permite hasta el 1 por ciento del polen porque es un componente, no es un ingrediente y por las condiciones, la miel no puede tener más del 0.5 por ciento; entonces, nunca se va a tener que etiquetar el polen, nunca ningún comercializador alemán detuvo ningún embarque de miel mexicana.
“La Universidad Autónoma de Yucatán hizo un estudio y se dio cuenta que no hay forma que la miel de la Península tenga polen de soya, porque los tiempos son distintos, la recolección de miel de las abejas se hace de enero a mayo y en junio se siembra la soya; entonces, el polen de la soya se genera en agosto-septiembre, que es en época de lluvia y que la abeja no sale a recolectar porque se desbalancea. Cuando le pones ciencia a los mitos los puedes explicar, el problema es que este año se suspendieron los permisos y dejamos a mil agricultores que viven de eso y 8 mil familias que viven de la soya, sin sustento. Ahí es cuando el mito trasgrede a lo económico de las familias y las personas”.
Érika Ramírez
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